¿Qué tan eficiente será el sistema de justicia hondureño para hacer frente a la extendida corrupción?, ¿podrá realizar investigaciones efectivas y oportunas?, ¿Podrá llevar a los señalados a los tribunales de justicia y aplicar condenas ejemplares, en caso de ser encontrados culpables?
Estas interrogantes se ponen en la mesa de discusión en un documento de análisis que de forma virtual presentó a la opinión pública el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), en sus redes sociales y en su página web www.cespad.org.hn
Debido a la crisis y las medidas que se han generado con el Covid-19, entre las que sobresalen permanecer en casa, nuestro Centro de pensamiento pone a disposición el documento de análisis intitulado: ¿Qué lecciones dejó la MACCIH? Perspectivas actuales y probables escenarios en la lucha anti-corrupción en Honduras.
En el análisis y a manera de introducción, el CESPAD retoma, en corto, como la sociedad hondureña desde una perspectiva optimista asumió que la impunidad en el país por fin iba a tener un dique de contención y que sería el inicio de un proceso hacia la independencia del sistema de justicia, con la llegada de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH). Sin embargo, la experiencia de la MACCIH duró poco tiempo porque el 17 de enero del 2020, la Misión fue cancelada por una decisión emanada desde la presidencia de la República de Honduras.
El documento destaca que como consecuencia de los requerimientos fiscales presentados por el binomio UFECIC-MACCIH, han sido llevados a la justicia ex funcionarios y funcionarios del Estado, actuales diputados del Congreso Nacional, una ex-primera dama de la nación y personas particulares (algunos de ellos empresarios). Es decir, se destacan los 12 casos de investigación y persecución penal ejecutados por la UFECIC, con el apoyo de la MACCIH.
Los bloqueos
En el análisis del tema es inaplazable mencionar los continuos bloqueos (legales y extra-legales) a las acciones de la MACCIH, que realizó la élite gobernante en Honduras, así como la decisión de dar fin a su mandato, al tenor de la develación de las redes público-privadas que hacen posible judicializar a actores poderosos intocables.
El documento analiza la embestida que sufrió la Misión por parte de la clase política del país, afincada en su mayoría en el Congreso Nacional, y pone en perspectiva los probables escenarios en la lucha contra la corrupción que le espera a las y los hondureños, particularmente luego de que la MACCIH fuese desmantelada.
Los escenarios
En su análisis el CESPAD esboza tres escenarios: Primer escenario, que la institucionalidad hondureña asuma su responsabilidad de combatir la corrupción. Segundo escenario, que emerja un nuevo movimiento ciudadano anticorrupción y se instale de nuevo una misión internacional contra la corrupción, similar a la MACCIH o la CICIG. Tercer escenario, que se consolide el retroceso en la lucha contra la corrupción.
Para que el Primer Escenario se concrete, el CESPAD plantea que la institucionalidad hondureña deberá asumir el desafío de la lucha contra la corrupción, especialmente el Ministerio Público y la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO). Pero para que este escenario se concrete, el CESPAD analiza, a la vez, algunos escenarios internos que se desglosan en el documento.
En el Segundo Escenario el CESPAD plantea el surgimiento de un nuevo movimiento ciudadano contra la corrupción, que logra instalar una nueva una misión internacional. Al igual que el primer escenario, se analizan los factores que deberán existir para concretarse.
Finalmente, nuestro Centro de penamiento en un Escenario Tercero valora la consolidación del retroceso de la lucha contra la corrupción. Es decir, las redes de corrupción e impunidad siguen activas, mantienen capturado el Estado y la corrupción e impunidad crecen de manera mucho más acelerada. “Desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción y la impunidad, este es el escenario menos deseable pero lamentablemente tiene algunas probabilidades que, en buena medida, dependerán del futuro de UFERCO, el papel de la comunidad internacional, de la sociedad civil y de la ciudadanía en general”, dice el análisis del CESPAD.
Los desafíos para la sociedad civil
Como aporte a la lucha contra la corrupción en Honduras y a manera de lineamientos de trabajo, el CESPAD advierte que la lucha post MACCIH-UFECIC contra la corrupción y la impunidad, se desarrolla en un nuevo contexto mucho más adverso, tomando en cuenta que el Gobierno de Juan Orlando Hernández al no renovar el convenio con la OEA para la continuidad de la MACCIH en el país, cerró un ciclo de “blindaje” de las redes de corrupción e impunidad para no ser alcanzados por el brazo de la justicia.
Se trata de un contexto adverso que incluye: un sistema político tradicional y clientelar que, por la forma en como ejerce el poder, produce y reproduce la corrupción y la impunidad; un marco jurídico favorable a la corrupción y la impunidad, y adverso a la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción; actores de la sociedad hondureña poco comprometidos y poco activos en la lucha contra la corrupción y una ciudadanía (la hondureña), que de manera lenta pero sistemática, ha venido asumiendo la corrupción como uno de los principales problemas del país, pero, que pese a ello, se requieren mayores niveles de participación y movilización.
En ese sentido, el CESPAD advierte que ese contexto adverso impone a las organizaciones sociales comprometidas con la lucha anticorrupción, la construcción de una Plataforma de Organizaciones para que asuman en el nuevo contexto post MACCIH-UFECIC, la continuidad de la lucha anticorrupción. También el seguimiento y vigilancia a los casos de corrupción que judicializó la MACCIH-UFECIC y que todavía se encuentran en proceso judicial.
El documento plantea otras sugerencias a la sociedad civil, pero destaca el apoyo a la institucionalidad que se construyó durante la vigencia de la MACCIH, al igual que un urgente cambio en la selección de puestos claves dentro del Estado como el de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto; Magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, Procurador General y Subprocurador de la República, Comisionados de la Ley de Política Limpia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública.
Vea documento completo: InformeFinal – MACCIHCESPAD
