Escrito por José A. Ochoa M, especialista en desarrollo local y políticas públicas
El presente texto defiende la idea de que la desconcentración, la participación ciudadana y la equidad de género son parte de los mayores retos para hacer efectiva la fiscalización del financiamiento político en América Latina.
En todos los países latinoamericanos se cuenta, a la fecha, con una legislación e institucionalidad mínima para fiscalizar los recursos que se utilizan en la política. Pero, igualmente, hay una generalizada valoración de que esas normas e instituciones no funcionan, de manera eficaz, para disuadir y sancionar las infracciones, ni mucho menos, para combatir la utilización de dinero ilícito en campañas electorales.
De allí que uno de los mayores retos, en tal sentido, sea avanzar en la modernización de la gestión del órgano fiscalizador con una mayor participación ciudadana, en lo que se podría denominar una especie de territorialización de la fiscalización del financiamiento político. Siguiendo esta idea, el desafío se concretaría en desconcentrar las tareas fiscalizadoras a nivel de regiones, estados, departamentos o municipios, según sea la división político-administrativa.
Eso implica que, en ese ámbito territorial, sería necesario dotar a las entidades públicas de los suficientes recursos humanos, materiales y económicos para aplicar las normativas relacionadas con el financiamiento político, con cierta autonomía en la toma de decisiones para no depender de las autoridades centrales.
En esa misma línea, incrementar la participación de la ciudadanía organizada en las tareas de fiscalización y control es cada día más uno de los mayores desafíos, pues la experiencia en buena parte de los países de América Latina es que las instituciones por sí solas no son suficientes para garantizar que el financiamiento político sea en condiciones de integridad, equidad y probidad.
Por ello, las redes ciudadanas, las organizaciones de base y las empresas de comunicación social, que ya existen a nivel subnacional, son aliadas estratégicas para que se fomente una cultura de financiación política con transparencia.
Especial mención tiene un aspecto descuidado en Latinoamérica: la participación de las mujeres en condiciones de equidad respecto de los hombres, la cual presenta el reto de introducir y vigilar por la implementación real de medidas de acción afirmativa, para que la mujer tenga acceso a financiamiento público y privado con el fin de optar a cargos de elección popular.
La democracia paritaria es un desafío para todos los actores, tanto públicos como privados, por lo cual no sólo la institucionalidad, sino que los financiadores privados, los medios de comunicación y la sociedad civil organizada deben lograr un consenso para reducir las brechas entre mujeres y hombres, que aún persisten respecto de su participación política en general y la financiación en particular.
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