Escrito por Eugenio Sosa, analista senior del CESPAD
El 30 de enero de 2020, Leonel Luciano Sauceda Guifarro fue ascendido a Comisionado General de Policía por el Congreso Nacional. Hasta entonces, Sauceda Guifarro con 32 años de servicio se presentaba ante la sociedad hondureña como un servidor público ejemplar dentro de la Policía Nacional. En su fructífera trayectoria Sauceda Guifarro se desempeñó como vocero de la Secretaria de Seguridad, vocero de la Policía Nacional, Director de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), Comandante de la Jefatura Metropolitana en San Pedro Sula, Comandante de la Jefatura Metropolitana de Tegucigalpa, Director Nacional de Vialidad y Transporte (Tránsito) y Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional.
El 11 de febrero el Ministerio Público informó a la sociedad hondureña, que “en un esfuerzo más por hacer frente al flagelo la corrupción y su infiltración en los entes de seguridad, el Ministerio Público ejecuta este martes la captura del Comisionado General de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, así como su esposa, Patricia Sbeltiana Estadra Pacheco, acusados del delito de lavado de activos[1]”. Según el Ministerio Público Sauceda Guifarro en un periodo de 11 años, del 2006 al 2017, no ha podido justificar casi 14 millones de lempiras, lo que incluye movimiento en trece cuentas de bancos a su nombre.
Por su parte, su esposa Estrada Pacheco no justificó cerca de tres millones de lempiras, luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse el origen del dinero, ya que la señora no poseía un empleo, negocio o préstamos que le generara algún tipo de ingresos[2]. “El Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó auto de formal procesamiento, con la medida de Prisión Preventiva contra el Comisionado General de la Policía Nacional Leonel Luciano Sauceda Guifarro y su esposa Patricia Estrada Pacheco, por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras”[3]. Este hecho, no puede mirarse como un hecho aislado y “dejarlo pasar como si nada hubiese pasado”.
Una vez conocida la captura de Sauceda Guifarro, se produjeron dos lecturas contrapuestas. La primera, implica asumir el hecho como la evidencia de que el Ministerio Público está cumpliendo con su trabajo y que el proceso de la depuración policial también está funcionando. La segunda lectura empieza por hacerse las preguntas siguientes: ¿cómo es posible que el Congreso Nacional realice ascensos a militares y policías sin las investigaciones necesarias?, ¿cómo explica la Comisión Depuradora que haya trabajado varios meses de cerca con Sauceda Guifarro sin tener indicios de sus supuestas implicaciones en delitos como lavado de activos?
La mayoría de instituciones responsables adujeron no conocer la situación de Sauceda Guifarro. José Juan Pineda Varela, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), expresó que el TSC nunca conoció el caso del Comisionado Sauceda, porque de la Secretaria de Seguridad nunca enviaron el expediente[4]. Mientras que Jorge Galindo Portavoz de la ATIC, dijo que desde hacía cuatro años, o sea desde el 2016, investigaban al Comisionado Sauceda[5].
Sauceda Guifarro aparecía como un hombre cercano a la Comisión Depuradora, ¿qué pasó con esta Comisión Especial de Depuración y Transformación? La Comisión Depuradora de la Policía Nacional fue creada mediante Decreto número 34,003 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de abril de 2016. A la Comisión Especial en el Proceso de Depuración se le asignaron las atribuciones siguientes:
- Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial;
- Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados;
- Remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un delito; y
- Rendir informe cada tres meses (3) al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración (artículo 4)[6].
Una evaluación realizada por el Wilson Center de los Estados Unidos de América, examinó a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, destaca la evaluación de idoneidad que se realizó, entre los años 2016 y 2019, a más de 13 mil 500 miembros de la carrera policial y que permitió excluir del servicio público a cerca de 6 mil oficiales y agentes por diversos motivos, entre los que se destacan la reestructuración, el retiro voluntario y el despido por justa causa que incluye la comisión de faltas muy graves y delitos. El autor de la evaluación sostiene que el proceso de depuración policial permitió eliminar de la institución muchos elementos corruptos y criminales. La Comisión entregó a las autoridades del Ministerio Público (MP), más de dos mil expedientes completos y denuncias ciudadanas, los cuales arrojan indicios de supuesta responsabilidad penal de oficiales de diferentes grados, agentes de escala básica y personal auxiliar de la Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Seguridad[7].
Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora, ha insistido de que ellos no son responsables de la investigación criminal[8], lo cual es comprensible. Pero el asunto se complejiza cuando en otras ocasiones han reiterado que los que fueron depurados fue por no idoneidad o por supuesta participación en ilícitos. Entonces, si la Comisión Depuradora no investiga o no tiene acceso a investigaciones, cómo llega a determinar quiénes estaban involucrados en actividades ilícitas. Lo anterior lleva a que de los más de seis mil policías depurados no se sabe cuántos ni quienes fueron retirados de la institución por participación en actividades criminales. Así las cosas, todos los policías depurados han sido “lanzados a la sociedad”, ante lo cual surge otra interrogante. ¿Qué pasa con policías depurados por involucramiento en actividades criminales, a qué se dedican ahora, qué siguen haciendo?
En el estudio del Wilson Center se reconoce que durante el proceso de depuración, han ido surgiendo una serie de interrogantes, tanto de analistas nacionales como extranjeros, que no son de fácil respuesta, como las siguientes:
- ¿Qué tan completa fue la depuración, especialmente dada la velocidad con la que se llevó a cabo en las etapas iniciales?
- ¿Se retiró a la gente de la fuerza policial por razones políticas en lugar de su complicidad en actividades ilícitas o debido a deficiencias personales y o profesionales? A la inversa, ¿se dejó a la gente en la fuerza policial por motivos políticos cuando deberían haber sido eliminados?
- ¿Qué ha hecho el sistema judicial hondureño con los oficiales depurados sospechosos de actos o asociaciones criminales?
- ¿Cómo ha tratado el sistema judicial hondureño las apelaciones presentadas por los oficiales que deseaban disputar las razones de su despido en el tribunal? [9]
De manera más específica, han estado en el ambiente otro tipo de preguntas, como las siguientes:
- ¿Qué ha hecho el Ministerio Público con los dos mil expedientes que le remitió la Comisión Depuradora para su investigación?
- ¿Hasta qué grado la creación y potenciamiento de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) simultáneo a la depuración de la Policía Nacional de Honduras, implica un debilitamiento de ésta última y la consolidación de la re-militarización de la seguridad ciudadana?
- ¿Cuántos policías de medio y alto rango involucrados o con vínculos con el crimen organizado, tipo el Comisionado General Sauceda Guifarro, quedan en la Policía Nacional de Honduras?
Uno de los hallazgos relevantes del estudio del Wilson Center, es el papel que ha tenido los Estados Unidos en el proceso de depuración policial. En el informe se afirma que, según una fuente de la Comisión, la embajada de los Estados Unidos proporcionó información sobre aproximadamente el 20% del cuerpo de oficiales que estaba siendo investigado. “La información obtenida del gobierno de los Estados Unidos fue clave para las recomendaciones de los Comisionados en aproximadamente la mitad de los casos de oficiales acusados de colaboración con el crimen organizado”[10]. La paradoja, es que estos hallazgos del gobierno estadounidense están en línea con las denuncias de diferentes de la ciudadanía contra Juan Orlando Hernández, uno de los principales aliados del gobierno estadounidense en el “Triángulo Norte”.
La importancia que se le da a la participación del gobierno de los Estados Unidos en la reforma policial, es tal que el autor del informe del Wilson Center, David Dye, sostiene que un escenario pesimista es que las elecciones del 2021 las gane un líder político que confronte los intereses de los Estados Unidos. David Dye sostiene, “en un escenario a más largo plazo, la dependencia del progreso de la reforma policial con respecto del apoyo y la asistencia de los Estados Unidos podría ser una fuente de vulnerabilidad. El escenario que más amenaza la continuidad en la actual reforma de la Policía Nacional hondureña es uno en el que un líder político gana poder en las elecciones de 2021, lo que coloca a Honduras en un curso de confrontación con los intereses de los Estados Unidos en la región. En ese caso, es fácil imaginar que los lazos de la policía hondureña con los Estados Unidos están atenuados o cortados. Además, tal líder podría designar a un ministro de seguridad determinado a ejercer sus poderes sobre la policía de manera descarada políticamente, un capricho que se vería facilitado por las prerrogativas contenidas en la ley orgánica conjunta del 2017. Usando esos poderes hasta el tope, un nuevo ministro podría destituir a los comandantes de la división de la Policía Nacional Hondureña a su voluntad, y poner a quien quisiera en su lugar y manipular las promociones para recompensar la lealtad a el mismo y al nuevo gobierno”[11].
Finalmente, es importante señalar que una de las críticas fuertes a la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional Hondureña, es que se ha quedado en el nivel de depuración, pero que no hay un trabajo estratégico en la línea de reformar y transformar la institución policial, para que la sociedad hondureña pueda contar con una nueva Policía Nacional. Es decir, que se ha estado en un proceso de depuración sin reforma profunda y sin transformación.
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[1] Informativo del Ministerio Público, MP captura y asegura 33 bienes a Comisionado General de Policía, martes 11 de febrero de 2020.
[2] Informativo del Ministerio Público, MP captura y asegura 33 bienes a Comisionado General de Policía, martes 11 de febrero de 2020.
[3] Poder Judicial de Honduras, Dirección de Comunicación Interinstitucional. Juzgado con Jurisdicción Nacional dicta Auto de Formal Procesamiento para Comisionado General Leonel Sauceda y su esposa, Boletín de prensa, 14 de febrero 2020.
[4] https://www.youtube.com/watch?v=6K7yln2CBXc (Consultado el 25 de febrero de 2020).
[5] https://www.latribuna.hn/2020/02/11/atic-investigaba-patrimonio-de-sauceda-desde-2016-video/ (Consultado el 26 de febrero de 2020).
[6] Decreto número 34,003 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de abril de 2016.
[7] http://asjhonduras.com/webhn/tag/comision-depuradora-de-la-policia-nacional/ (Consultado el 26 de febrero de 2020).
[8] https://www.elheraldo.hn/inspectoreh/1359113-504/omar-rivera-no-se-obstaculiz%C3%B3-ascenso-de-sauceda-porque-no-exist%C3%ADa-reparo (Consultado el 27 de febrero 2020).
[9] Wilson Center, Latin American Program. Reforma Policial en Honduras. El papel de la Comisión Especial de Depuración y Transformación, 2019.
[10] Wilson Center, Latin American Program. Reforma Policial en Honduras. El papel de la Comisión Especial de Depuración y Transformación, 2019, página 22.
[11] Wilson Center, Latin American Program. Reforma Policial en Honduras. El papel de la Comisión Especial de Depuración y Transformación, 2019, página 56.
