Escrito por Asís Castellanos, analista del CESPAD
Conocer en qué forma disputa y utiliza el poder estatal la élite política hondureña, así como qué instituciones intervienen, es clave para comprender cómo se sostienen las relaciones de poder político y, por tanto, las desigualdades económicas y políticas en la población hondureña. Justamente, el estudio del sistema político[i] permite entender el entramado del poder político que en países como Honduras no responden a los intereses de las grandes mayorías populares.
En las democracias, los partidos políticos y la institucionalidad electoral son fundamentales, aunque no únicos, para el entendimiento de la forma en cómo funciona un sistema político. En ese sentido, tomando en cuenta las categorías que utilizó la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para valorar el sistema político guatemalteco, a continuación, se discuten algunas líneas de análisis aplicadas al sistema político hondureño[ii]. El conjunto del ordenamiento político[iii] hondureño es un modelo de falla permanente entre legalidad y legitimidad, y a veces de ambas. Las élites políticas hondureñas tienden a defender a ultranza la «legalidad» de sus acciones políticas, aunque sean ilegales. Son ejemplos claros el golpe de Estado de 2009 y la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández.
Un sistema cerrado de partidos
Sí la fluidez de un sistema de partidos se explica en función a los cambios en los partidos que postulan candidatos en cada proceso electoral, se puede entender un sistema cerrado como aquel que presenta poco o nulos cambios de una elección a otra. Honduras, a nivel centroamericano, se ha caracterizado, desde el inicio de la transición democrática[iv], por su hermético sistema de partidos[v].
Durante el proceso de elecciones del periodo 1980-1994, participaron cuatro partidos y a partir de 1997 a la oferta electoral se incorporó un partido más, al Partido Unificación Democrática (PUD). Este sistema organizado en cinco partidos perduró hasta las elecciones generales de 2009; año del golpe de Estado. En el contexto pos-golpe surgieron nuevas fuerzas político electorales, siendo la más relevante el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Pero más allá de haber una oferta electoral amplia o reducida es importante considerar los contextos sociopolíticos en que surgen y son incorporados estos partidos, es decir legalizados e inscritos, el rol que juegan en el sistema político y a qué intereses económicos responden.
Hay tres factores que ayudan a explicar, en parte, el sistema cerrado de partidos hondureño: el diseño institucional que se expresa en las reformas político electoral, la cultura política y la acción de los grupos de poder económico.
En relación a las reformas político electorales, el sistema político hondureño se ha caracterizado por el monopolio que tienen los partidos políticos tradicionales sobre la representación política. Históricamente ha restringido el acceso para que los/as ciudadanos/as puedan ser electos en cargos de elección popular[vi]. A pesar que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en su artículo 5, define que los partidos políticos, las alianzas y las candidaturas independientes son los medios para la participación política de los/las ciudadanos/as. En la práctica, no ha sido posible que un ciudadano/a aspire a ser electo — a nivel de alcaldía, diputación o presidencia — al margen de los partidos políticos. El mecanismo para constituir legalmente un partido político es relativamente sencillo; sin embargo, su inscripción para competir en la contienda político-electoral es más complicada[vii].
En Honduras, las acciones de los partidos políticos en gobierno han expresado de forma persistente una cultura política de tradición autoritaria. Esta es una cultura política que ha perdurado y evolucionado a través del bipartidismo que guarda herencias del autoritarismo cariísta — como el centralismo autoritario y el sometimiento del partido al caudillo. Por otro lado, el bipartidismo se vio obligado a realizar cambios internos en sus prácticas producto de la transición política de finales del decenio de 1970, que implicó el paso de gobiernos militares a gobiernos civiles.
Sin embargo, durante estas últimas tres décadas de procesos electorales se ha profundizado la relación del bipartidismo hacia el Estado como botín, la concentración no solo del poder político, sino que, de bienes y riquezas, y la formación de redes complejas de corrupción y narcotráfico. Además de un rol mucho más público de las jerarquías religiosas católicas y protestantes que amenazan el principio de laicidad del Estado.
También, y no menos importante, el bipartidismo ha ido reduciendo sus diferencias político-ideológico y han unificado posiciones y prácticas[viii]. Esta yuxtaposición entre lo viejo y lo nuevo ha propiciado que los partidos políticos tradicionales estén enraizados en la tradición caudillo-clientela, factor que articula el activismo partidario contemporáneo y que a la vez se mueve en una «cultura política en transición»[ix], o sea todavía no existen prácticas en las tomas de decisiones que afectan a la mayoría del pueblo hondureño que sean participativas, inclusivas, tolerantes y pluralistas.
En cuento a la conducta de las élites empresariales hondureñas, en la región centroamericana, Honduras se diferencia, por ejemplo, de El Salvador y Guatemala en torno a la acción de los grupos de poder económico en política-electoral. En El Salvador, las élites económicas le apostaron a un proyecto político a través de la Alianza Republicada Nacionalista (ARENA) y, en Guatemala, las élites empresariales no tuvieron la necesidad ni el interés de formar un partido propio, sino que han utilizado partidos ad hoc temporales[x]. Este fenómeno ha sido denominado «partidos franquicia». En cambio, en Honduras, probablemente ha influido que el bipartidismo es uno de los más antiguos de América Latina para que las élites económicas más conservadoras hayan materializado los partidos Liberal y Nacional como sus proyectos políticos. El bipartidismo ha sido, de hecho, el vehículo histórico del financiamiento de la política en Honduras.
La baja volatilidad electoral
En Honduras no es común que candidatos a cargos de elección popular pasen de un partido político a otro durante cada proceso electoral. Este fenómeno marca la tendencia del votante y determina que tan fragmentado e inconsistente será la distribución del voto popular entre la oferta electoral. Por el contrario, la baja volatilidad electoral se expresa en el alto arraigo de la ciudadanía hondureña hacia el bipartidismo[xi]. Este sistema bipartidista ha condicionado las reglas del juego electoral y el sistema político en general. Desde principios del siglo XX hasta 1980, el sistema político se estructuró en torno a dos partidos bajo un régimen autoritario tradicional[xii]. Esto, a pesar de las rupturas y crisis políticas transitadas durante y posterior a la dictadura cariísta y los regímenes militares.
La baja volatilidad también se explica en el anticomunismo que históricamente se ha aglutinado en torno al bipartidismo y que impidió hasta la década de 1990 la legalización de partidos de izquierda. Sin embargo, ha sido desde facciones reformistas y disidentes del Partido Liberal donde han existido alianzas y simpatías con los movimientos de izquierda hondureña, e incluso con las organizaciones políticas comunistas. El Partido Liberal ha sido también el ente político tradicional con un relativo mayor fraccionamiento interno.
Aunque durante el período de elecciones 1980-2009, el sistema se estructuró en torno al bipartidismo, dicho período está marcado por coyunturas sociopolíticas que colocaron nuevas fuerzas en la contienda electoral. Por ejemplo, a la ley electoral de 1977 se debió que en las elecciones para elegir los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente de 1980 se haya inscrito tres candidaturas independientes. Además de la inscripción del Partido Innovación y Unidad (PINU-SD) en calidad de aliado del Partido Nacional[xiii].
Es pertinente señalar que, en 1979, el Estado hondureño aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1952. No obstante, el cumplimiento de las regulaciones en torno a la participación política de las mujeres no ha sido una prioridad del sistema político hondureño. Por ejemplo, durante el periodo de elecciones generales 1981-2001 todavía no se superaba el 8% en la evolución de la presencia de las mujeres en el Congreso Nacional[xiv].
El golpe de Estado y la reconfiguración del sistema político hondureño
El golpe de Estado de 2009 tuvo profundas repercusiones en el sistema político hondureño y en particular en el sistema de partidos que se manifestaría en las elecciones generales de 2013. En primer lugar, el sistema de partidos se vio obligado a reconfigurarse, la crisis pos-golpe ya no era posible resolverla a través del bipartidismo. Esto dio paso a una nueva fuerza político-electoral: el partido Libertad y Refundación (LIBRE) que, por primera vez, un nuevo partido político se convertía en una amenaza al bipartidismo.
Además de LIBRE, surgieron otras expresiones político-electorales que, por lo menos de forma, ampliaron la oferta electoral para las elecciones generales de 2013. En estas elecciones participaron los siguientes partidos y sus respectivos porcentajes, según datos oficiales, de los resultados electorales fueron: el PNH (36.89%), LIBRE (28.78%), PLH (20.30%), PAC (13.43%), AP (0.20%), PDC (0.17%), PINU-SD (0.14%) y PUD-FAPER (0.10%). Los resultados electorales fueron fuertemente cuestionados por la oposición política. A pesar de este cuestionamiento, por primera más del 90% de los votos válidos no se concentraron en el bipartidismo.
Para las elecciones generales de 2017, hubo reacomodo de fuerzas políticas y una alianza innovadora en términos del cálculo de triunfo electoral con la Alianza de Oposición contra la Dictadura entre LIBRE, PINU y, fundamentalmente, la figura pública de Salvador Nasralla (quien en las elecciones de 2013 fue candidato presidencial por PAC). Además de la alineación de los mismos partidos participantes en las elecciones 2013, participó un nuevo partido, Partido Va-Movimiento Solidario (VAMOS); en total participaron 10 partidos, considerando los dos partidos que formaron la Alianza de Oposición.
Los resultados electorales de 2017 han sido los más cuestionados y controversiales, se habla de un fraude electoral sin paragón desde el inicio de la democracia representativa. Dichos resultados estuvieron en contra de cualquier pronóstico serio y ponderado e incluso contradijo la tendencia iniciada con el triunfo presidencial de Manuel Zelaya Rosales en 2001: el partido que ganaba el Poder Ejecutivo no ganaba mayoría en el Poder Legislativo. Sí se hace un análisis en torno a cómo ha operado el PN en el Congreso Nacional se entenderá que sus escaños (61) más los del PL (26), en general, han funcionado como bipartidismo.
En la práctica, a pesar que el abanico de la oferta electoral pos-golpe aumentó, el voto en la preferencia de los electores continúa concentrándose en un bipartidismo fisurado por la emergencia de LIBRE. A diferencia de Guatemala, donde ningún partido ha podido ser reelecto desde las elecciones de 1985, en Honduras la racionalidad del «voto de castigo» no ha operado en torno a la fluidez de la oferta partidaria, sino alrededor de cambios de gobierno liberal a nacionalista o viceversa. Ha operado como una especie legitimización del sistema bipartidista hondureño que da cuenta de una monolítica oferta electoral y coloca entredicho la transparencia de la institucionalidad electoral.
La concentración de la oferta electoral en el centro y la derecha del espectro político
En el caso hondureño, una característica compartida con el sistema de partidos guatemalteco consiste en la concentración de la oferta electoral en el centro y la derecha del espectro político-ideológico. Honduras no ha sido la excepción a la persecución de organizaciones políticas de izquierda y asesinato y exilio de militantes; de hecho, esta persecución fue regional y no un fenómeno particular de un solo país.
También, es importante señalar que, dependiendo del período histórico durante el siglo XX, los dos partidos tradicionales (Liberal y Nacional) han sido considerados liberales y conservadores o, por otro lado, también han sido considerados partidos sin deferencias ideológicas entre sí, entendiéndolo desde el espectro ideológico izquierda-derecha. Desde el inicio de la democratización[xv], fue hasta la formación del PUD y su inscripción legal para las elecciones generales de 1997 que un partido con aspiraciones electorales se definió abiertamente de izquierda. Casi dos décadas después, y a consecuencia del golpe de Estado de 2009, la aparición de LIBRE en la contienda electoral renueva este discurso en torno a la idea de un partido de «izquierda democrática».
Por otra parte, una encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) de cultura política realizada en el contexto pos golpe de Estado planteaba que no se habían encontrado diferencias ideológicas fundamentales entre votantes Liberales y Nacionalistas y hasta las elecciones generales de 2009, por lo menos formalmente, el sistema de partidos hondureño era el menos fragmentado ideológicamente de la región. Si se considera que, en general, ambos partidos habían recibido más del 95% de los votos válidos desde las elecciones generales de 1981 hasta las de 2009. Además, se encontró que pocos hondureños se consideraban de izquierda y la ideología de la sociedad hondureña en perspectiva comparada fue considerada la más conservadora de América Latina[xvi] por su tendencia hacia la derecha.
El peso de los poderes fácticos y la continuidad del status quo económico y social
En relación al peso de los poderes fácticos en el caso hondureño, las elites[xvii] empresariales consolidaron su proyecto político en torno al bipartidismo. Esta es una diferencia fundamental con el caso guatemalteco en que las élites económicas no han tenido la necesidad de consolidar su propio partido político porque mantienen su predominio a través de una red de influencias que, en parte, explica la alta volatilidad electoral del sistema de partidos guatemalteco. En Honduras, las familias que conforman los grupos de poder económico, financiero y mediático son de filiación liberal o nacionalista y en algunos casos ambos; como por ejemplo, las familias Facussé, Atala y Agurcia. Estos grupos de poder junto con las cúpulas religiosas — católica y evangélica —, el conjunto de los medios de comunicación corporativo, más las redes del narcotráfico y el crimen organizado, articulan una compleja red en el sistema político hondureño y por tanto en el Estado[xviii]. Es en este contexto que se desarrolla el financiamiento de la política y de campañas electorales.
Por último, y no menos importante, el sistema político hondureño ha sido de los más estables en Centroamérica. Esto se confirma en (i) su sistema de partidos que es de los más antiguos en la región y un bipartidismo robustamente enraizado en la sociedad; (ii) abstencionismo relativamente bajo, aunque creciente si se compara porcentajes durante el periodo 1980-2009; y, (iii) baja volatilidad electoral[xix]. Cada ciclo electoral ha servido, efectivamente, para el reacomodo del poder político entre el bipartidismo, redistribución de recursos y bienes del Estado y el país mediante distintas modalidades, esencialmente neoliberales que profundizan el deterioro de servicios públicos fundamentales como ser los servicios de salud, educación y la soberanía alimentaria del país.
Sin embargo, este consenso bipartidista y estabilidad formal del sistema político se interrumpió con el golpe de Estado de 2009 ya que, precisamente, la posibilidad de abrir y democratizar el sistema político hondureño amenazaba directamente la continuidad del statu quo económico y social. El golpe también generó el fenómeno del transfuguismo en el sistema de partidos, en los procesos electorales pos golpe se ha elevado el número de candidatos a cargos de elección popular que cambian de un partido a otro o crean sus propios partidos políticos.
No cabe duda que los desafíos para democratizar el sistema político hondureño son enormes y dependerá de una ciudadanía organizada y probablemente de partidos políticos que acuerpen una agenda radicalmente democrática que responda al interés común de la población hondureña.
Descargar: Análisis Partidos Políticos – CESPADFinal-convertido
[i] Thalía Fung y Carlos Cabrera definen sistema político como un «conjunto de interrelaciones políticas objetivas (entre instituciones, Estado, partidos, grupos de presión, grupos de interés, clases sociales, organizaciones internacionales y nacionales, económicas, científicas, medioambientales y culturales) y subjetivas (normas, conciencias, tradiciones, culturas políticas, formación de políticas, toma de decisiones) tendentes a una organización sistémica de la producción y reproducción del poder societario y al ejercicio de su distribución sobre la base del equilibrio». Citado en CICIG, Financiamiento de la política en Guatemala, (Guatemala: CICIG, 2015), p. 15. Una discusión sobre los sistemas políticos centroaméricanos se encuentra en Manuel Alcátara Sáez, Sistemas políticos de América Latina, vol. II. México, América Central y el Caribe, (Madrid: Editorial Tecnos, 2008 [4ta Ed.]).
[ii] De la bibliografía referente al sistema político hondureño el CEDOH ha producido importantes contribuciones, ver Democracia, Legislación Electoral y Sistema Político en Honduras. (Tegucigalpa: CEDOH, 2004). También, véase Guillermo Molina Chocano, «Honduras: crisis económica, elecciones y sistema político (1980-1990)», Revista Mexicana de Sociología, 4/90, 301-314 (oct-dic); y Ana Ortega, La Des diferenciación del Sistema Político Hondureño, (Tegucigalpa: Fesamericacentral, 2014).
[iii] Una aproximación diferente a la de Fung y Cabrera, Simón Pachano define «ordenamiento político» como un conjunto de sistemas, es decir una interacción compleja entre comunidad política, sistema político y régimen político. Pachano, por ejemplo, entiende régimen político (normas, constituciones, leyes) como una dimensión más amplia que la de sistema político. Ver «Ecuador: el nuevo sistema político en funcionamiento», Revista de ciencia política, 30/2, 297-317(2012), p. 314.
[iv] Entendiendo este concepto en por lo menos dos acepciones. Una, se refiere al paso de un régimen militar a uno civil y, con ello, a la instalación de mecanismos para crear o restablecer instituciones estatales representativas. Y, en segundo lugar, a la instalación y al ejercicio de reglas y procedimientos que posibiliten la participación de actores políticos y sociales en los procesos de decisión e interés de las mayorías. Probablemente los trabajos, ahora clásicos, más relevantes de análisis comparativo en torno a las democracias y transiciones democráticas en América Central publicados a mediados del decenio 1980 son: Edelberto Torres-Rivas, Centroamérica: la Democracia posible, (San José: EDUCA, 1987); Paul Drake y Eduardo Silva [Editores], Elections and Democratization in Latin America, (San Diego: California, Center for U.S. Mexican Studies, 1986); y, James M. Malloy y Mitchell A. Seligson [Editores], Authoritarians and Democrats. Regime Transition in Latin America, (Pittsburgh: PLAS, 1987).
[v] En contraste, Guatemala, es un ejemplo de un fluido sistema de partidos ya que hay cambios en los partidos en cada proceso electoral. En los treinta años de elecciones, de los más de cincuenta partidos que se han creado y más de treinta y cinco que ha desaparecido hay muy pocos partidos que han logrado participar en más de dos procesos electorales. CICIG, op. cit. p. 16.
[vi] Ernesto Paz Aguilar, «La reforma político electoral en Honduras» Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, p. 644.
[vii] Manuel Torres Calderón, Honduras 2018: Ejes y desafíos de una reforma político-electoral, Boletín Reforma 2018 (Tegucigalpa: CEDOH-NDI, septiembre 2018), p.11.
[viii] Ramón Romero, «Los partidos políticos y el Estado hondureño: evidencias de la miopía partidaria», en Víctor Meza y et al, Golpe de Estado: Partidos, instituciones y cultura política, (Tegucigalpa: CEDOH, 2010), p. 24-28.
[ix] Al respecto, Leticia Salomón caracteriza esta transición como una «cultura política hondureña [que] está dejando de ser autoritaria (vertical, excluyente, intolerante, arbitraria) pero aún no se convierte en democrática (participativa, inclusiva, tolerante, pluralista). Existe, todavía, un desfase entre el grado de avance en la construcción política de la democracia y el grado de avance en la construcción cultural de la democracia, lo que se explica por la vigencia y el arraigo de ciertos vicios en el sistema político, cuya erradicación es lenta, difícil y conflictiva. Estos vicios (falta de modernización y democratización interna, reglas del juego antidemocráticas, clientelismo, politización partidaria de las instituciones, visión patrimonial del Estado, subordinación a los militares) contaminaron los procesos electorales que se han desarrollado en forma ininterrumpida desde 1980». Carlos Meléndez y et al, Honduras Elecciones 2013: Compra de Votos y Democracia, (Tegucigalpa: CEDOH, 2014), p.42. Para una argumentación más amplia, véase Leticia Salomón. Honduras: Cultura Política y Democracia. (Tegucigalpa: CEDOH-PRODECA, 1998).
[x] CICIG, op. cit, p. 16.
[xi] El índice de volatilidad electoral fue del 4,3%, como promedio en relación a las elecciones de 1993 y 1997. Esta cifra, argumenta Natalia Ajenjo Fresno, es «enormemente baja» si se compara con los índices de Guatemala (66%) y Costa Rica (8,5%), país con un bipartidismo consolidado. Ver «El sistema de partidos políticos en Honduras», en Las ideas políticas en Honduras. Tránsito del siglo XX al XXI, Compilado por Oscar Acosta, pp. 313-443, (Tegucigalpa: FOPRIDEH, 2009), p. 326.
[xii] En perspectiva histórico comparativo ver James Mahoney, «Liberalismo radical, reformista y frustrado: orígenes de los regímenes nacionales en América Central», América Latina Hoy, 79-115, vol. 57, (2011), pp. 102-103.
[xiii] Ver Mario Posas, Modalidades del Proceso de Democratización en Honduras, (Tegucigalpa: Editorial Universitaria, 1989), pp. 54-56.
[xiv] Lucila Funes Valladares, Honduras 2013: Mujeres y elecciones. Monitoreo del cumplimiento de las leyes sobre la participación política de las mujeres en el proceso electoral del 24 de noviembre de 2013, (Tegucigalpa: CEDOH-NDI, 2014), pp. 10-11 y 33. Para un análisis sobre las elecciones generales de 2017 ver Eugenio Sosa, Enorme brecha de equidad de género en las elecciones de noviembre de 2017, (Tegucigalpa: CESPAD, 2017).
[xv] Para el sociólogo Mario Posas, la fase inicial de la democratización fue a finales de 1975 con el anuncio del retorno a un régimen constitucional de democracia representativa; la fase final inició en enero de 1978 con la juramentación de los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones que propició posteriormente el proceso electoral y al proceso de democratización de principios de 1980. Ver Modalidades del Proceso de Democratización en Honduras, (Tegucigalpa: Editorial Universitaria, 1989), p. 57.
[xvi] Orlando J. Pérez y José René Argueta. Cultura política de la democracia en Honduras, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles. (Tegucigalpa: LAPOP/Universidad de Vanderbilt, USAID, FOPRIDEH), pp. 180, 183-4.
[xvii] Para una visión contemporánea sobre las élites en América Central, su rol en el capitalismo global y los espacios institucionales en que ejercen poder ver «Elites and Power in Central America», en Center for Latin American-Latino Studies, American University, Washington, DC.
[xviii] Víctor Meza et al. Honduras poderes fácticos y sistema político, (Tegucigalpa: CEDOH, 2007). La discusión en torno a los poderes fácticos en Honduras se enriqueció con una reciente publicación: Marvin Barahona et al. Elites, redes de poder y régimen político en Honduras, (El Progreso: ERIC-SJ, 2018).
[xix] Natalia Ajenjo Fresno, «El sistema de partidos políticos en Honduras», en Las ideas políticas en Honduras. Tránsito del siglo XX al XXI, Compilado por Oscar Acosta, pp. 313-443, (Tegucigalpa: FOPRIDEH, 2009).
