La figura de “Primera Dama de un país”, hasta antes del 4 de septiembre del 2019, se consideraba en Honduras como decorativa y sin peso. Sin embargo, la condena, en esa fecha, de Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa (2010 – 2013), puso en perspectiva la corrupción que se teje desde un dependencia estatal que históricamente ha sido invisible y desde donde solo se han realizado actividades de asistencia social.
“La Caja Chica de la Dama” se le llamó al caso de corrupción con el cual se develó cómo se instaló una red que operó desde Casa Presidencial, con Rosa Elena Bonilla al frente y con un control absoluto, que dispuso no sólo de fondos del Estado y de donaciones de países amigos, sino que también colocó piezas claves, en puestos que serían estratégicos para desembolsar recursos, haciendo parecer legal, lo que era ilegal.
Pero la historia fue otra para Bonilla de Lobo, quien con su salida del Poder quedó indefensa, sin la acostumbrada protección, sin el control, sin funcionarios que le apoyaran y le permitieran ocultar operaciones financieras que terminaron en sus cuentas de banco personales, tal como lo evidenció la investigación que desarrolló el binomio constituido por la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC).
La justicia en este caso se aplicó y demostró que durante su gestión desde el año 2010 al 2014, Rosa Elena Bonilla maniobró para transferir recursos del Despacho de la Primera Dama a su cuenta personal, bajo el paraguas de proyectos sociales y que pese a la cercana relación que durante mucho tiempo tuvieron Porfirio Lobo Sosa y el actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ella y su familia quedó sin la protección que brindan en muchos casos, esas redes de poder.
Esta funcionaria pública jamás imaginó que un día estaría en el banquillo de los acusados. En los Tribunales de Corrupción, Rosa Elena no logró controlar la justicia no formar parte de pactos o arreglos fuera de la sala de Tribunales para evadir una condena y evitar ir a la cárcel. Los privilegios desaparecieron en este caso, desde la captura de ella y dos de sus cercanos colaboradores: Mauricio Mora Padilla, absuelto y Saúl Fernando Escobar, para quienes no hubo medidas sustitutivas, pues desde el inicio se les dicto detención judicial y luego auto de formal procesamiento.
Pese a la cantidad de recursos que sus abogados interpusieron para lograr que en libertad siguieran el proceso, un Juez lo denegó. Estaba claro que había que dar un ejemplo en este caso y castigar a los que malversaron recursos que estaban destinados a obras sociales.
Documento: Caja Chica de la Dama – CESPAD 2020
