Escrito por: Ana Ortega, doctora en Estudios Internacionales e Interculturales
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) ha realizado en los últimos meses una activa agenda de investigación, análisis, reflexión y debate alrededor de la corrupción, la impunidad y, recientemente, frente a la situación de la MACCIH en el país, de cara a la continuidad o no de la Misión.
Recientemente, en uno de estos foros públicos, el sociólogo Eugenio Sosa, en una interesante intervención, puso en el debate varios elementos de análisis orientados a profundizar el conocimiento y elevar los niveles de conciencia ciudadana en relación con relación el incierto futuro de la MACCIH en el país y sus implicaciones en la lucha contra la corrupción iniciada a partir de su instalación, producto de la masiva protesta ciudadana del año 2015.
Me propongo hacer este breve análisis, desde la perspectiva de sistemas propuesta por Nicklas Luhmann, dada la capacidad explicativa de este enfoque para dar cuenta de esta realidad. Me centraré en un par de elementos expuestos por Sosa: La debilidad institucional y el concepto de soberanía, ambos conceptos ampliamente utilizados tanto por quienes desde el poder y el interés particular de blindarse ante actuales y futuras investigaciones se oponen a la continuidad de la MACCIH y también por quienes aspiran a profundizar la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Para Eugenio Sosa, el problema no radica en la supuesta debilidad institucional, el problema fundamental, enfatizó, “es la puesta de la institucionalidad al servicio de algo que puede ser las redes de corrupción, los grupos de criminalidad, las redes de grupos económicos y cualquier otra cosa menos el interés nacional, desmarcado y desnaturalizado totalmente del origen para el cual fueron creadas esas instituciones”.
En este contexto, una aproximación desde la teoría de sistemas nos mostraría que tanto el sistema político como el sistema de derecho, se han auto-paralizado con relación con el combate a la corrupción, al punto que esta ha adquirido la capacidad de auto producirse a partir de sus propias operaciones y comunicaciones, utilizando para ello ambos sistemas. Por tanto, es improbable que desde dentro, la corrupción sea efectivamente combatida, cuando es precisamente a través de esos canales institucionales que fluyen y se avalan los actos de corrupción.
La aceptación de la MACCIH es el reconocimiento del gobierno, de su propia auto paralización, lo cual constituye una irritación desde el entorno que el sistema se obliga a introducir; esta decisión puede ser temporal, una vez introducida, el mismo sistema intenta anular la irritación que le causa o que le puede llegar a causar, la idea es dejarla únicamente como ruido incapaz de penetrar e incluso de irritar el sistema.
La evidencia nos muestra que la corrupción en Honduras funciona como un sistema autopoietico, es decir, con la capacidad de producir y reproducir por sí mismo los elementos que lo constituyen; en ese proceso ha fijado sus límites de sentido, ha avanzado en su clausura operativa, pero se mantiene comunicacionalmente abierto. Por un lado, ha incrementado su capacidad de enlazar nuevas operaciones utilizando la complejidad del sistema político y del sistema derecho, mientras que por otro ha construido una narrativa utilizando comunicaciones propias de sistemas del entorno, sobre todo del sistema religión.
Internamente el sistema se puede re-estabilizar, en este caso, la reacción ante la continuidad de la MACCIH y la reconfiguración de la UFECIC, es una forma de apuntar hacia la re-estabilización. Más allá de las diferentes valoraciones que la ciudadanía hace respecto a los resultados, el circuito anticorrupción certificado y apoyado por la Misión constituye un peligro inminente, puesto que está fuera de su control, precisamente por ser un elemento que no surge del interior de ninguno de los dos sistemas mencionados.
Paradójicamente, un fuerte argumento de la estrategia de comunicación para re-estabilizar la corrupción es la necesidad de hacer prevalecer el estado de derecho, en ese sentido Luhmann plantea: El sistema se mantiene simulando legalidad, aunque no renuncia a la normatividad en general. No obstante, mediatiza el código derecho/no derecho, anteponiendo una diferenciación a través de un valor de rechazo, que permite la subordinación oportunista a las elites capaces de imponerse. Con la pregunta de si el derecho se debe aplicar en estos casos, surge una especie de test preliminar. Con ello se llega a situaciones límite en las que el derecho funge sólo, de manera ocasional e inconexa, como sistema. El derecho entonces se orienta a sí mismo -y así es percibido desde fuera-, como un puro instrumento de poder (Luhmann, 2002: 55)[1].
A pesar de la abrumadora evidencia, se pretende ocultar el hecho de que la emisión, reforma o derogación de leyes se hace desde el interior del sistema político; si este funciona bajo los códigos impuestos por las redes de poder que han logrado borrar la diferencia entre lo legal/no legal, como se evidenció con mayor claridad después del golpe de Estado del 2009, momento crítico en que La Constitución ( principal acoplamiento estructural entre el sistema derecho y el sistema político), se suspendió, sin ninguna consecuencia; ese es uno de los momentos según Luhamann; en que lo legal se usa solo como fachada para impulsar lo ilegal. Ha de reseñarse, añade:
Que también el recurso a la ilegalidad puede ser utilizado en este sistema de red. Muchas y frecuentemente indispensables prestaciones sociales adoptan la forma de joint ventures entre política y criminalidad. Una vez que se han rebasado valores límite, la ilegalidad se convierte en un recurso generalizable, aplicable para muchos fines —aprovechando, precisamente, que su empleo no ha de ser conocido […]. El éxito de la mafia, pero también de muchas otras conductas desviantes, puede explicarse en virtud de que trabajar de forma efectiva es algo que sólo puede ser motivado en el medio de la ilegalidad (Luhmann; 1998:132)[2].
El otro elemento es el concepto de Soberanía. Muchos de los actores de este entramado de corrupción aluden que la MACCIH no debe continuar en el país o si lo hace debe ser bajo ciertas condiciones, respetando la Constitución y a la Soberanía hondureña.
A juzgar por la abrumadora evidencia se refieren a la soberanía del sistema de corrupción exitosamente establecido, al carácter autorreferente de la misma. No puede ser a la soberanía nacional, basta un rápido recorrido por algunos hechos recientes que las mismas elites han promovido para evidenciar la falacia: La externalización de fronteras de otro país, dentro de las fronteras nacionales y la aplicación de justicia fuera del país, en tribunales extranjeros, solo para mencionar un par de realidades que niegan la existencia de la soberanía, que al parecer ahora las élites políticas anhelan.
Para quienes aspiran a que la lucha contra la corrupción sea producto de las exigencias ciudadanas, y no de intervenciones de otros Estados, sin duda es una legítima aspiración que además, configura el mejor escenario de cara a la generación de procesos sostenibles e integrales. No obstante, surgen varias inquietudes: ¿cómo romper el círculo de la institucionalidad capturada por las redes de poder que han hecho de la corrupción un sistema? si observamos la dinámica de la institucionalidad, la ruptura del circulo vicioso de la corrupción se tendría que impulsar desde esa misma institucionalidad, para lo cual el punto de partida es la existencia de oposición política.
Me refiero a la oposición formal, la que según el mismo autor es la condición de posibilidad para que exista la democracia, en tanto, tiene la posibilidad de incluir lo que quienes detentan el poder excluyen; a juzgar por la evidencia pareciera que esa oposición política formal, no existe.
Queda el papel opositor de la ciudadanía, que no es menor, al contrario, es central y constituye la otra parte de la diferenciación funcional de la sociedad en tanto sistema/entorno. Pese al contexto de represión, precariedad de la vida, fragmentación e incluso expulsión de buena parte de la población, las posibilidades existen que sea desde aquí que se active la ruptura de este círculo vicioso. De hecho, fue desde aquí que se activó previamente y de nuevo las condiciones objetivas están dadas, sobre todo porque las consecuencias de la corrupción son visibles e inaguantables para buena parte de la población y el cinismo con que los actores políticos del entramado corrupto han reaccionado para mantener sus privilegios, amparados en la impunidad, los ha dejado expuestos. Y ¿las condiciones subjetivas también están dadas? No lo sabemos, solo el desarrollo de los acontecimientos nos puede responder esta inquietud.
[1] Luhmann, Niklas. (2002). El derecho de la sociedad, México D.F. Universidad Iberoamericana.
[2] Luhmann, Niklas. (1998). Complejidad y modernidad, de la unidad a la diferencia; edición y traducción de Josetxu Beriain y José María García Blanco, Madrid, España, Editorial Trotta, S.A.
