En diciembre del 2017, la MACCIH-UFECIC presentó el caso de investigación denominado “Red de Diputados”. Con este caso inició una acción penal contra cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional coludidos con tres miembros de una ONG, denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.
Desde luego, el señalamiento de apenas cinco diputados en malversación de fondos parecía una broma, puesto que este tema ha sido epicentro de sospechas y denuncias de corrupción. Más tarde, la MACCIH informaría que esto era apenas la “punta del iceberg”, ya que la investigación involucraba a más de 60 diputados(as) y ex diputados(as), incluyendo al propio presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 ONG.
Pero, ¿permitirían los diputados y diputadas del Congreso Nacional el avance de este caso, sabiendo que la investigación podría extenderse e incluir a más congresistas en la acción penal? Hoy sabemos que no. La maquinaria legislativa que controla este poder del Estado (la alianza de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal, Democracia Cristiana, Alianza Patriótica y Unificación Democrática), cerró filas y en un acto de impunidad, el 18 de enero de 2018, aprobó el Decreto 141 2017, que reformó la Ley Orgánica del Presupuesto. Esta estratagema impide hasta hoy a la UFECIC realizar acción judicial por actos administrativos, civiles o penales contra funcionarios, diputados y ONGs, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) esté realizando auditorias de estos fondos.
De acuerdo con esta ley, en su artículo 17, si hay consecuencias después de dicha auditoria del TSC (es decir, después de 3 años), los inculpados tienen 4 años para pagar una multa del 2%, más intereses de los fondos no desvanecidos a partir de la fecha de resolución del caso del TSC.
Pero, como lo advirtió la MACCIH, esta acción no solo frenó esta investigación, sino también las futuras que se realicen contra altos funcionarios que se han apropiado de los dineros públicos.
DESCARGAR: Documento RED DE DIPUTADOS
