En marzo del 2016, la nación hondureña se conmocionó ante el acontecimiento de que la lideresa indígena lenca y ambientalista Bertha Cáceres había sido asesinada. La causa: su decidida lucha por la defensa del patrimonio ambiental de su comunidad lenca y específicamente contra el Proyecto Agua Zarca, que pretendía explotar el Río Gualcarque.
Como Bertha Cáceres y la comunidad lenca, incontables líderes y comunidades en Honduras luchan contra una abierta política extractivista patrocinada desde las esferas gubernamentales y las cúpulas empresariales del país, en el marco de un Estado claramente neoliberal que ve en la concesión de los recursos ambientales el horizonte ideal de su afán privatizador.
La opacidad con que se impulsa esta política extractivista ha hecho que la oposición comunitaria sea creciente. El origen de esta política no deja de verse como una maniobra oscura desde los grupos de poder, especialmente cuando en agosto del 2009, en medio de la crisis institucional generada por el golpe de Estado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. Luego, un mes después, cuando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. Finalmente, cuando en abril de 2010, durante el actual gobierno de Porfirio Lobo, el Ministerio de Recursos Naturales procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, cuyos contratos con la ENEE fueron aprobados por el Congreso Nacional en octubre del año en curso. Para diversos sectores, esta adjudicación favoreció a los mismos grupos económicos, los que controlan ya casi la totalidad de la generación térmica en el país1.
Esto ha despertado una fuerte suspicacia ciudadana de que estas concesiones y los proyectos extractivistas que encarnan están viciados, y que se erigen sobre maniobras amañadas entre funcionarios gubernamentales y empresarios voraces, como lo revela la encuesta de CESPAD sobre la corrupción, en noviembre de este año2. En esta encuesta, el 80% de los entrevistados estima que este tipo de contratos ha estado determinado por arreglos corruptos entre empresarios y funcionarios públicos.
El caso investigativo de la MACCIH-UFECIC que hoy analizamos, demuestra que estas desconfianzas ciudadanas son ciertas. Fue anunciado en marzo de 2019, y se le denominó “Fraude sobre el Gualcarque”. En él se muestra una fuerte evidencia probatoria de cómo funcionarios gubernamentales y representantes empresariales se coludieron para que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), resultara beneficiada en la concesión del Proyecto Agua Zarca, pese a la falta de méritos de la empresa, las advertencias desde diversos informes técnicos y a las flagrantes violaciones a la legalidad que implicaba su aprobación.
DESCARGUE AQUI: Caso Gualcarque – CESPAD2020
