Por: Danelia Bueso
Edición: Claudia Mendoza
«Un atajo de corruptos, ladrones, con placas para robar y pistolas para matar”, así definió en 1993, Josué Eli Zúñiga, un ex agente de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), a varios de sus compañeros y a miembros del desaparecido batallón de la muerte 3-16. Zúñiga falleció pero fue quien denunció que eran los uniformados, los autores de la mayoría de asesinatos que ocurrían en la costa norte de Honduras. La gota que derramó el vaso, fue el asesinato del empresario Eduardo Piña Van Tuyl, un caso que escandalizó, conmocionó y orilló a la sociedad y al Frente de Oficiales Subalternos (FRENOS), a demandar la depuración de Policías y militares.
Ese asesinato dio origen al primer proceso de depuración policial en Honduras, el que se gestó durante el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), quien para tal efecto nombró una Comisión Ad Hoc, la que solicitó intervenir la Dirección Nacional de Investigación (DNI), evaluar el personal, vigilar que no se practicaran más torturas y que los responsables de los delitos fueran puestos a la orden de los Tribunales.
Luego, esa Comisión se reconfiguró en una Junta Interventora a la que se le llamó “de Transición”. Hernán Corrales Padilla, coordinó el proceso junto con German Leitzelar y César Elvir Sierra. Tras la evaluación, se eliminó la DNI, se traspasó la Policía Nacional al poder civil y se creó la Secretaría de Seguridad Pública.
«La primera Junta depuradora de la Policía fue presidida por el Doctor Hernán Corrales Padilla. Funcionó entre 1996 y 1998, hasta que el Doctor Corrales murió en un misterioso accidente en la carretera del sur, al impactar con una rastra. Se comentó en su momento que el accidente fue provocado y hasta se mencionaron sospechosos, pero nunca el accidente se investigó», explicó al equipo del CESPAD María Luisa Borjas, Comisionada en retiro de la Policía Nacional de Honduras. Las dudas quedaron flotando en el ambiente, sobre todo porque para ex oficiales de esa estructura, la institución policial fue «un instrumento poderoso que estuvo siempre al servicio del crimen organizado».
Hernán Corrales Padilla. Médico, dermatólogo, político y científico hondureño. Foto: Ecured
26 años de intentos por depurar la Policía Nacional
Suman ya 26 los años en los que resuena el tema de depurar a la Policía Nacional. Se trata de cuatro procesos que han buscado limpiar ese cuerpo armado. Cada proceso ha sido cuestionado, se han interpuesto demandas judiciales de los «depurados», se han girado órdenes de reintegro para los que fueron sacados de las filas de la institución y el Gobierno ha tenido que reintegrar y pagar indemnizaciones millonarias a los uniformados.
Pese a las acciones, algunos oficiales depurados que fueron consultados por el CESPAD, por temor a represalias, pidieron obviar su nombre. Sin embargo, aseguran que el proceso de depuración ha sido viciado y que los policías que de verdad debían salir de la institución, siguen operando, siguen delinquiendo y que todas las Comisiones que han buscado sacar a los «malos», saben lo que ocurre en la llamada “depuración”.
«Todos esos procesos para depurar la Policía han fallado y le hablo desde la época de Gautama Fonseca, porque no se ha seguido el debido proceso. Se ha actuado arbitrariamente. Muchos salimos porque quiénes estaban al frente del proceso, ubicaban a personas que no eran de su agrado. No hubo una evaluación real, todo fue por rumores, por criterio de los mismos compañeros policías y la realidad es que la institución sigue con algunos elementos (policías) que deben estar fuera, deben ser depurados», afirmó un Comisionado de la Policía que pidió el anonimato.
Julián Pacheco, Ministro de Seguridad, explica que hasta ahora van mil millones de lempiras pagados en concepto de derechos a los policías depurados y que el proceso es continuo, que los uniformados son evaluados por su rendimiento, disciplina, méritos y preparación. «La depuración es permanente; todos los meses salen policías de la institución por diferentes causas. Entre los años 2017 y 2018, es cuando más se dio el impacto financiero», explicó.
Julián Pacheco. Secretario de Seguridad en Honduras. Foto: CESPAD
Son más de seis mil policías depurados bajo la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, misma que fue creada bajo decreto de emergencia No. 21-2016. Esta es la Comisión vigente que en la actualidad determina la idoneidad en el servicio, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad de los miembros de la carrera policial.
Asesinatos de alto impacto
Cuatro comisiones o interventoras son las que han buscado la fórmula perfecta para limpiar el órgano de seguridad en el país. El detonante siempre ha sido el mismo: un crimen de alto impacto y ante el reclamo de la población, de inmediato los Gobiernos “corren” a crear decretos de emergencia y comisiones para depurar a los uniformados.
En 1993 aconteció el asesinato de Eduardo Piña Van Tuyl, en el 2002 el crimen de Harry Panting, en el 2011 el crimen de Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda también sacudieron al país. Sin embargo, en el 2016, un informe publicado en el New York Times disparó las alertas, al revelar que desde la Policía Nacional se asesinó a Julián Arístides González, Zar Antidrogras y Alfredo Landaverde, analista de Seguridad.
Las muertes fueron las señales de alarma, las que declararon nuevamente la urgencia de limpiar la Policía Nacional. Se dejó claro que el Estado necesitaba trabajar en una reforma institucional ante el nivel de violencia, criminalidad y demanda ciudadana. Por ello surgen en el 2012 la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), en el 2013 la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía en el 2016 y en el año 2017, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).
Eduardo Villanueva, Ex director de la DIECP.
«La corrupción en la Policía Nacional viene de larga data. Es heredera de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), que era un Comando de las Fuerzas Armadas, cuyos brazos investigativos DIN y 3-16, son de ingrata memoria. A veces pareciera que bajo otras modalidades siguen presentes con sus procedimientos criminales y poco ortodoxos. En el país cobró carta de ciudadanía la expresión que, entre ser policía y ser delincuente era mejor ser policía, porque este tenía impunidad y el peso de su estructura para asegurar no solo su falta de castigo, sino para aterrorizar e imponer a la población que entre medrosa y desesperada, vio a la Policía no sólo como una entidad incapaz de prevenir la delincuencia y combatirla, sino como un ente al servicio del crimen organizado en alianza con miembros de la mal llamada «clase política», cuestionó en una entrevista Eduardo Villanueva, ex director de la DIECP.
Pese a todos los procesos, María Luisa Borjas vaticina que serán más de cinco mil policías los que tendrán que ser retornados a la institución, porque no se hizo un procedimiento con base en la ley. «… y con nuestros impuestos el Estado les hará efectivo el pago de salarios caídos y demás derechos adquiridos. Por la vía civil procederá el pago de daños y perjuicios. No se dio el procedimiento establecido de suspenderlos de sus cargos para que no interfirieran con el proceso investigativo a los señalados. Era investigarlos y obtener las pruebas para proceder a sancionarlos administrativamente si es una falta, o ponerlo a la orden de la fiscalía si es un delito. Eso no pasó», explicó Borjas.
María Luisa Borjas, Comisionada de Policía en retiro. Foto: CESPAD.
Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla, tras su paso por la DIECP, en casi tres años, investigaron delitos cometidos por policías. Aseguran que fueron más de 600 casos de diferentes escalas policiales los que se remitieron al Ministerio Público, para el ejercicio de una acción penal. «Fueron más de ocho mil miembros de la Fuerza Policial evaluados, más del diez por ciento fueron reprobados; sus expedientes fueron remitidos a la Secretaría de Seguridad para su retiro de la Policía. Se trasladaron al Tribunal Superior de Cuentas investigaciones de altos oficiales que se les encontró incongruencias entre sus ingresos y su patrimonio. No fue función de la DIECP separar policías, sino una tarea de múltiples involucrados en los que los niveles de influencia y temor fueron muy obvios», aseguró Villanueva.
En la lucha por la depuración, el número de recursos de apelación a los fallos de policías destituidos han sido numerosos y algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional anuncian que más temprano que tarde, algunos deberán ser retornados a sus puestos. El Estado deberá pagar demandas millonarias, mientras tanto, las calles están llenas de “los depurados” sin control alguno. No hay un mecanismo que garantice en qué pasos andan los que fueron sacados de la institución policial y que estaban vinculados en actos reñidos con la ley.
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