Un análisis de los riesgos y retrocesos en la lucha contra la corrupción en Honduras, en el marco de la negociación que sostiene el Gobierno con la secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la firma de un nuevo Convenio para el funcionamiento de la MACCIH, se realizó en el foro, “De espaldas a la ciudadanía, un nuevo convenio para la MACCIH”, auspiciado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
El evento contó con el análisis de tres expositores y conocedores del tema: Adelina Vásquez, de la Coalición para la Renovación de la MACCIH; Odir Fernández, abogado y miembro del Consejo Nacional anticorrupción y Eugenio Sosa, sociólogo e integrante del equipo de investigadores del CESPAD. En el foro se cuestionó el hecho de que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha preferido desconocer el Convenio que se firmó en el año 2016 y que dio vida a Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), en total opacidad y a espaldas de una ciudadanía, que pide la renovación del convenio inicial, se negocia actualmente un nuevo Convenio con la Secretaría General de la Organización de Estados de América (OEA).
Según Gustavo Irías, Director del CESPAD, la lucha emprendida por sectores de la ciudadanía hondureña por la renovación del mandato de la MACCIH, ha ingresado a una nueva fase más compleja, la que representa graves riegos en el retroceso en la lucha contra la corrupción. “Se trata de la firma de un nuevo Convenio que busca desconocer la nueva institucionalidad anti-corrupción construida por la MACCIH, en un esfuerzo de la elite corrupta por evadir la acción penal”.
Los expositores invitados coincidieron en que la firma de un nuevo Convenio representa el desmontaje de la institucionalidad creada por la MACCIH, en la lucha contra la corrupción. En lo inmediato, sostuvo Vásquez, “se interrumpen los procesos de avance de construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Específicamente, la anulación de la UFECIC y los Juzgados y Tribunales Penales en materia Anticorrupción”, dijo. Por otro lado, agregó, se interrumpen los 13 casos de corrupción que ha interpuesto ante los juzgados correspondientes la MACCIH-UFECIC, y que han implicado al menos 400 millones de lempiras en corrupción. Citó, como ejemplos, el Caso Pandora, Narco-política, Corrupción sobre el Gualcarque, entre otros.
Fernández, por su parte, dijo que la negociación de un nuevo Convenio acontece con una ciudadanía “que está sumamente indignada” porque se hace a puertas cerradas. “Lo que se busca es limitar a la MACCIH al acompañamiento de la UFECIC, vinculada a temas estrictos de capacitación. Al final se juegan intereses entre políticos que buscan diezmar el tema de corrupción en el país”, sostuvo.
De acuerdo con el entrevistado, es difícil luchar contra la corrupción cuando se hace contra toda una estrategia que se ha montado desde la institucionalidad para blindar a las y los corruptos. “Exigimos la extensión del mandato, pero debe ser más allá de los 2 años que faltan de este gobierno. Requerimos y exigimos la extensión del mandato para que pueda continuar con la investigación en corrupción, más allá de este gobierno”.
Para Sosa, el hecho de que la negociación de un nuevo Convenio entre Honduras y la OEA acontezca a puertas cerradas, “es coherente con los intereses oscuros de la élite corrupta del país. Esa negociación debe ser abierta a sociedad civil”, dijo.
El sociólogo sostiene que “por lo menos deberían anunciar cuales son los acuerdos que tiene ya. Deberían ir compartiendo los avances. Actuar en el secreto, es propio y coherente con grupos autoritarios y las redes de corrupción que han tomado para sus intereses la institucionalidad”.
En entrevistado considera que el funcionamiento de la MACCIH, ya sea sobre el Convenio original o uno nuevo, continuará bloqueado por los decretos y leyes que dan inmunidad e impunidad a los diputados y diputadas corruptos. En este contexto, resulta esencial que las organizaciones ciudadanas continúen con sus acciones de denuncia y presión por la renovación del convenio original de la MACCIH y por la abolición del blindaje legal que han hecho las y los corruptos desde el Poder Legislativo.
El CESPAD desarrolló ese evento con el objetivo de promover y desarrollar el debate de la ciudadanía para comprender la situación actual, construir estrategias y una agenda compartida para continuar denunciando, presionando e incidiendo por una lucha efectiva contra la corrupción en el país, como parte del proyecto: “Influencia ciudadana para la renovación del mandato de la MACCIH”, financiado por la organización Abogados
Sin Frontera-Canadá. Sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
