Por: Signy Fiallos
Edición: Claudia Mendoza
Decenas de políticos hondureños han desfilado en el escenario público en los últimos 5 años, salpicados por denuncias de recibir dinero proveniente de actos de corrupción e inclusive del narcotráfico. Pero en Honduras, el financiamiento político ilícito no ha sido controlado, mucho menos se ha sancionado a los involucrados. En ese contexto, es la Ley de Política limpia la que se perfila como un esfuerzo para regular ese nicho de corrupción. Sin embargo, esa ley también ha sido presa de lar argucias de quienes tienen el poder de manipular el contexto político en el país.
El 17 de enero del 2020 se cumplen 2 años desde que el Congreso Nacional de Honduras aprobó (17 enero-2017) la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos, conocida popularmente como Ley de Política Limpia. La Ley tiene como objetivo establecer las normas relativas al “Sistema de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los ingreso y egresos de los recursos de los Partidos Políticos, movimientos internos de los Partidos Políticos, sus candidatos, candidatas y Alianzas”.
Uno de los temas que ha estado en el centro del debate de las reformas políticas en Honduras, es el del financiamiento de los partidos políticos. Muchas preguntas surgen en derredor del tema: ¿qué tipo de financiamiento reciben y deben recibir los partidos políticos?, ¿cómo asegurar la transparencia en el uso de los fondos?, ¿deben restringir los aportes privados?, ¿qué limitaciones debe haber? y ¿debe contribuir el Estado a su funcionamiento y campañas?
Responderlas es complejo como variadas las opiniones y análisis sobre el tema. Lo cierto es que en Honduras, una ley como la Ley de Política Limpia está sin funcionamiento en un momento particular, pues como nunca en la historia de la corrupción de Honduras se había procesado a unas 112 personas, entre estas al menos unos 80 funcionarios públicos, ex funcionarios, ex diputados y diputados actuales, de acuerdo con datos sustraídos de los casos de corrupción que la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), ha presentado ante los juzgados del país. Muchos de los
implicados están vinculados con estructuras o redes de corrupción que sustrajeron fondos del Estado para financiar campañas políticas, otros embarrados en denuncias por haber recibido dinero proveniente de capos del narcotráfico en el país.
Cuando un Presidente reconoce que recibió dinero para su campaña, de un robo
La coyuntura política que da origen a la aprobación de la Ley de Política Limpia se sitúa en el año 2015, cuando trasciende el latrocinio de que fue objeto el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un escándalo que puso en perspectiva el problema que el país tiene con el financiamiento político ilícito.
Si bien, lo que inicialmente trascendió fue la sobrevaloración de equipo para beneficiar a empresas de privados, contratos amañados, entre otros, lo que molestó sobremanera a la población hondureña fueron las declaraciones del propio presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien en junio del año 2015 reconoció y admitió públicamente que empresarios vinculados al multimillonario desfalco al sistema de seguridad social, financiaron su campaña política con parte de ese dinero.
Hernández, conocido en Honduras como JOH, por las siglas de su nombre, dijo de forma literal en una comparecencia pública: «Mi partido (el Partido Nacional) me ha informado que la suma es por unos 147.783 dólares». Agregó, «Fueron 10 cheques, pero yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)». Tras esas declaraciones, que salieron publicadas hasta en medios internacionales, Hernández instó a su Partido a «devolver cuanto antes los fondos que recibió del desfalco de la seguridad social».
Es en esa coyuntura cuando la población hondureña ejerció presión en las calles, a través del movimiento de los indignados y las manifestaciones de las antorchas, dejando como resultado la aprobación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).
“Acordémonos que esa crisis se presentó en el año 2015, en el segundo año del período de Juan Orlando Hernández, quien no quería perder el control del país y es la primera gran crisis que sufre y lo que el mandatario busca a través de la aprobación de esta Ley (Ley de Política limpia) es una salida a esa crisis para continuar con niveles de gobernabilidad y legitimidad aceptables”, dijo en una entrevista para el CESPAD, Lester Ramírez, Director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
Si bien es cierto que la Ley de Política Limpia nace en esa coyuntura –agrega Ramírez- se debe entender que en el mundo de las democracias electorales, especialmente en América Latina, eso es parte del desarrollo. Eventualmente Honduras iba a tener una política de financiamiento político y la circunstancias solo aceleraron el proceso.
Sin embargo, y aunque algunos sectores desde el pasado reciente promovían la idea de aprobar una ley que regulara el financiamiento de las y los políticos, es hasta que la MACCIH, apoyada por algunos sectores de la sociedad, logra la aprobación de la Ley de Política Limpia. Para algunos sectores aunque “no fue la mejor”, al menos cubrió algunas de las expectativas. Fue la misma MACCIH la entidad que denunció, en su momento, el “trastoque” del que fue objeto esa ley en el Congreso Nacional, aduciendo que se aprobó un texto que no fue el que originalmente se presentó. “Ellos lo habían planteado y habían logrado el acompañamiento de sectores interesados en Reformas Políticas Electorales de este país, necesarias para fortalecer procesos e instituciones, pero sobre todo devolver la confianza en la democracia y su institucionalidad”, explicó la periodista y estudiosa del tema, Thelma Mejía, al ser consultada.
La Ley establece la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos como una Unidad adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que, en teoría, se encarga de revisar el origen o proveniencia del dinero que invierten los políticos en sus campañas políticas. Deben dar un informe del monto, el destino y aplicación de los recursos públicos y privados que reciben. Es decir, los aspirantes a cargos de elección popular, en la ley pasan a ser Sujetos Obligados a una fiscalización y a sanciones por el incumplimiento de la Ley.
Los expertos insisten en decir que aunque no es lo que se esperaba, la normativa reunió algunos de los elementos dentro de las capacidades instaladas. Según Ramírez, en el tema de las auditorías financieras hay un cierto avance, no así en el régimen de sanciones, ya que no se han aplicado castigos a quienes forman parte de los casos que se presentaron en el último proceso electoral del 2017. Esto representa un reto – señala Ramírez-, y creo que lo que se tiene que hacer es trabajar en reformas a la ley, porque existen vacíos. Además, de darle mayor fortalecimiento y capacidad instalada de la Unidad de Política Limpia.
¿Qué regula la Ley?
La Ley regula el financiamiento, es decir, cómo el candidato o el partido político obtiene sus ingresos y como los ejecuta. “Obviamente hay límites mínimos y máximos para los ingresos y hay topes máximos también para los diferentes rubros que deben ejecutar. Una campaña, por ejemplo, tiene topes según los niveles de elección popular”, dice Ramírez, quien agrega que la normativa también vigila la transparencia en relación con la información, un tema que debe ser atendido o discutido entre el Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) y la Unidad de Política Limpia.
Unidad de Política Limpia, ¿otro elefante blanco en las estructuras del gobierno?
En el mes de mayo del 2017 se seleccionó, también, a los tres (3) Comisionados que administrarán la Unidad Especial de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos del Tribunal Superior Electoral (TSE), llamada en el argot popular como Ley de Política Limpia. En la actualidad, los Comisionados son Germán Espinal (afín al partido Libre), Kelvin Aguirre (afín al Partido Nacional) y Javier Franco (afín al partido Liberal).
Sin embargo, en el escenario político hay diversos sectores que consideran que La Ley de Política Limpia, al igual que la Unidad de Política Limpia, podrían quedar como otro elefante blanco dentro de las estructuras gubernamentales, debido al blindaje que, en particular con la aprobación de leyes y decretos, está haciendo la élite política a través de las y los diputados del Congreso Nacional para protegerse de ser investigados y enjuiciados.
De cara al proceso electoral del 2021, la población deberá esperar más de lo mismo que ha habido en los últimos procesos electorales. Los analistas políticos señalan que mientras los políticos buscan su protección, en la población existe una gran desesperanza y frustración por la falta de castigo a los corruptos y por la ausencia de liderazgo, no sólo político sino también social, que los motive a salir de su zona de confort para denunciar y protestar contra la galopante corrupción que los mantiene inmovilizados.
Pero hay un peligro mayor. Ramírez, de la ASJ insiste en decir que la ley en materia de transparencia es muy débil. “Creo que es uno de los temas que, a partir del caso de Tony Hernández y los últimos casos de corrupción como el de “La Caja de Pandora” y los que
han salido a flote, ha quedado evidenciado que el crimen organizado y el narcotráfico influyen en la política”.
“Algo que ya sabíamos, pero que quedó constatado a través del juicio de Tony Hernández y otros casos, es el abuso de los recursos públicos para hacer campaña. A esos elementos no los regula o no les pone la lupa la ley y según tengo entendido, hay grandes reservas de la clase política de transparentar esos aspectos”, criticó el entrevistado.
Tripartidismo perverso
Mejía, por su lado, insiste en señalar que todo pareciera indicar que las reformas electorales que se están impulsando no van a ser tan profundas, sino que un poco más de los mismo, con el agravante que ya existe el pacto de un tripartidismo. “Ese tripartidismo está diciendo en este momento: bueno, repartámonos el país y volvamos a la forma de gobierno de antes, no queremos la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, no queremos nada que venga y nos incomode y hagamos la historia como siempre la hemos hecho; la incógnita es hasta dónde la sociedad y la ciudadanía va a tolerar eso. Pero estamos frente a un retroceso tremendo en cuanto a la forma de gobernar, vamos a pasar de un bipartidismo a un tripartidismo, no saludable sino muy perverso”, aseveró Mejía.
Y es que en este momento, coinciden los entendidos en el tema, existe un proceso de contra reformas, en el cual las élites políticas se ven amenazadas por leyes como la de Política Limpia y la misma MACCIH, que de existir y fungir tal como fueron creadas, ponen en cuestionamiento el aseguramiento del Estatus Quo de los grupos de poder.
Aunque Ramírez cree que no hay una intención escrita o un plan ya establecido para estas acciones. Las cataloga como “simples reacciones de los grupos de poder” que buscan protegerse de lo que amenaza que atentan con quitarles sus beneficios como el tener acceso al dinero para uso privado y enriquecimiento ilícito. En otras palabras, la disposición del uso de los recursos públicos para mantenerse en el poder.
“Recordemos que el objetivo primordial de todo político es quedarse en el poder y por eso buscan en todas las contra-reformas, como la Ley de Secretos Oficiales, actos de impunidad y dejar sin efectos unidades como la de Política Limpia, reformas electorales más que todo maquilladas”, apuntó.
Para los consultados, las acciones de los políticos son un mensaje claro. Buscan continuar en el poder, mantener el Estatus Quo y seguir beneficiándose de los recursos que el Estado les pueda otorgar, al igual que de los beneficios que el sector empresarial o el crimen organizado proporciona.
Campaña del 2017, manchada por narcoactividad
Sin duda alguna, la captura y enjuiciamiento de Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dejo en evidencia y claridad como la política fue permeada por el narcotráfico. Los narcotraficantes que declararon en el
juicio en Nueva York, fueron contundentes al afirmar que hicieron aportes millonarios a la campaña de Hernández, e incluso a la del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Ese hecho, para los analistas políticos, evidenció lo que la sociedad sospechaba que acontecía en el país: el narco financiamiento de las campañas políticas.
Pero es en esta parte de la historia cuando se cuestiona a quienes han asumido cargos dentro de la Unidad de Política Limpia. “Dijeron que en el proceso electoral no hubo problemas con el narco, que el narco no financió campañas, pero ellos no tiene la certeza porque ahora con los testimonios que están saliendo se está diciendo todo lo contrario, que la penetración del narcotráfico en el financiamiento de campañas data de mucho tiempo atrás y que cada vez está cooptando”, dijeron los consultados.
La pregunta que surge es: ¿por qué los comisionados de la Unidad de Política Limpia pueden asegurar que no hubo financiamiento ilícito en la campaña política anterior?
“Siento que eso los obliga, de cara a este próximo proceso electoral, a no tener excusas. Por ejemplo, que entraron contra reloj; ellos deberían hacer un mapeo específico que pudiera dar fe, un informe o estudio de casos o resultados que apunten hacia las formas de operar de las narco- campañas y hacia las formas lícitas de financiarse las campañas políticas”, dijo Mejía.
Tanto Mejía como Ramírez coinciden en que la Unidad de Política Limpia y la Ley de Política Limpia deben fortalecerse. Sin embargo, existe el temor que con la elaboración de la nueva Ley Electoral en el seno del Congreso Nacional, a la Unidad de Política Limpia y puedan dejarla como una dependencia técnica, como un departamento o “una oficinita” a la que le van a quitarle facultades, para convertirla en un parasito del elefante que se creó.
Mejía también señala que la sociedad civil está muy dispersa en sus funciones y el país tiene escenarios cambiantes. “Entonces cuando vuelva el proceso de elecciones se volverá la vista a la Unidad de Política Limpia. La sociedad civil va a volver a presionar ya cerca de las elecciones, cuando debería ser desde antes para estar alerta a todas estas cosas, pero están ahorita peleando para que se renueve el convenio con la MACCIH y el Congreso está aprobando otra serie de legislaciones en el Código Penal, con los temas de libertad de expresión y entonces la organizaciones se están moviendo de un péndulo a otro y eso impide que concentre sus acciones en presiones más efectiva”, indicó la periodista.
Los diversos blindajes a través de acciones para evitar ser llevados ante la justicia, que han aprobado en los recientes meses las elites de poder, genera desencanto entre la sociedad, la que no siente apoyo para emprender una lucha, más con una notoria ausencia de liderazgo político y social que la lleve a salir del confort de la casa, de las redes sociales desde donde es más fácil cuestionar, replicar y hacer la revolución, dicen los consultados.
“La población siente que David está luchando contra un Goliat, pero un Goliat más fuerte que el bíblico, más blindado y más perverso”, dijo Mejía.
Ramírez concluye diciendo que el panorama es negro, No cree que en el próximo proceso electoral se presenten cambios significativos en los procesos democráticos porque la población, además de estar captiva y empobrecida, tiene muy bajo nivel educativo y muy cimentado el bipartidismo. “Hay que ser pragmáticos, no hay mucha esperanza de cambio con esta ley, lo que hay que hacer es tener casos emblemáticos, hay que hacer denuncias ejemplares. La Unidad de Política Limpia, tiene que mandar un mensaje el Sistema de Justicia Electoral que se está desarrollando. Debe tener la capacidad de resolver estos casos una vez que las demandas entren en el sistema electoral de justicia, pero yo no creo que se tengan grandes resultados dadas las condiciones del país”, dijo al cierre de la entrevista.
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