Autores del documento: Sergio Ulloa / Lucía Vijil / Bladimir López
Introducción
Honduras en la actualidad vive un proceso creciente de lucha y resistencia por el acceso a tierra y defensa de bienes comunes naturales, de ahí que este análisis sea un esfuerzo por realizar una aproximación sobre los principales hechos que marcaron la coyuntura territorial durante el 2019. En el primer apartado, se realiza una descripción sobre los principales acontecimientos de la coyuntura, valorando el proceso de ascenso y reactivación de la lucha socio ambiental, detallando cual ha sido la reacción del régimen y la fuerza coercitiva del Estado y un esfuerzo por comprender el momento actual de la lucha territorial y la correlación de fuerzas.
En el segundo apartado, se hace una valoración de los principales hechos de resistencia que se suscitaron en la coyuntura, casos emblemáticos de criminalización y asesinatos contra el liderazgo territorial, la importante lucha de las mujeres hondureñas y las alternativas no capitalistas que se vienen tejiendo desde el movimiento socio ambiental. Y, por último, en el tercer apartado se identifican y se plantean los retos del movimiento de cara al 2020.
I. Acontecimientos de la Coyuntura
A. Principales hechos y focos de resistencia de la coyuntura territorial durante el 2019[1]
La creciente conflictividad socio ambiental, en sus distintas dimensiones –ambientales, políticos, sociales y culturales- ha conllevado a que el territorio, concebido como la materialización de la existencia humana y espacio de resistencia y libertad, sea el epicentro de tensiones y disputas entre actores extractivistas y comunitarios con diferencias de clases e intereses propios que defender.
En ese marco, durante el 2019 la coyuntura territorial estuvo marcada por cinco hechos importantes: i) pérdida de soberanía territorial vs reactivación y ascenso de la lucha territorial, ii) autonomía territorial vs contrainsurgencia política, iii) defensa de derechos vs criminalización, iv) creación de instrumentos legales vs remilitarización del territorio y, v) acciones de articulación nacional vs solidaridad internacional.
El ascenso de la lucha territorial ha estado marcado por la pérdida de soberanía territorial. Durante el 2019 en la región norte (Colón, Yoro y Atlántida), Sur del país (Valle y Choluteca) y Noroccidental (La Paz, Intibucá), la lucha giró alrededor del acceso a tierra, tala ilegal del bosque y los impactos ambientales causados por la minería, fotovoltaicas y empresas camaroneras.
En ese contexto de pérdida de soberanía territorial en estas regiones, las comunidades y organizaciones territoriales han realizado distintas acciones colectivas de protesta territorial (movilizaciones, plantones y bloqueos de carreteras), lo cual ha conllevado a un ascenso de la lucha territorial durante el 2019, en las regiones donde, desde años anteriores se han registrado acciones de resistencia. El siguiente gráfico detalla el número de acciones que se suscitaron en las principales regiones/focos que dan cuenta del ascenso de la lucha territorial.
Gráfico No1
Número de acciones de resistencia en defensa de bienes comunes en el 2019
Producto de la militarización de los territorios, impactos ambientales, criminalización, judicialización y asesinatos, en estas tres regiones y focos de resistencia los niveles de conflictividad son altos y han conllevado al desarrollo de un “conflicto abierto y prologando” entre comunidades que se oponen al proyecto extractivista, contra gobierno y empresas.
Resulta interesante, que, en un contexto territorial de miedo y terror, las y los pobladores de las comunidades se suman abiertamente a defender sus bienes comunes. Lo anterior está dando paso a un proceso de expansión en nuevas regiones de la lucha territorial, marcado por el intento de instalación de proyecto extractivos e inmobiliarios sin consulta en las comunidades.
Esta expansión se está registrando en la Región Centro y Sur de Francisco Morazán (Tegucigalpa, Lepaterique y Reitoca), Región Oriental (Olancho), Occidente (Lempira, Copán y Santa Barbara), proceso que en el corto plazo tiende a radicalizarse ya que las concesiones extractivistas en su totalidad se ubican en estas regiones. El siguiente gráfico detalla el número de acciones que se suscitaron en las principales regiones/focos que dan cuenta de la expansión de la lucha territorial.
Gráfico No2
Número de acciones y focos de expansión de la lucha territorial en el 2019
Producto de la “expansión de la frontera extractivista”, en estas regiones y focos de resistencia se viene desarrollo un proceso de reactivación de la lucha socioambiental– en estas regiones durante la década del 90 y a inicios del 2000 se centró la lucha ambientalista contra la minería y la tala del bosque-, que mediante acciones colectivas de protesta territorial (movilizaciones, plantones y bloqueos de carreteras), las comunidades se disputan el control de territorio contra empresas y gobierno. En estas regiones el “conflicto entra y sale” y hasta ahora no es abierto y prolongado como en las demás regiones del país donde se suscitan luchas territoriales.
Lo anterior ha desencadenado un proceso de autonomía territorial, en el cual las comunidades están reinventando mecanismos comunitarios de participación política, emprendiendo iniciativas económicas no capitalistas, nuevas formas de organización social y redes comunitarias de seguridad, que impugnan la visión dominante de desarrollo, política, cultura y de poder. Este proceso se viene experimentando de manera diferenciada en el país y todo indica que dichos procesos se van a seguir fortaleciendo y expandiendo.
Estas formas de impugnación han traído consigo un proceso de contrainsurgencia política desde los grupos de poder, quienes, a través de asesinatos, desalojos, persecución y acciones penales buscan desparecer al movimiento socioambiental. En la coyuntura de 2019 los principales focos afectados por esta política fueron la Región Norte, Sur y en menor medida la Región noroccidental y occidental.
Gráfico No3
Acciones de criminalización contra el liderazgo territorial
En el actual contexto de paralización de obras extractivas a raíz de los altos niveles de conflictividad, los grupos de poder han venido actuando con todos los recursos del Estado para bloquear los procesos de resistencia y asegurar la expansión del proyecto extractivista. Para ello se han creado nuevos tipos penales en el nuevo Código Penal que atenta contra el trabajo de defensoría que realizan las y los defensores en sus comunidades y la creación de un Decreto de Emergencia de Reactivación Agrícola bajo la dirección de las Fuerzas Armadas, lo cual atenta contra la soberanía territorial de las comunidades.
Estos hechos expresan la manera en que el proyecto extractivista en su actual fase de remilitarización opera con mayor agresividad, mediante la reactivación de una serie de mecanismo/dispositivos institucionales, legales políticos y militares, que actúan con rigurosa sistematicidad para mantener el control y monopolio sobre los territorios.
Por último y no menos importante, han sido los esfuerzos de articulación que se han realizado durante la coyuntura del 2019. Tres acciones importantes se llevaron a cabo: Encuentro de Comunidades en Resistencia contra el Proyecto Extractivista (Tegucigalpa, mayo 2019), Encuentro de Mujeres Hondureñas (Vallecito, Colón, julio 2019) y el Encuentro de Pueblos y Comunidades (Santa Rosa de Copán, noviembre 2019). Esas iniciativas han sido de mucha importancia para superar el aislamiento que persiste en el movimiento social y, además, constituyen espacios orgánicos de deliberación política entre líderes y lideresas y organizaciones que le apuestan a superar el actual proyecto extractivista.
Mencionar que todo este proceso de lucha territorial ha venido acompañado de un fuerte proceso de solidaridad internacional, como uno de los elementos novedosos de este movimiento por su capacidad de movilizar y posicionar su lucha y demandas en diversos espacios internacionales. En la coyuntura de 2019 ha sido de mucha importancia la construcción de redes de apoyo y solidaridad que en la práctica está teniendo tres resultados importantes: ejercicios de presión desde la comunidad internacional al gobierno, ayuda a superar el aislamiento y fragmentación del movimiento socioambiental y tejer alianzas internacionales con diversos espacios organizativos.
B. Momento actual de la lucha territorial y la correlación de fuerzas
El momento actual de la lucha territorial lo podemos simplificar en cuatro ideas claves. Primero, expansión y radicalización de la lucha socio ambiental por parte de comunidades rurales que se disputan con el gobierno y las empresas extractivas el control y acceso del territorio. Segundo, remilitarización de los territorios a través de instrumentos legales y políticas agrarias que buscan debilitar y desarticular procesos de lucha territorial. Tercero, profundización del Estado de excepción (pérdida de derechos), que en un contexto de remilitarización se agrava y tiende a elevar los niveles de violencia política. Cuatro, paralización de distintos proyectos extractivos en diferentes regiones del país por daños al ambiente, destrucción de la biodiversidad y violación de derechos humanos.
En ese marco la correlación de fuerzas del momento actual es un campo en disputa. Si bien favorece ampliamente al Estado y sectores empresariales beneficiados por los múltiples recursos y mecanismos con que cuentan (judicial, militar, policial y medios de comunicación). Pero, por otro lado, los movimientos territoriales disponen de capacidad de denuncia, acceso a medios de comunicación (comunitarios), movilización y solidaridad internacional que, hasta ahora, les ha permitido paralizar diversos proyectos extractivistas.
En conclusión, la coyuntura territorial nos indica que el movimiento socioambiental tiene gran capacidad de disputarle el poder a los actores que promueven el proyecto extractivista y que este movimiento, a pesar de sus diferencias y contradicciones, cuenta con capacidades para trazar líneas de acción encaminadas a avanzar en la democratización y transformación del país desde su identidad y totalidad como movimiento socioambiental.
II. Valoración de los principales ejercicios de resistencia territorial en Honduras
A. Ejercicios de resistencia
“El campamento digno por el agua y la justicia” con participación de las comunidades del sector Mezapa y Pajuiles, que, a su vez, conforman los núcleos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica (MADJ) en el norte del país, han sido los principales sujetos políticos y focos de esperanza por dos años consecutivos[2], en los cuales la construcción soberanía popular se planta frente al modelo neoextractivista.
Asimismo, el Comité de Protección del Río Reitoca ha instalado aproximadamente 4 veces su campamento, pues los desalojos[3] han sido recurrentes y violentos, este ejercicio continúo de resistencia, ha dejado como lección la necesidad imperante del respeto a la decisión de las comunidades que se han declarado libre de proyectos extractivos y lo urgente que es reducir los conflictos socio ambientales para evitar violaciones a los derechos humanos.
Y no menos importante, la resistencia de las comunidades de Azacualpa, quienes no ceden a las constantes amenazas de la empresa minera por derrumbar el cerro[4] y exhumar los cadáveres para continuar con su extracción. Azacualpa defiende las fuentes de agua, flora y fauna de la zona, al igual que los movimientos socioambientales a nivel nacional, defienden la vida.
B. Judicialización y criminalización de defensores/a
A pesar de los discursos y acciones contundentes por parte de las comunidades que se resisten a la instalación de proyectos extractivos, en documento previos, se ha evidenciado la forma en que los entes de seguridad del Estado persiguen, hostigan, criminalizan y judicializan a los defensores/as de los bienes comunes[5].
Durante este 2019, el caso Guapinol ha permanecido en la mira de la comunidad nacional e internacional, puesto que, al día de hoy, 8 defensores de Guapinol y Sector San Pedro, permanecen privados de libertad, acusados de incendio agravado (de los delitos de asociación ilícita y privación de libertad se les dictó sobreseimiento definitivo).
De igual forma, en la Isla de Zacate Grande, Municipio de Amapala, Departamento Valle, miembros la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) que hace más de 30 años defiende la playa y el acceso a tierra, han sido apresados y llevado a los juzgados de Amapala acusados de usurpación por el terrateniente, Jorge Cassis. En este caso, la criminalización permanente por parte de los miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI)[6] en las comunidades de Zacate Grande, violenta las garantías y derechos de los defensores del territorio.
C. Mujeres y lucha territorial
A la par de los procesos de resistencia comunitaria, las defensoras han tejido de manera oportuna frente a cada coyuntura, un ejercicio de reflexión, autocuidado y por supuesto, un nuevo movimiento social en Honduras[7]. El Encuentro Nacional de Mujeres, como ejercicio político, realizado en Vallecito, Colón, formó parte de los eventos cruciales para que defensoras de los territorios hablaran y se llamaran a la defensa y multiplicación de prácticas autónomas y construcción de alternativas anti patriarcales, antirracistas, inclusivas y diversas[8].
Miriam Miranda, lideresa garífuna en Honduras, este año, recibió el premio Derechos Humanos que entrega la Fundación Friedrich-Ebert[9]. Dicho reconocimiento, es también el reconocimiento a cientos de mujeres que, en Honduras, a través de diferentes manifestaciones políticas y culturales, colocan un discurso más inclusivo, alternativo y solidario frente a los intentos de las empresas y gobierno por despojar de los bienes comunes a las comunidades en todo el país.
D. Propuestas alternativas
El movimiento socio ambiental ha sido capaz de colocar en el terreno de disputa político, este reconocimiento por lo común y las apuestas comunitarias por las redes de solidaridad. Basta con ejemplos como las empresas campesinas aglutinadas en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y los diferentes movimientos campesinos en el Aguan, quienes hacen frente a una remilitarización del agro en Honduras con procesos de articulación territorial y la lucha de las comunidades garífunas que resisten con modelos de vida comunitarios que se oponen a la instalación de complejos hoteleros en la lógica de modelos violentos de acumulación de capital.
En ese sentido, el movimiento socio ambiental ha logrado mayor terreno con su apuesta, por la vida. Esa vida que se reconoce en los ríos, montañas y otros seres vivos, esa apuesta por la tierra que los vio nacer y crecer. Esta apuesta alternativa se concretiza en redes solidarias de cuidados, espacio de interlocución y debate comunitarios y esos sitios comunes que se convierten en el escenario por la defensa de la vida.
III. Retos del movimiento socio ambiental de cara al 2020
Todo parece indicar que para el 2020 la conflictividad socio ambiental seguirá su curso actual de expansión y radicalización y por parte del régimen de JOH se avizora una desenfrenada política de criminalización y remilitarización del territorio, en un contexto marcado por la crisis de hegemonía y legitimidad del régimen.
En ese contexto de riesgos y también de oportunidades, el Movimiento Socio ambiental debe de retomar su “accionar estratégico más allá de la coyuntura” y revalorar el momento político que vive el país. Consideramos que el movimiento se enfrenta a 5 (cinco) grandes desafíos en el corto y mediano plazo.
- Repolitización de la cuestión socio ambiental: Es importante la construcción de un discurso que reposicione en el imaginario social y político la cuestión indígena, garífuna, campesina, urbana y rural, como punto de partida para el debate de ideas sobre los problemas que genera el proyecto extractivista: desacumulación de capital, despojo ancestral, pobreza, cambio climático, inseguridad alimentaria, racismo, violencia de género, destrucción ambiental, pérdida de biodiversidad, migración y desplazamientos forzados, violencia y crimen organizado, etcétera.
- La rearticulación del movimiento socio ambiental: A medida avanza el proyecto extractivista van surgiendo nuevas organizaciones comunitarias que luchan por la defensa de sus bienes comunes y de igual forma la represión estatal va expandiéndose. De ahí la importancia de la articulación a niveles municipales, regionales y nacionales en los esfuerzos de avanzar en la constitución de un bloque social de resistencia territorial que se plantee el accionar táctico y estratégico del movimiento.
- El debate de las ideas y la construcción de alternativas no capitalistas: Hasta ahora la resistencia ha sido la única alternativa de las comunidades para hacerle frente a la ofensiva extractivista, es importante la construcción de redes de saberes y espacios de pensamiento desde el movimiento socio ambiental como punto de partida para el debate de las ideas y la construcción de las alternativas no capitalistas al proyecto extractivista.
- Repontecialización de la autodefensa territorial: En el actual contexto de remilitarización de los territorios es de suma importancia repotencializar los actuales procesos de autodefensa territorial (autoconsultas comunitarias, cabildos abiertos, observatorios de derechos humanos, denuncias, radios comunitarias, etcétera), como puntos de partida para resguardar y preservar la autonomía territorial y la integridad física de los y las integrantes de las comunidades.
- Replanteamiento de los procesos de incidencia política: A lo largo de la historia el movimiento socio ambiental se ha caracterizado por su capacidad de diálogo y negociación con entes públicos y privados. En el actual contexto, existen distintas oportunidades para la incidencia (local, nacional e internacional) que son necesarias repensar y retomar en los esfuerzos de ir solucionado los problemas de fondo que genera el proyecto extractivista.
Los retos que se plantean en la medida de lo posible deberán proporcionar insumos para lograr en el corto plazo tres aspectos importantes: principios básicos para la articulación, agenda de lucha común y un plan estratégico de acción política. Experiencias socio ambientales de México, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Chile, dan cuenta de la sostenibilidad y persistencia de los movimientos socio ambientales cuando se encuentran y complementan esos tres aspectos básicos.
DESCARGAR: Coyuntura CESPAD-dIC2019-convertido
[1] Los gráficos que se exponen en este apartado son datos recopilados de monitoreo periodístico y de redes sociales (Twitter) en las cuentas oficiales de organizaciones que realizara trabajo de defensoría en el país.
[2] Vea: https://wp.radioprogresohn.net/campamento-de-pajuiles-dos-anos-construyendo-soberania-popular/
[3] Vea: https://v1.cespad.org.hn/2019/04/25/alerta-por-defensa-del-rio-petacon-pobladores-de-reitoca-son-violentamente-desalojados/
[4] Vea: https://v1.cespad.org.hn/2019/11/04/alerta-en-azacualpa-aura-minerals-continua-exhumando-cementerio-en-busca-de-mas-oro/
[5] Vea: http://v1.cespad.org.hn/2019/09/17/coyuntura-desde-los-territoriosque-estrategias-utiliza-la-empresa-minera-para-criminalizar-a-las-y-los-defensores-del-agua-en-guapinol-y-san-pedro/?fbclid=IwAR0bJsOyh4wFGJuLRzawfNgym_tcaxixbsEIEp_GdltrAlvasv3lsp3UGQc
[6] Vea: http://www.conexihon.hn/index.php/mirada-al-sur/1253-zacate-grande-exige-cese-a-la-criminalizacion-de-las-y-los-defensores-del-territorio
[7] Vea: http://v1.cespad.org.hn/2019/11/01/coyuntura-desde-los-territorios-mujeres-insurgentes-tejiendo-un-nuevo-movimiento-socio-ambiental-en-honduras/
[8] Vea: https://wp.radioprogresohn.net/encuentro-nacional-revitaliza-energias-y-rebeldias-de-mujeres/
[9] Vea: http://www.fesamericacentral.org/honduras/sindical/details/La+FES+honra+a+MIRIAM+MIRANDA%2C+activista+hondureña%2C+con+el+Premio+de+Derechos+Humanos+2019.1074.html
