Sobre la base de preguntas como, ¿qué piensan los hondureños de la corrupción?, ¿cómo ven los intentos desde el gobierno para combatirla?, ¿qué tanto conoce y cómo valora la población hondureña la labor desplegada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Impunidad (MACCIH)?, ¿confía la ciudadanía en la MACCIH? o ¿respalda la extensión de su mandato?, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta los resultados de la primera encuesta de percepción ciudadana sobre la corrupción y el papel de la MACCIH en Honduras, para combatirla.
Los resultados de la encuesta, que se realizó entre el 11 y 17 de octubre en las dos principales ciudades de Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), se presentan en el marco del tiempo previsto para que el gobierno de Honduras renueve o no, el mandato de la MACCIH, el que caduca en enero del 2020.
Los resultados de la encuesta reflejan a una ciudadana que considera que la corrupción es elevada y ha inundado todos los espacios de la vida política e institucional de Honduras. Los porcentajes más altos de corrupción se los atribuyen a los partidos políticos (88%), a la policía (86%) y la Presidencia de la República (86%). Pero estos niveles no son nada lejanos de los restantes. Aún para las entidades municipales (82%), el Ministerio Público (82%) y las Fuerzas Armadas (81%), la pérdida de credibilidad y el desprestigio de estas instituciones es notoria para la ciudadanía. Los partidos políticos, vistos individualmente, sufren igual descalificación ciudadana: el Partido Nacional es el que más se cuestiona, con un 86% de corrupción, pero también el Partido Liberal y el Partido LIBRE se valoran con un alto involucramiento en corrupción, con 71% y 70%, respectivamente. Los restantes partidos que resultaron señalados en la encuesta muestran niveles alrededor del 50%.
Pero es en ese escenario “apocalíptico sobre la corrupción y la impunidad”, medido con otras variables que se describen en el informe de manera detallada, que la ciudadanía valora a la MACCIH y apoya su continuidad. Después de 4 años de labores, la MACCIH es ampliamente conocida por la ciudadanía hondureña. Solo el 14% de la población no ha escuchado hablar de la MACCIH, pero en el otro polo, el 33% de la población ha escuchado hablar mucho de la MACCIH, un 26% algo y otro 22% poco. Sin embargo, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), la contraparte nacional de la MACCIH, es apenas conocida por el 31% de la población, mientras el 61% no sabe de su existencia, con un restante 8% que no respondió a esta indagación.
El conocimiento de la MACCIH por la población se extiende a los casos que ha presentado ante el sistema de justicia. El 70% de los entrevistados manifestó haber escuchado de los casos, pero la identificación se centra principalmente en tres de ellos: Caja Chica de la Dama, La Caja de Pandora y Licitación Fraudulenta del IHSS.
Los resultados de la encuesta establecen una valoración significativa, aunque modesta, a la MACCIH. La valoración ciudadana va buena y muy buena (38.5%), a regular (47.3%). Solo el 14% otorga mala y muy mala. Es significativo, por consiguiente, que sólo el 14% desapruebe la gestión de la MACCIH.
Sobre su efectividad en reducir la corrupción también se manifiesta el mismo patrón de valoración. El grueso de opiniones se centra en una valoración que va de poco (28%) a algo (30%), con un 16% que considera que ha influido mucho en reducir la corrupción. De nuevo, solo una minoría, de 17%, considera que no ha influido en nada.
Las razones para esa valoración ciudadana no parecen antojadizas. La población piensa que el aspecto más influyente en el actual nivel de efectividad para combatir la corrupción es que en los casos presentados por la MACCIH, todavía no se enjuician ni capturan los autores intelectuales o “peces gordos” del hecho delictivo. Esto representa el 26% de las causas. Le sigue, con 23%, la falta de respeto y aplicación de las leyes en el país y la supeditación de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo (violación a la división de poderes), con 17%.
En esa balanceada valoración sobre la MACCIH y su gestión, la ciudadanía no deja dudas sobre su apoyo a la extensión de su mandato. De manera mayoritaria, con más de dos tercios de la población entrevistada, el 65% demanda que el gobierno extienda el convenio con la MACCIH, mientras solo un 20% estaría dispuesto a su cancelación (el 15% restante no respondió).
Pero la población reconoce que este propósito tiene múltiples amenazas. A la pregunta sobre qué actores están interesados en impedir la extensión del convenio, los y las encuestadas identifican a los poderes del Estado, principalmente a la Presidencia de la República, con 26%, y al Congreso Nacional, con 23%. El Poder Judicial y las mafias vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico, con 19% y 17%, respectivamente, son señaladas en un segundo plano. Y en el final, la Embajada de Estados Unidos y la empresa privada, con porcentajes de 7% y 8%, en su orden.
Al profundizar en el señalamiento a la empresa privada como uno de los sectores opuestos a la extensión de la MACCIH, se aprecia que para la población consultada serían las grandes empresas nacionales las principales adversarias a dicha extensión (43%), seguidas de los dueños de bancos y financieras y de grandes empresas extranjeras, ambas con 24%. El juicio popular excluye a los pequeños y medianos empresarios, ya que solo les atribuye el 5%.
En conclusión, la persistencia y acrecentamiento de la corrupción y los pocos resultados obtenidos, parecen ser las razones de que la población tenga una baja valoración acerca de los avances en la lucha contra la corrupción. En este marco, se juzga que la labor anticorrupción del gobierno ha sido deficiente y la ciudadanía ha perdido de manera significativa la confianza en las instituciones del Estado y del sistema político.
Pero, por otro lado, la ciudadanía se permite un espacio de esperanza alrededor de que la erradicación de la corrupción será posible y confía, para ello, en la MACCIH. Hay una leve mayoría de los y las que confían en que la MACCIH logrará detener o erradicar la corrupción y una parte de ellos ve a esta entidad como conductora de la lucha anticorrupción a futuro, lo cual reafirma el apoyo a la extensión de su mandato.
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