Autoras del documento: Nancy García / Lucía Vijil
Edición: Claudia Mendoza
Ya lo ha dicho Global Witness, Honduras
es el país más peligroso para defender
el medio ambiente y bienes comunes[1].
Pero, ¿qué implica ese argumento para
las defensoras, en realidad?
¿De qué deben estar alertas?
¿Por quienes defienden el territorio?
I. Contexto nacional en el que conviven las defensoras del territorio
Durante los años 2016 y 2017, la Red Nacional de Defensoras, una estructura de mujeres que se creó en el 2009 para acompañar a mujeres que defienden sus territorios en el país y que han enfrentado y siguen enfrentado abusos y violaciones a sus derechos, registró un total de mil doscientas treinta y dos (1, 232) agresiones sufridas por defensoras, sus familias y organizaciones[2]. El mismo documento de registro establece que los ataques contra la integridad y la reputación de las defensoras representan el mayor porcentaje en relación con otras formas de agresión, que alcanzan el 24% del total. Por otro lado, durante el 2019, al menos 6 mujeres[3] han sido asesinadas por su labor de defensoría. Lo más lamentable es que todos los casos permanecen en la completa impunidad.
Describir, reflexionar y analizar a profundidad sobre el contexto al que se enfrentan las mujeres que en las comunidades del interior país han asumido un papel beligerante, de defensa de los ríos, bosques y/o territorios, es una tarea pendiente. Si bien se enfrentan a los peligros propios de la lucha, su condición de mujeres las somete a otras situaciones que las coloca en desventaja en relación con los hombres.
En el sentido anterior, el contexto nacional para las defensoras de los territorios en Honduras no es fácil por las condiciones propias que se han generado desde el Estado y gobierno, más las que arrastra su propia condición de mujer. Al analizarse, 4 situaciones lo marcan:
- Ofensiva extractivista en las comunidades y territorios
La ofensiva extractivista en las comunidades se manifiesta claramente con el aumento de número de concesiones a nivel nacional, tal como lo indica el informe “Territorios en Riesgo II”[4], hasta julio del 2018, año y fecha en la que el Estado de Honduras registraba 540 concesiones mineras y 307 proyectos de generación de energía, abarcando el 65% de los municipios de Honduras.
El aumento del número de empresas extractivas instaladas se refleja en daños significativos en la salud de las mujeres, ya que al asumir tareas domésticas y de cuidado familiar, se ven expuestas en mayor proporción a las enfermedades provocadas por la contaminación ambiental en sus comunidades: enfermedades en la piel por agua contaminada, enfermedades respiratorias por exposición al polvo, resultado de las explosiones con dinamita en cerros, etc.
Asimismo, las empresas extractivas están propiciando nuevos escenarios de violencia hacia las mujeres con la presencia de hombres, guardias de empresas privadas y extranjeros en las zonas que, de acuerdo con las mujeres de las zonas, están propiciando la prostitución, trata de mujeres y agresiones sexuales.
2. Redes de corrupción estatales
Los movimientos socio-territoriales han denunciado cómo los funcionarios de las instituciones estatales, junto a las empresas extractivas en Honduras, llevan a cabo procesos ilegales utilizando como mecanismo, las llamadas redes de corrupción con las que también han cooptado los recursos naturales del país.
Un caso emblemático al respecto, es el que en marzo del 2019, dio a conocer la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MACCIH), cuando anunció la investigación del caso “Fraude sobre el Gualcarque”, en el que se acusa a 16 funcionarios y ex funcionarios del Estado de delitos contra la administración pública, para apoyar que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el contrato de operaciones, contrato de suministro de potencia y de energía[5].
La investigación partió de la denuncia de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora de los bienes comunes de la naturaleza, asesinada precisamente por denunciar arbitrariedades en el proceso de concesión del Río Gualcarque, al igual que las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, en especial los de las comunidades Lencas. Este caso, que se evidenció a escala mundial, es uno de decenas a través de los que se han evidenciado los procesos de concesiones de los recursos naturales en los cuales la institucionalidad hondureña se acopló a la dinámica de las empresas extractivas, vulnerando derechos humanos en las comunidades.
3. Militarización de los territorios
Los dos puntos mencionados anteriormente no podrían concretarse si no se contara con la complicidad de las fuerzas policiales y militares, de inteligencia y de seguridad privada, que constantemente vigilan, persiguen, hostigan y asechan a las mujeres que defienden los territorios.
Un estudio realizado por el CESPAD[6] reveló cómo en el conflicto de Guapinol, la campaña de intimidación policial y militar dio resultado positivos. Según los resultados de una encuesta que se realizó durante el estudio, el 75% de la población indicó que la presencia militar les generó inseguridad y terror. Las estrategias de terror, acompañan de manera proporcional a todos los focos de conflicto, pero las mujeres defensoras asumen doble riesgo precisamente porque las armas son los indicativos más potentes del poderío patriarcal sobre los territorios y en el caso de las mujeres, ese poderío se extiende de diferentes formas, hasta sus cuerpos.
Las defensoras en su doble rol de protección, resguardan sus recursos naturales y aseguran condiciones mínimas y básicas para sus familias. La exposición de ellas es aún mayor en territorios militarizados.
4. Patrones machistas y racistas
El contexto para las defensoras si bien es cierto es el mismo que enfrentan los hombres, varía por la condición misma de ser mujer. Los patrones de comportamientos patriarcales y racistas, tanto en sus hogares como en el ámbito de acción política, dentro de sus organizaciones, delinean un problema serio para las mujeres defensoras.
Estos patrones y violencias machistas se manifiestan:
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- En la pretensión de los hombres en las zonas, los guardias de seguridad privados, militares y policías, de tocar y abusar de los cuerpos de las mujeres. En algunas zonas se han denunciado violaciones sexuales, siempre al tenor de la pretensión de ser dueños de la voluntad y de los cuerpos de las mujeres de las comunidades, al igual que de las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza. A este tipo de acciones, las consultadas le denominan: control de los cuerpos de las mujeres.
- En la imposición de los hombres del comportamiento que deben tener las mujeres dentro y fuera del hogar. Las defensoras se ven en la disyuntiva de luchar para evitar ser relegadas solo a las tareas del hogar, las que implican cuidar los hijos, mantener limpias las casas o tener preparados los alimentos del resto de los miembros de la familia. Muchas mujeres y defensoras han luchado contra la obligación que imponen los hombres sobre no opinar de política, del cambio climático y muchos menos a involucrase dentro de las estructuras de liderazgos comunales.
- En la burla y prohibición por parte de los hombres, de poner en práctica nuevas formas de supervivencia económica. Las mujeres consideran que es tiempo de mutar a nuevas relaciones colectivas de producción y consumo, como una mejor garantía de sobrevivencia de las familias de las comunidades.
- En la consideración de burdo y sin sentido, por parte de los hombres, del traslado generacional de patrones y saberes culturales y ancestrales.
II. ¿Quiénes son ellas?: los rostros en defensa de los territorios
Son cientos de mujeres las que defienden los bienes comunes de la naturaleza en Honduras. Sin embargo, hay relatos cotidianos, vivencias, enfrentamientos contra el poder y apuestas colectivas que las hace encontrarse. Identificamos algunas de las mujeres que están resistiendo frente a esta ola neo extractivista:
Miriam Miranda Chamorro. Desde el 2008 es la coordinación de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
“Para nadie es desconocido que hoy por hoy y a lo largo del planeta, somos las mujeres quienes estamos al frente de la lucha por la defensa de los recursos naturales, los bienes comunes de la naturaleza en los territorios, la defensa de los ríos, las semillas, los bosques, etc. Por eso, también somos las mujeres las que estamos enfrentando una mayor estigmatización, criminalización, judicialización y asesinatos”[7].
Esly Banegas. Desde muy joven estuvo afiliada a El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), haciendo un trabajo por el reconocimiento y respeto de los derechos laborales y recuperación de tierra para los y las campesinas. En 1997 fue participe de la fundación de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán (COPA) y desde 2014 ha estado al frente de la defensa de los bienes comunes del sector San Pedro y el río Guapinol[8].
“He sido una luchadora que se aferra a la necesidad de cambiar las condiciones de vida como pueblo, que se nos respeten los derechos. Esta lucha es de todas y debemos alzar la voz por aquellas que no han tenido esa oportunidad. A pesar de todo, siento que quieren callarnos y esa decisión de no lograr que nos callemos, eso es lo que nos hace seguir adelante”.
Rode Murcia, es descendiente de los indígenas Maya-Chortí. Su abuela Nepatalia Lara era maestra y fue una de las mujeres que la inspiró para defender los derechos de su población. Sus inicios en la lucha están enmarcados por las amenazas que han tenido por parte de empresas que pretender instalar mineras en la zona. Es parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH) y sub coordinadora de la Coalición Ambientalista de Copán[9].
“Estoy más que convencida que sin nuestra participación en la defensa de nuestros territorios la lucha no saldrá adelante. Somos las mujeres quienes en su mayoría encabezamos la lucha territorial y del país. No solo defendemos nuestro territorio, también el cuerpo. Tenemos una lucha constante contra el patriarcado. La revolución en Honduras la haremos las mujeres”.
Donatila Girón creció cercana a los ríos, los bosques y los animales. A los 15 años empieza a dar sus primeros pasos en la lucha como facilitadora de procesos educativos. Fue mediante una amiga que la invitó a participar en una reunión del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH), que decide involucrarse en la defensa del agua, los bienes comunes de la naturaleza y los derechos de los pueblos originarios. Además, es parte de Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Honduras, (CONAMIN)[10].
“Me interesa que todas las mujeres se involucren. En estos momentos tenemos muchas mujeres marginadas y con la participación en las comunidades irán conociendo los derechos que tenemos”.
Estas defensoras han conquistado la participación en los espacios organizativos y se han posicionado a nivel nacional, regional, local e internacional. La lucha por la defensa de los bienes comunes es la lucha de su cuerpo, su territorio y es través de sus pensamientos que buscan una nueva forma de mirar al mundo y de verse en él.
Las voces que rompen el cerco mediático
Las mujeres en las comunidades no solo se enfrentan al despojo de los bienes comunes de la naturaleza, también se enfrentan a la ausencia de canales o mecanismos para hacerse escuchar y contarle al mundo lo que acontece tierra adentro, en sus comunidades. Los medios de comunicación corporativos continúan respondiendo a una lógica en la que confluyen el sector empresarial, político y los propios dueños de esos medios de comunicación que coartan el derecho de participar y acceder a frecuencias que permitan crear nuevos medios, a través del proceso legal que establece la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
La mayor concentración del espectro radioeléctrico está en manos de grupos empresariales que poseen una importante cantidad de frecuencias. En contraposición, de las radios comunitarias solo han otorgado siete licencias: 4 pertenecen a emisoras evangélicas y 3 radios comunitarias[11]. Cuando hablamos de radios comunitarias en este escrito, nos referimos a aquellas que responden a las demandas específicas de los movimientos socio territoriales.
El Estado de Honduras ha hecho caso omiso a la advertencia realizada en 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de asignar la administración del espectro radioeléctrico a un órgano independiente de injerencias del poder político y económico[12].
Frente a este cerco mediático, muchas mujeres que están defendiendo los territorios han ido luchando por adquirir y mantener sus propios medios comunitarios, específicamente dentro de espectro radiofónico.
En Tocoa, Colón, Ada Díaz, integrante de COPA, es una de las voces que ha mantenido informada a la población, transmitiendo desde “La Voz del Aguán”. Ada reside en Trujillo, pero la distancia se ha convertido en un motor para seguir trabajando. Tiene 5 años de ser parte de la organización y 2 de formar parte de la radio.
“Es de llevar una palabra crítica a la sociedad que está completamente desinformada, no sabe ni como defender su territorio. Desde la radio es una herramienta, es la voz que se lleva a la gente que todavía no está consciente de la situación que vive”, Ada.
Tania Carolina Hernández es originaria de Intibucá y forma parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Actualmente es la presentadora del programa de mujeres “Canasto de Palabras”, transmitido a través de la radio Guarajambala, en la frecuencia 97.1 FM[13].
“Cuando hablamos de las radios comunitarias, se convierten en ese instrumento mediante el cual viabilizamos la palabra de nuestras compañeras. Desde el momento en que traemos testimonios desde las propias comunidades que están en lucha y resistencia constantemente y en el tema de búsqueda de justicia para la compañera Berta, se ha vuelto un arma bien importante”, Tania.
Bety Castañeda es parte de La Red de Comercialización Comunitaria Alternativa (Red COMAL), y trasmite el programa “La mujer de Hoy”, de la radio “Los hijos de Puca”, en alusión a la montaña donde residen. Desde la radio ha logrado llegar a los hogares y frenar la tala de bosques en la zona. Bety, es la única mujer que está en la radio[14].
“Las mujeres debemos involucrarnos Debemos despertar, que nosotras podemos cubrir esos espacios. Nosotras tenemos derecho a decir no a muchas cosas”, Bety.
María Dolores, reside en San Juan Pueblo Atlántida y es parte de “Radio Dignidad”, una apuesta de comunicación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Transmite el programa “Atardecer en el Atlántico”, el espacio informativo de la organización.
“Siempre creemos que es importante la voz de las mujeres en la radio. Desde otro espacio, espacios organizativos también participan otras compañeras. En algún momento se suman en espacios de la radio, cuando se hacen programas de análisis. Allí están ellas. Y así compañeras de los diferentes sectores que hay luchas territoriales”[15].
A través de las radios comunitarias, las mujeres han visibilizado las apuestas de las organizaciones a las que pertenecen, comenzando con la democratización de la palabra para que exista una pluralidad que represente a los sectores que históricamente han sido despojados y vulnerados de sus derechos. De igual forma, luchan por el respeto de los derechos humanos, tomando como partida el derecho a la comunicación.
Se han planteado otra forma de crear, narrar, contar las vivencias de las comunidades, de forma aislada a la cultura dominante de la comunicación, convirtiéndose así en la voz de la organización que da participación y representación a las diferentes voces, culturas y costumbres de una comunidad.
Estas mujeres han creado otra mirada de la comunicación, la que no reproduce estereotipos sobre los roles tradicionales de género que impone el sistema patriarcal. Han roto con la idea de que solo los hombres pueden acceder a los espacios públicos, haciendo uso de medios como la radio, la televisión y la prensa escrita. Ellas han tomado la palabra de muchas mujeres y han colocado no solo los intereses organizativos, sino la lucha de las mujeres para romper esa brecha desigual que histriónicamente les ha negado la participación en los espacios públicos.
III. Desafíos delas mujeres frente al Estado y al movimiento social-territorial
La acción de defensoría territorial implica riesgos y cada una de las defensoras sabe que en un estado de indefensión, como el de Honduras, difícilmente podrán tener respuesta frente a los diferentes riesgos y situaciones de vulnerabilidad a los que se enfrentan.
Desafíos de las mujeres frente al Estado:
- La lucha contra el uso de la normativa penal con la que se criminaliza la acción de defensa territorial, como el caso de la comunidad de Guapinol, en donde los/las defensoras de los bienes comunes fueron judicializados en juzgados de jurisdicción nacional, incumpliendo así, con las diferentes recomendaciones[16] y estándares internacionales de organismos de derechos humanos respecto a la judicialización de defensoras.
- La política de seguridad y defensa nacional que agudiza la forma en que se vigila y hostiga a los diferentes puntos de conflicto territorial y que hace uso desproporcional de la fuerza en contra de las defensoras.
- La influencia y aparente colusión de las empresas extractivas con las instituciones del Estado, representa un grado más alto de indefensión para las personas que ejercen defensoría de derechos humanos, puesto que los intereses de las empresas se sobreponen ante el interés común de las comunidades.
- El incumplimiento por parte del Estado de Honduras, de las obligaciones enmarcadas en los 3 principios rectores de Empresa y Derechos Humanos, especialmente en el tema de las reparaciones de daños por parte de las empresas a las comunidades, muchos menos desde un enfoque de género.
Desafíos frente al movimiento socio territorial en Honduras
- Incorporación de agendas feministas en la lucha de los movimientos socio-ambientales. Existen casos positivos en los que ya ha habido avances, resultados de diálogos y redefinición de las posturas políticas de las organizaciones. Sin embargo, aún hay debates pendientes que deben darse entre organizaciones para una apuesta política más integral y de reconocimiento a la labor de las defensoras.
- Aumentar el número de mujeres en posiciones de poder en el marco de las decisiones al interno de las organizaciones, asegurando que los temas de interés para las defensoras sean siempre un punto sobre las discusiones.
IV. Apuestas en construcción
Dentro de las propuestas de acciones por parte de las defensoras de los bienes comunes, se identifican 4 apuestas para la transformación de los entornos de acción política y de convivencia:
- Radicalización de la democracia, entendiéndose como la facilitación del diálogo e interacción entre defensoras, movimientos y comunidades. Este ejercicio, con el objetivo de romper las estructuras de la democracia representativa de partidos políticos, es una apuesta a la apertura de nuevos y mejores canales de participación ciudadana como puntos de partida para la descentralización del poder y de discursos.
- La gestión de lo común/colectivo exige enfrentar el sistema económico vigente, para que se garanticen los derechos a la subsistencia, en los cuales la propiedad estatal se oriente a la función social y a la protección colectiva. También son necesarias nuevas formas comunitarias de convivencia, lejos de la mercantilización de cada uno de los que deberían ser derechos asegurados (bienes comunes).
- Reconocimiento, conservación y respeto de los saberes, valores culturales y cosmovisiones de las defensoras, dentro de las comunidades.
- Transformación de la política nacional a una política integral, que parta de lo común/colectivo, que reemplace el individualismo y el despojo por la acción colectiva y gestión comunitaria de los bienes comunes.
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[1] https://www.globalwitness.org/it/campaigns/environmental-activists/honduras-el-país-más-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/
[2] http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Agresiones-a-defensoras-2016-2017.pdf
[3] Red Nacional de Defensoras Entrevista. Octubre, 2019.
[4] https://cng-cdn.oxfam.org/honduras.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Teritorios%20en%20Riesgo%20II%20-%20Minería,%20generación%20de%20energía%20eléctrica%20e%20hidrocarburos%20en%20Honduras.pdf
[5] http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/docs/MCH-004.MACCIH-OEA-y-UFECIC-MP-presentan-noveno-caso-de-investigacion-penal-integrada-Fraude-sobre-elGualcarque.pdf
[6] http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2019/08/Guapinol-WEB.pdf
[7] https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/noticia/miriam-miranda_858146/
[8] Entrevista a defensora de los derechos humanos de la zona norte. Tegucigalpa, octubre de 2019.
[9] Entrevista a defensora de los derechos humanos de la zona occidental. Tegucigalpa, octubre de 2019.
[10] Entrevista a defensora de los derechos humanos de Marcala. Tegucigalpa, octubre de 2019
[11] Datos sustraídos de conversación con Helen Ocampo, Periodista. Progreso, octubre de 2019.
[12] http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf
[13] Entrevista a la comunicadora de COPINH. Tela, octubre de 2019.
[14] Entrevista a la comunicadora de COMAL. Tela, octubre de 2019.
[15] Entrevistas a la comunicadora del MADJ. Tegucigalpa, octubre 2019.
[16] Sobre este punto, como resultado de la observación in loco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realizó del 30 de julio al 03 de agosto del 2018, destacó su preocupación por procesos penales de usurpación, injurias y calumnias, atentados, o la amenaza de presentar demandas civiles en contra de las personas que defienden los derechos fundamentales de la población como método para obstaculizar su labor.
