Pese a que, desde el 13 de septiembre del 2019, la Jueza de jurisdicción nacional Lisseth Vallecillo, ordenó, mediante una orden de “inmediato cumplimiento”, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se niegan a trasladar a los 7 defensores de las comunidades de Guapinol y de San Pedro del Centro Penal llamado “La Tolva”, ubicada en EL Paraíso, al Centro Penal de Olanchito, en Yoro.
Los 7 defensores guardan prisión desde hace dos meses, luego de que la misma Jueza Vallecillo les decretara prisión preventiva, sin dar detalles que motivaran la emisión de la medida judicial. Los 7 pobladores son líderes en la lucha que enfrentan las comunidades de San Pedro y Guapinol, ante la instalación arbitraria e inconsulta de Los Pinares, la empresa que pretende la explotación minera en Tocoa, Colón, departamento al cual pertenecen estas comunidades.
La jueza Vallecillo ordenó trasladar a los defensores al Centro Penal de Olanchito, debido a la forma arbitraria en que fueron llevados a “La Tolva”, una cárcel de máxima seguridad construida para criminales de alta peligrosidad, en donde se les limita su derecho a las visitas familiares, a la defensa, e incluso a una alimentación adecuada.
Los abogados de los 7 pobladores han dicho de forma pública que la jueza emitió una orden de inmediato cumplimiento, sin embargo, el INP ha hecho caso omiso de la resolución de la jueza, incurriendo en el delito de desobediencia. Esta arbitrariedad ha motivado a defensores y defensoras a nivel nacional e internacional unirse y exigir “Traslado Ya” y “Libertad para Guapinol”.
Las comunidades de Guapinol y San Pedro, son parte de las decenas de comunidades que en Honduras enfrentan conflictos por empresas que explotan sus recursos naturales sin haberse hecho una consulta previa, violentándose las obligaciones contraídas por Honduras con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este contexto de violación de la dignidad humana de los defensores de los bienes comunes, desde el Centro de Estudio de la Democracia (CESPAD), exigimos:
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- A las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario hacer efectiva la orden del juzgado y que se traslade de forma urgente y pronta, a los 7 defensores de Guapinol, de La Tolva a la cárcel de Olanchito.
- Al Ministerio Público, dar seguimiento a la denuncia hecha por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, e investigar quién o quiénes enviaron, de forma arbitraria, a los 7 defensores a “La Tolva”, para que se deduzca las responsabilidades a quienes infringieron la orden.
- Al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas con el protocolo y convención de las Naciones Unidas contra la tortura y la resolución dictada por la jueza se haga efectiva la resolución judicial.
- Al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), incidir para garantizar la vigencia de los derechos de las personas privadas de libertad.
Tegucigalpa, Honduras. 25 de octubre de 2019
