Escrito por Eugenio Sosa, analista senior del CESPAD
El proceso y los resultados del juicio por tráfico de drogas y otros delitos contra Juan Antonio Hernández (“Tony Hernández”) en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tendrán un impacto político fuerte en la sociedad hondureña, y específicamente en el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH). El impacto político va más allá del veredicto final que dará el jurado. Más allá de la declaración de culpabilidad o no de “Tony Hernández”, más allá del peso que tenga la condena en el caso de que se le encuentre culpable, el impacto político será profundo y de largo alcance. ¿Cuáles son las lecciones políticas que está dejando el caso “Tony Hernández” ?, ¿cuáles implicaciones en las relaciones para JOH?, ¿cambiará la posición del gobierno de Estados Unidos en relación a JOH?, y ¿qué implicaciones tendrá para la renovación del convenio de la MACCIH?
A continuación, algunas reflexiones en tono a estas interrogantes.
Uno. Los testimonios de los testigos (narcotraficantes confesos) que ha presentado la fiscalía de Nueva York, confirma lo que en la sociedad hondureña ha sido un “secreto a voces”, los grados de involucramiento de las elites políticas con las redes del narcotráfico y del crimen organizado. Los testimonios de los testigos han aportado detalles, pero la trama general de imbricación del narcotráfico con la política hondureña era ya bastante conocida.
Dos. El caso “Tony Hernández” desnuda el colapso del sistema de justicia de Honduras. Se puede afirmar que, para judicializar las redes del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, en Honduras no ha existido, ni existe el Ministerio Público; no ha existido ni existe el sistema de investigación criminal e inteligencia. En general, el sistema de justicia de Honduras ha sido incapaz de funcionar frente a las redes de crimen organizado, que incluye a personas con poder o protegidas por las elites políticas del país.
Tres. El Ministerio Público está recibiendo duras críticas por no haber perseguido penalmente el crimen organizado y el narcotráfico. El Ministerio Público, similar a la conferencia de prensa del Ejecutivo, ha emitido un comunicado con el que busca hacer creer a la ciudadanía que están haciendo su trabajo. Entre otras cosas, en el comunicado el Ministerio Público se expone que “desde el año 2013, el Ministerio Público ha ejecutado con éxito más de 40 operaciones de privación de dominio e interpuesto requerimientos penales contra las grandes organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el país y que venían operando con impunidad desde hace décadas, implementando de esta manera acciones nunca antes efectuadas en el territorio nacional”[1]. Pero la sociedad hondureña se pregunta, ¿qué grandes organizaciones criminales han sido requeridas” ?, ¿dónde estaban esos requerimientos antes que los narcotraficantes que guardan prisión en Nueva York fueran extraditados o se hayan presentado por su propia cuenta?, ¿quién tenía los requerimientos o quién los engavetó, si es que existieron?
Cuarto. Juan Orlando Hernández (y sus funcionarios del Poder Ejecutivo), la bancada nacionalista del Congreso Nacional y el mismo Partido Nacional han reaccionado apertrechándose, acorazándose, tras un discurso de defensores de “Tony Hernández”, y su hermano, Juan Orlando Hernández. No les ha bastado la cooptación institucional que tienen, sino que han recurrido a las movilizaciones con sectores afines al Partido Nacional u obligados a través del clientelismo político, buscando neutralizar y disputar la calle a la ciudadanía indignada, que, ante la falta de institucionalidad, es lo único que le queda.
Quinto. El impacto del caso “Tony Hernández” en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tendrá impactos políticos fuertes en la sociedad hondureña en el corto, mediano y largo plazo. Es tendencioso el discurso que se ha tratado de imponer a la sociedad hondureña, en el que se insiste que, si “Tony Hernández” es declarado no culpable, se fortalecerá el gobierno, y particularmente Juan Orlando Hernández. Más allá del veredicto final de la Corte en Nueva York, el juicio contra “Tony Hernández” ha dejado al descubierto el colapso de las instituciones estatales y la desnaturalización de las funciones para las que fueron creadas. En otras palabras, el caso “Tony Hernández” deja al desnudo cómo instituciones estatales fundamentales para la justicia, fueron puestas al servicio de redes de corrupción, de redes de crimen organizado y de redes de impunidad.
Seis. ¿Qué pasará después del juicio de Tony Hernández?, es una pregunta que ronda la cabeza de varios actores de la sociedad hondureña. No es fácil responder a esta pregunta, pero hay tres variables que tendrán una fuerte incidencia.
1). ¿Continuará el gobierno de Estados Unidos apoyando el gobierno de JOH como hasta ahora lo ha hecho o cambiará producto de las abundantes declaraciones acerca de sus vínculos con los grupos de narcotraficantes?
2). ¿Los grupos de poder nacional (empresarial, mediático y militar), seguirán apoyando a JOH a pesar del desprestigio y la profundización de la pérdida de legitimidad o cambiarán su posición para buscar una salida política a la crisis actual del país?
3). ¿Qué capacidad pondrá en juego la oposición social y política para movilizar a la ciudadanía en función de la renuncia de JOH y la construcción de un gobierno de transición o una salida política similar?
Siete. ¿Todo este contexto que implicaciones puede tener para la firma de la renovación del convenio de la MACCIH?
En primer lugar, un hecho que se puede constatar es que los nuevos encargados de negocios de la embajada de los Estados Unido han bajado la intensidad de los mensajes a favor de la renovación del convenio de la MACCIH. Otro hecho es que para Trump lo fundamental sigue siendo el tema migratorio y en mucho o menor medida el tema corrupción. A lo anterior hay que agregar, que JOH producto de todas las denuncias y señalamientos con casos de corrupción y narcotráfico es casi seguro que, a futuro, estando en el gobierno o fuera de él, tendrá que comparecer ante la justicia, y la presencia de la MACCIH en Honduras será clave.
Ocho. El punto anterior, lleva a concluir que el caso “Tony Hernández” y los intereses de gobierno de los Estados Unidos, podrían estar creando un contexto adverso para la renovación del convenio de la MACCIH. En este contexto, la movilización de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil son determinantes para lograr que la MACCIH continúe en el país.
[1] Ministerio Público, comunicada ¡La verdad de los hechos!, Tegucigalpa, 14 de octubre de 2019.
