Escrito por Eugenio Sosa, analista senior del CESPAD.
Que la movilización de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía es clave en la lucha contra la corrupción, es algo que no se pone en duda. La experiencia hondureña y muchas otras de América Latina, así lo reafirman. La lucha contra la corrupción desde la ciudadanía, actuando como movimiento social empieza con el movimiento ciudadano conocido como “La huelga de hambre de los fiscales” en el 2008, un movimiento que surgió liderado por un grupo de fiscales jóvenes, desde las entrañas de una institucionalidad fallida, el Ministerio Público. “La huelga de hambre de los fiscales” es el primer movimiento social ciudadano anticorrupción en Honduras.
El movimiento anticorrupción perdió alguna continuidad, tras la crisis política que emergió, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 mediante el cual se derrocó al presidente José Manuel Zelaya Rosales. Pasaron siete años, para que surgiera un nuevo movimiento ciudadano anticorrupción en el contexto del escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Se trató de “Las marchas de las antorchas”, también conocido como Movimiento de la Ciudadanía Indignada. Este movimiento demandó la instalación de la Comisión Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), bajo la responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiendo el modelo de la CICIG[1] en Guatemala.
La marcha de las antorchas, fue un movimiento pacífico y hasta rutinario. Pero con un alto nivel de movilización activa (multitudinario) y pasiva (opinión pública favorable). En otras palabras, fue un movimiento ciudadano con altos grados de legitimidad. El gobierno de Juan Orlando Hernández respondió negociando un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluyó en la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), firmado el 16 de enero de 2016 y que se vence el 16 de enero de 2020.
El Movimiento de la Ciudadanía Indignada al no lograr que se instalara la CICIH bajo el liderazgo de la ONU, tal como lo demandaba la ciudadanía, no asumió, desde los primeros momentos de la instalación, a la MACCIH como un logro propio. Esto llevó a una paradoja: la MACCIH es producto y resultado de las movilizaciones de la ciudadanía indignada. Sin marchas de las antorchas, no se hubiera materializado en Honduras una iniciativa anticorrupción como la MACCIH, pero la ciudadanía movilizada en las marchas de las antorchas ha tenido dificultades para reconocer y asumir a la MACCIH.
Hubo sectores que vieron en un primer momento a la MACCIH como una jugada política del Poder Ejecutivo, para desmovilizar a la ciudadanía y evitar la instalación de la CICIH. La desconfianza ciudadana en la MACCIH se fundamenta en las percepciones siguientes:
- La OEA por su cercanía a los intereses de los Estados Unidos y a gobiernos conservadores en la coyuntura actual, genera mucha duda y sospecha entre los movimientos sociales en Honduras e incluso a nivel de América Latina.
- El convenio que se firmó entre Luis Almagro, secretario general de la OEA y el presidente Juan Orlando Hernández (JOH), es amplio en sus competencias y funciones, pero limitado en profundidad, ya que no permite una actuación directa, sino a través de la institucionalidad hondureña.
- En los primeros meses, la MACCIH tuvo un desempeño bastante limitado en su relación con las organizaciones de la sociedad civil.
La relación entre la sociedad civil y la MACCIH es compleja, porque en el fondo también está profundamente conectada a la relación de la ciudadanía con la corrupción. Algunos generadores de opinión pública, perciben que la ciudadanía hondureña es extremadamente tolerante hacia la corrupción y los corruptos. Varios argumentos se sostienen en esta dirección, por ejemplo: ¿Por qué con tanto escándalo de corrupción, narcotráfico y crimen organizado que salta en el escenario nacional implicando a las más altas élites políticas, incluyendo a Juan Orlando Hernández, no se produce un nuevo ciclo de movilización ciudadana anticorrupción?
Esta es una pregunta muy compleja de responder y no hay investigaciones serias que lo estén intentando. Algunos esfuerzos de explicación giran en torno a la represión, desde esta perspectiva se sostiene que el carácter dictatorial y represivo del régimen tienen bloqueada la movilización ciudadana. La otra respuesta gira hacia la ciudadanía, hacia el pueblo, el argumento no es muy claro. Pero es algo relacionado con la cultura del pueblo hondureño, como si el pueblo hondureño tuviera una excepcionalidad cultural de tolerancia a la corrupción que no le permite responder con indignación y rebeldía ante las injusticias. Esta percepción o autopercepción del pueblo hondureño no es nueva, se ha venido construyendo, incluso, desde algunos discursos académicos.
Ante el grave retroceso democrático de los últimos años, ¿ha estado pasiva la ciudadanía hondureña? Un análisis comparativo e histórico llevan a responder de manera negativa la interrogante anterior y a afirmar que la ciudadanía hondureña ha estado en movilización casi permanente. La sociedad hondureña ha producido al menos cuatro grandes olas de movilización que han sacudido el país a nivel nacional. Se trata del movimiento de resistencia contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las movilizaciones de la Ciudadanía Indignada en el 2015, las protestas contra el fraude en las elecciones generales de noviembre de 2017 y las movilizaciones de la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación Pública. A lo anterior, hay que agregar la reactivación del movimiento estudiantil universitario y de secundaria, y la prolongada, dura y desigual lucha que libran las comunidades rurales, campesinas e indígenas desde los territorios en contra del extractivismo neoliberal.
¿Pero quiénes son los que movilizan?, ¿cuál es la ciudadanía que ha estado movilizada?, ¿cuál es el rostro de la multitud?, recordando a George Rudé. Los que han estado movilizados son sectores jóvenes, urbanos, medios, por lo menos en las ciudades. Pero la ciudadanía hondureña es una ciudadanía precarizada, de baja intensidad. Sólo basta pensar que más del 60% de los hondureños y hondureñas están en situación de pobreza y más del 40% en situación de pobreza extrema, más del 40% están en situación de subempleo invisible y cerca de un millón de jóvenes y adolescentes no tienen oportunidades de estudio ni de trabajo. A lo anterior hay que agregar una institucionalidad destruida por la participación de las élites políticas en las redes del crimen organizado y en las redes de la corrupción e impunidad.
Esto ha llevado a la pérdida de la esperanza y al desencanto ciudadano y de alguna manera, al pesimismo por el cambio y el sentimiento de impotencia para llevar adelante los proyectos de vida personales y colectivos. Es una crisis social, económica, política y de desesperanza o crisis de utopía. Ante esta situación, ¿cuáles son las salidas de los hondureños y hondureñas?, una gran parte toma como salida la migración hacia Estados Unidos y, más reciente y de manera creciente, hacia Europa (especialmente a España). Gran parte de los más empobrecidos y excluidos están entregados a lo que pueden conseguir de las redes del clientelismo político y la corrupción política, los más pobres y los más excluidos no están protestando en las calles, otros sectores se enrolan en los fundamentalismos religiosos y hay quienes terminan haciéndolo en redes del crimen organizado, por lo tanto, un pequeño sector de la ciudadanía apuesta a la movilización ciudadana para empujar el cambio de la sociedad.
De allí que no es casual, que una ciudadanía precarizada y de baja intensidad, como la hondureña, no coloque a la corrupción como el problema principal, a pesar de que está asociado o atraviesa todos los demás problemas sociales y políticos. En las encuestas del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), la corrupción se ubica como cuarto problema principal, después de delincuencia e inseguridad, pobreza y desempleo. El porcentaje de ciudadanos que ubica a la corrupción como problema principal es bajo, oscila 8.2% en el 2012 y 5.3% en el 2018.
Hay un sector importante de la ciudadanía que, ante la crisis de la sociedad hondureña, ve como una opción de salida la movilización y participación ciudadana. Lo más probable es que este sector activo de la ciudadanía por el cambio de la sociedad hondureña, es el que apoya la presencia de la MACCIH en Honduras, aunque hay que reconocer que la MACCIH es un tema que genera polarización en la ciudadanía. El ERIC ha evaluado la percepción de la ciudadanía sobre la MACCIH en el 2017 y en el 2018. En el 2017 el 29.8% tenía una valoración de malo y muy malo o negativa sobre la MACCIH; el 24% tenía una valoración de regular y el 39.1% tenía una valoración de bueno y muy bueno. Mientras que en el 2018 la valoración como malo y muy malo fue de 38.2%, regular fue de 14.8% y bueno y muy bueno de 43.4%. Como puede verse se han movido los extremos, la valoración de malo y muy malo pasó de 29.8% a 38.2% y la valoración de bueno y muy bueno pasó de 39.1% a 43.4%.
La renovación del convenio de la MACCIH es fundamental para la continuidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El grado de control de la institucionalidad estatal por parte de las redes de corrupción, impunidad, crimen organizado y poderes fácticos es grande. Los aportes de la MACCIH en la construcción de institucionalidad para el combate a la corrupción y la impunidad son relevantes, pero débiles todavía y están en proceso de consolidación, como los juzgados anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP). Conociendo como han actuado hasta el momento las redes políticas corruptas ante la MACCIH y sus casos, el escenario más probable es que al marcharse la MACCIH se desmonte o desnaturalice lo poco que se ha avanzado en la nueva institucionalidad anticorrupción.
Así las cosas, el futuro de la lucha contra la corrupción en Honduras, por lo menos en el corto plazo, pasa por la continuidad de la MACCIH y su trabajo igual o mejor de como lo ha hecho hasta el momento. Juan Orlando Hernández, con todos los escándalos de corrupción y de crimen organizado en el ámbito nacional y en Estados Unidos, en los que se le implica, es posible afirmar que no tiene incentivos para la renovación del convenio de la MACCIH. Sin embargo, con más de dos años de gobierno pendientes de su segundo periodo, todavía tiene costos políticos que puede pagar si el convenio de MACCIH no es renovado. De allí el desafío de una campaña política fuerte de las organizaciones de la sociedad civil y de la movilización ciudadana por la continuidad de la MACCIH. Este es el desafío de la lucha contra la corrupción en el momento actual.
[1] CICIG: Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala
