Washington, D.C., 25 de septiembre de 2019.- En el marco del 173° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el día de hoy, organizaciones de sociedad civil denunciaron la política de represión, violencia y criminalización implementada por el Estado de Honduras para disuadir, desintegrar y eliminar por completo la protesta social en el país. De acuerdo con la información presentada por las organizaciones, el accionar del gobierno ha dejado nueve personas asesinadas, 88 heridas y más de 200 personas criminalizadas en lo que va del 2019.
La audiencia, solicitada por la Coalición Contra la Impunidad, Amnistía Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dio cuenta de los patrones implementados, de manera intencional y sistemática, para reprimir las protestas, como aquellas que tuvieron lugar en rechazo a las reformas del sector de salud y educación este año.
Entre estos patrones destacan la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza, incluyendo armas de fuego, así como el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, agresiones a la integridad física y psíquica, campañas de estigmatización, detenciones arbitrarias, y criminalización.
En particular, presentaron información actualizada sobre el riesgo diferenciado que enfrentan en este contexto las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, los y las periodistas, y las comunidades campesinas e indígenas. Con respecto a estas últimas, recordaron que nueve integrantes de la tribu indígena tolupán de San Francisco Locomapa
y ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro enfrentan actualmente procesos penales como represalia por haber instalado acciones de protesta permanente en contra dr la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.
“Como no podemos manifestarnos en Honduras, venimos hasta Washington D.C. para denunciar ante la CIDH la grave situación de criminalización, de impunidad, de nuevos ataques y asesinatos en contra de la población que se atreve a levantar la voz para defender sus derechos y sus opiniones. Tenemos personas asesinadas, personas privadas de libertad en cárceles de máxima seguridad por el simple motivo de manifestarse. Hoy exigimos que la crisis de Honduras se reconozca como tal y se tomen, de manera inmediata, las medidas necesarias para prevenir nuevas violaciones y garantizar justicia”, aseguró Martha Dubón representante de la Coalición Contra la Impunidad.
Ante lo expuesto por parte de las organizaciones, el Estado sostuvo que, durante protestas violentas, la protección de los derechos de las personas manifestantes deja de ser una obligación estatal. Sin embargo, los y las comisionadas le corrigieron, explicando que todas las protestas son pacíficas en sí mismas y que, aún frente a la ejecución de acciones individuales de violencia, el Estado tiene la obligación de respetar los límites del uso de la fuerza y garantizar los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho defender derechos humanos, los cuales reconocieron como pilares de la democracia.
Adicionalmente, los y las comisionadas expresaron su preocupación ante la situación que enfrenta el pueblo hondureño y solicitaron que el Estado informe sobre los procesos que lleva para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados, que, de acuerdo a las organizaciones se mantienen en total impunidad.
Finalmente, las organizaciones peticionarias expusieron una serie de demandas dirigidas al Estado de Honduras. Entre ellas solicitan que Honduras ponga fin inmediato al uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en las manifestaciones; se abstenga de usar indebidamente el derecho penal para estigmatizar y criminalizar a las personas defensoras; y elabore e implemente una política pública con enfoque de género interseccionalidad para garantizar las condiciones para la defensa de los derechos humanos, así como una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que garantice los derechos de los pueblos indígenas y comunidades en concordancia con los estándares internacionales en la materia.
Asimismo, solicitan que la Comisión Interamericana, así como otros organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, monitoreen la crisis de manera cercana y se pronuncien para exigir la investigación, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables de las violaciones de derechos humanos perpetradas.
