Miles de hondureños y hondureñas respondieron a la convocatoria de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, a manifestarse y a exigir la renuncia de Juan Hernández, después de que el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, en su moción del caso de Tony Hernández, lo señalara como beneficiario de 1.5 millones de dólares para financiar su campaña política electoral del 2013, dinero proveniente del narcotráfico.
A lo largo del día y de la noche del martes 6 de agosto, mientras protestaban miles de personas en diferentes puntos del país, centenares de ciudadanos y ciudadanas, entre ellas, estudiantes, periodistas, menores y ancianos fueron afectados por el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas por agentes policiales y militares que bloqueaban la libre circulación de los manifestantes.
Diferentes comunicadores sociales denunciaron la persecución de jóvenes en el Centro de Tegucigalpa y el ataque a varios estudiantes de la Universidad de Valle de Sula, quienes se encontraban al interior de un bus, dispuestos a dirigirse a sus hogares. En el mismo centro universitario, cuando todavía los estudiantes se encontraban recibiendo sus clases, agentes lanzaron más de 30 bombas lacrimógenas al interior de los edificios afectando a los estudiantes y personal de la Universidad.
Ante este contexto de violación generalizada de derechos, desde el Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD) exigimos:
- Al Ministerio Público y a la Fiscalía Especial de Protección de los DDHH a que investigue de oficio las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden y el traslado de los correspondientes requerimientos fiscales al sistema de justicia.
- Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), que garanticen el respeto a los derechos y libertades que comprende la Constitución de la Republica y demás convenios y tratados internacionales de derechos humanos.
Finalizamos, reiterando nuestra solidaridad y acompañamiento a las diferentes fuerzas sociales y políticas en su actual lucha por la recuperación del Estado Democrático de Derecho.
7 de agosto de 2019, Tegucigalpa M.D.C.
