Por: Signy Fiallos
Edición: Claudia Mendoza
Algunos videos y fotografías mostraron cuando cayeron luego de ser abatidos por las balas de militares y policías. Poblaciones enteras fueron testigo de los asesinatos que comenzaron a suscitarse inmediatamente a la ascensión ilegal e ilegítima de Juan Hernández a la presidencia de Honduras en noviembre del 2017. Casi 2 años han transcurrido desde que más de 30 hondureños fueron asesinados en medio de la crisis post electoral, por elementos del ejército y de la policía. Sin embargo, solo 2 casos han sido llevados a juicio, el resto permanece en la impunidad.
Los asesinatos de personas que se han sumado a las protestas, en contextos de convulsiones sociales por eventos políticos, equivalen a una deuda que arrastra el Estado y gobiernos con la población hondureña. Más de 50 crímenes se contabilizan durante las protestas posteriores al golpe de Estado del 2009; más de 30 durante la crisis pos electoral y en lo que va de las protestas de la población en contra de la privatización de la salud y la educación (mayo a junio del 2019) ya suman 9. El accionar del gobierno es censurado, nacional e internacionalmente, por la negligencia en la investigación de estos crímenes.
Se lo llevaron militares y apareció muerto al día siguiente
El cuerpo de Set Jonathan Araujo Andino fue encontrado el 6 de diciembre, cerca de las 2:00 de la tarde, en la aldea El Cimarrón, Comayaguela. Fue degollado y según el informe de medicina forense, el cuerpo presentaba signos de una tortura que pudo haber durado unas 15 horas, que lo llevaron a la muerte.
Según relatos de amigos y familiares, un día antes, a eso de las 8:00 de la noche, varios policías encapuchados llegaron a colonia Modesto Rodas Alvarado, de Comayaguela, donde él era activista y la persona que convocaba al resto, para sumarse a las protestas. Como acto estratégico, Set y sus acompañantes solían tomarse el puente que une la colonia Venezuela y la Pradera, cerca de su zona. La consigna aquí era generalizada: el reclamo por el fraude electoral, como una disposición emanada por la Alianza de Oposición, al igual que fustigar el segundo mandato de Hernández, por considerarse ilegal e ilegítimo.
Fotografía de Set Jonathan Araujo, proporcionada por familiares
Set fue abordado por un grupo de policías que llegaron a la zona y quienes dispusieron llevárselo. “Yo estaba en otro extremo de la toma cuando llegaron a decirme que se lo llevaban”, contó al equipo del CESPAD, un pariente de él, de quien omitimos su nombre por razones evidentes. Agregó, “Yo creo que lo amenazaron porque así como era de fuerte y grande, bien pudo haberse liado con ellos y evitar que se lo llevaron. Pero lo vimos irse junto a ellos caminando, creyendo que solo lo interrogarían, porque eso dijeron, y que pronto regresaría”.
“Al principio no nos preocupamos, pero conforme fue avanzando la noche y no sabíamos nada de él, la angustia y los peores presentimientos se fueron apoderando de nosotros”. Agregó.
El día llegó y la búsqueda incesante y dolorosa terminó con una llamada que confirmó lo peor: el cuerpo sin vida de Set había sido encontrado en un extremo de la capital de Honduras. A casi 19 meses del asesinato de este hombre de 37 años de edad, quien estaba casado y era padre de tres niños que dependían de él, la demanda de justicia por su asesinato sigue vigente. Su familia y amigos lloran y claman para que su crimen no quede impune.
Madre de set muere por el dolor del crimen de su hijo
Mientras familiares y amigos de Araujo se preparaban para velar su cuerpo, su madre, una señora de 78 años de edad, esperaba que su noveno hijo la fuera a ver al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se encontraba interna.
La madre de Set sufrió un derrame cerebral. Un amigo de la familia Araujo Andino dijo que salió del centro asistencial 5 días después de que enterraron a su hijo y desde ese día entró en depresión. Nunca logró superar la pérdida de su vástago más pequeño y dos meses después (5 de febrero 2018), también murió.
La familia aun llora la ausencia de estos dos miembros. Esperan que, en el caso de Set, se castigue a quienes le asesinaron. La muerte de la madre de Set también es consecuencia de la crisis, pero no se cuenta ni suma a la lista de decesos productos de la crisis política en Honduras.
¿Cuántas muertes han dejado la crisis pos electoral?
Podría decirse que la crisis pos electoral comenzó luego de la reelección de Juan Hernández. Sin embargo, aún y cuando los demás partidos políticos avalaron su reelección, asistiendo a la contienda electoral, el malestar de la población persiste desde que Hernández se presentó a la contienda electoral, sin que para ello se reformase la Constitución de la República. Es decir, violentando la Carta Magna del Estado hondureño.
Los asesinatos comenzaron a registrarse horas después del que se considera, fraudulento gane de Hernández. Ese episodio en Honduras ha dejado decenas de muertos, pero las cifras varían dependiendo de la entidad que las registra.
El Observatorio de la Dirección General de Medicina Forense registró 27 muertes vinculadas a la violencia postelectoral. Mientras, la Coalición contra la Impunidad cita 33. Pero, según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entre 26 de noviembre del 2017 y el 27 de enero de 2018, 37 personas fueron ejecutadas, 232 heridas, 1, 085 detenidas y 72 víctimas de tratos inhumanos. El COFADEH también registró 126 manifestaciones reprimidas, 179 acusaciones de delitos, 15 allanamientos y 12 ataques a medios de comunicación, así como el uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes.
Por otro lado, en el informe que presentó la Oficina Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se señala que, en conclusión, hubo al menos 22 civiles y un agente de policía muertos durante las protestas, 16 de estas personas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron producto del impacto de disparos efectuados por la fuerzas de seguridad.
Agrega el documento, que la fuerza de seguridad hizo “uso intencional y letal de las armas de fuego, más allá de del propósito de disuadir o de defensa propia”, por lo que recomendó que tanto la Policía Militar como las Fuerzas Armadas no participen en las funciones de aplicación de la ley.
En el informe se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación (26 de noviembre) y la toma de posesión del Presidente (27 de enero) y reiteramos, concluye que por lo menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas.
Gráfico tomado de periódico digital www.defendoresenlinea.com
MP renuente a dar información sobre asesinatos post electorales
El equipo periodístico del CESPAD solicitó información al Ministerio Público, de diversas maneras, con el objetivo de saber: ¿cuántos y cuáles de los crímenes post electorales se investigan en la actualidad, en qué etapa se encuentran, ha habido requerimientos fiscales en los casos, se ha llevado a prisión a alguno de los responsables de los crímenes?, entre otras preguntas más.
La respuesta más cercana que se obtuvo es la del encargado del departamento de Relaciones Públicas, Yuri Mora, quien le dio largas al tema sin que al final se diese la información solicitada.
Autoridades de la Unidad de Información e Investigación Criminal obstaculizan investigaciones
Una revisión sucinta de periódicos nacionales permitió conocer que el Ministerio Público denunció que las autoridades de la Unidad de Información e Investigación Criminal (INIIC-PMOP) están obstaculizando su trabajo, relacionado con las indagaciones de las muertes post electorales.
La publicación en cuestión, hecha en el diario El Heraldo, del mes de abril del 2019, refiere que el Ministerio Público denunció que las autoridades de la Unidad de Información e Investigación Criminal (INIIC-PMOP) están obstaculizando su trabajo, relacionado con las indagaciones de las muertes post electorales.
La publicación periodística agrega que el MP informó que los fiscales adscritos a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), se presentaron a ese destacamento para darle seguimiento a los casos de muertes post-electorales, pero la misma está siendo evitada por los funcionarios de la UNIIC-PMOP.
Un elemento más, que citamos del texto, afirma que “Los fiscales adscritos a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), le han dado seguimiento a los casos de muertes postelectorales y han encontrado obstáculos por parte de los Militares y de la Policía Militar de Orden Público (PMOP)”.
Capturan a militar que mató a hondureño en crisis postelectoral; MP busca justicia de manera aislada
Así titula Criterio.hn, el 24 de marzo, la noticia relacionada con la captura del sargento segundo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Denis Omar Cáceres Ramírez, acusado por el delito de asesinato de David Octavio Quiroz Urrutia, que dio a conocer el propio Ministerio Público.
La muerte de Quiroz Urrutia ocurrió el 15 de diciembre del 2017, en el sector de Guacamaya, Cortés. Él, junto a su esposa y un grupo de pobladores, se encontraba en las manifestaciones públicas, cuando 64 miembros del tercer batallón de la PMOP, entre ellos el sargento segundo Cáceres Ramírez, dispararon contra los manifestantes. Una bala del fusil marca Galil, serie 431161124, segó la vida de Quiroz Urrutia, horas después de permanecer en el hospital, luchando por sobrevivir.
El CONADEH deplora que no se avance en investigación de crímenes
Si bien el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, considera de “encomiable”, el que ya exista un detenido, por uno de los asesinatos a manos de policías y militares, fustiga que no haya acciones, por las docenas restantes.
Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Foto de Signy Fiallos.
“…sentimos que es deplorable que no se avance con el resto de los casos a los cuales se había señalado que iba ser objeto de la investigación del requerimiento correspondiente en los casos que la investigación lo revelase necesario”, dijo con tono enérgico, al ser consultado por el equipo del CESPAD, sobre el tema.
El Ombudsman hondureño considera que es imperativo que cese la impunidad, ya que mientras no se avance en las investigaciones, la población va a tener “el sentimiento de que la impunidad continúa prevaleciendo”.
Aunque reconoce que “no hay mayores avances en las investigaciones de estos casos”, el Comisionado insistió en exhortar al Ministerio Público para que continúe en los procesos, a efecto de erradicar la impunidad en estos asesinatos.
COFADEH preocupado por impunidad: 2 casos en 19 meses
Al ser consultado, el COFADEH cuestiona el grado elevado de impunidad que persiste en los asesinatos postelectorales, sobre todo cuando se sabe con exactitud que apenas 2 casos han investigados.
“Hay cosas que nosotros hemos visto con enorme preocupación porque de esos 22 casos solo existen dos con acciones en 19 meses, pero cuantos casos de vandalismo que se dieron en ese momento están enfrentando juicios en estos momentos en los tribunales, cuántos casos de las personas que hicieron la incidencia política o reclamación social porque no estaban de acuerdo con el fraude electoral inmediatamente fueron procesados y el Ministerio Público actuó con diligencia para realizar el requerimiento fiscal”, cuestionó Berta Olvida, coordinadora del COFADEH
Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH. Foto de Signy Fiallos.
Agregó, “es ahí donde se ve la desigualdad del abordaje que el Ministerio Público o el sistema de Justicia hace en contra de los reclamantes de derecho. Es ágil para hacer requerimiento fiscales, pero apaña la impunidad en Honduras cuando se trata de perseguir a las fuerzas policiales y militares que han hecho actos de asesinato, desaparición, de tortura y de persecución política en contra de la disidencia social, hay sistema de justicia efectivo para unos, pero para otros no hay en absoluto”. El COFADEH sostiene que el MP ha emitido unos 167 requerimientos fiscales a personas a quienes se vincula a vandalismo. Algunos guardan prisión, otros en procesos judiciales y algunos quedaron libres.
“No hay interés en llevar autores intelectuales ante tribunales”
La población hondureña cuestiona que aun y cuando solo 2 casos han sido investigados por el Ministerio Público, los enjuiciados son los que concretaron el hecho, es decir, en este caso, quienes asesinaron a los manifestantes. Sin embargo, se aspira, desde la ciudadanía, que también se incoen procesos en contra de los autores intelectuales.
“Lo que nos preocupa es que no hay interés en los absoluto en colocar ante los tribunales a los actores intelectuales, a los oficiales que estaban a cargo de los escuadrones que salieron a reprimir a los manifestantes y que dieron las órdenes para que atacaran a una población desarmada, pues su objetivo era aniquilar la protesta social, la criminalización se ve a las claras”, agregó al respecto la Coordinadora del COFADEH.
A juicio de esta defensora de derechos humanos, el gobierno y Estado de Honduras tienen una deuda pendiente con estos casos, los que forman parte de los informes realizados por las instancias internacionales, que han visitado el país y que conocen del poco avance que ha habido, apenas con dos casos.
Oliva finalizó esta entrevista expresando que es un presagio nada halagador, ya que no creé que en la investigación de esos 22 casos (los oficiales) que investiga el ministerio Público, haya “verdadera voluntad política para resolverse conforme a derecho, a la verdad y a la justicia”.
