Escrito por Gustavo Irías, Director Ejecutivo del CESPAD
La asonada cívico-militar del 28 de junio del 2009, que tomó por asalto el poder y derrocó al Presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, constituye un “partedeaguas” en la historia reciente de Honduras. Es decir, dividió irremediablemente la historia del país en un “antes del golpe” y un “después del golpe”. La ruptura constitucional del 2009 abrió una coyuntura histórica que, a diez años de este acontecimiento, aún no se cierra. Honduras continúa atrapada en una profunda crisis de su democracia en lo político, económico, social y cultural.
En el marco de esta crisis y en el transcurso de esta última década, Honduras se ha reconfigurado política y socialmente. Algunos de los elementos de esta reconfiguración, posiblemente los más importantes, son los siguientes:
- El “retorno” de los militares como actores centrales en la conducción del Estado
Desde la madrugada del 28 de junio del 2009, los militares se constituyeron en los actores centrales en la conducción del Estado hondureño. A través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Decreto Legislativo # 239-2011) participan activamente en la toma de decisiones sobre asuntos claves del país, que transcienden las áreas de la defensa y seguridad. En tal sentido, similar a los años ochenta, la lógica de la política como eje articulador de lo estatal, ha quedado subordinada al ejercicio de la fuerza militar, que solo da espacios para una gobernabilidad autoritaria en la búsqueda de establecer y perpetuar el orden a favor de los grupos poderosos de siempre. Este renovado rol ha llegado al extremo, que los militares han asumido las funciones de la seguridad pública, de manera especial a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Este reposicionamiento de los militares en la gestión pública ha implicado un incremento significativo del presupuesto del Estado para defensa y seguridad; en el período 2009-2018 la sumatoria del presupuesto de defensa y seguridad paso de L 5,660 millones en el 2009 a L. 14,542 millones en el 2018, esto ha representado un incremento del 157% en todo el período. Si estos montos se comparan con el presupuesto destinado a educación y salud nos deja en claro cuáles son las prioridades en el gasto público de las administraciones gubernamentales pos golpe de Estado. En el período analizado (2009-2018) el presupuesto de educación sólo creció en 38% y el de salud en 52%; no solo eso, el presupuesto de defensa y seguridad en el 2018 era del mismo tamaño que el presupuesto de salud.
2. La regresión del Estado de derecho y la extendida infracción de los derechos y libertades ciudadanas
A partir del golpe de Estado, Honduras vive una crisis permanente de derechos humanos que está asociada a la regresión del Estado de Derecho. Durante todo este período del 2009 a la fecha se han producido más de cien asesinatos políticos, miles de detenciones ilegales, centenares de lesionados/as y la impunidad casi absoluta de las victimas violentadas en sus derechos y libertades. Siendo los momentos más críticos: el golpe de estado mismo (2009-2010), el fraude electoral del 2017 y la actual oleada de protestas sociales. El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de las libertades ciudadanas en Honduras en el momento del golpe de Estado, con fecha del 3 de marzo del 2010, retrata esta regresión del Estado de Derecho en ese evento histórico, sin embargo, con el tiempo estos rasgos solamente se han profundizado: a) El uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, b) La falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia, c) La casi nula actuación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, d) La violación sistemática de los derechos humanos básicos, especialmente los civiles y políticos, e) La impunidad de la mayoría de las violaciones de derechos y la vulnerabilidad de las víctimas, y, f) La práctica de la falta de respeto del principio de legalidad.
Recientemente, en el marco de las actuales protestas sociales, la Oficina en Honduras de ese Alto Comisionado ha extendido su preocupación por la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de utilizar a las Fuerzas Armadas e inteligencia militar en el manejo de las manifestaciones. Asimismo, ha recordado al Estado de Honduras que las reglas nacionales e internacionales sobre el uso de la fuerza estipulan que el empleo de armas de fuego y la fuerza letal es el último recurso cuando todos los medios menos lesivos hayan fracasado.
3. El surgimiento de un movimiento social y ciudadano impugnador del orden establecido
Probablemente contrario a lo esperado por los grupos de poder que diseñaron y ejecutaron el golpe de Estado, este hecho generó un amplio y diversificado movimiento de oposición que, en principio, tomó forma en el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado dando origen a lo que será una intensa reconfiguración de las fuerzas sociales de oposición contra el orden establecido en estos últimos diez años. Luego, en el 2015, el campo opositor se amplió y renovó con sectores de la clase media que se movilizaron persistentemente contra la corrupción y por el castigo a los saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Entre noviembre de 2017 y enero del 2018 emergió otra oleada de protestas sociales multi sectorial con brotes insurreccionales, esta vez contra el fraude electoral. También han sido significativas las protestas estudiantiles universitarias del 2016 y 2017 contra las excluyentes normas académicas y por la representación estudiantil en los órganos de gobierno de la UNAH. Finalmente, en los meses de abril-junio del 2019, la protesta social articulada del sector magisterial y de médicos y enfermeras en contra de la privatización de la educación y la salud reactivo la indignación ciudadana. Estas protestas se combinaron con nuevos brotes insurreccionales auto convocados desde diferentes regiones del país, exigiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández.
En estos últimos diez años, paradójicamente los graves retrocesos democráticos han desencadenado una energía social desconocida en décadas anteriores, con una amplia diversidad política, social y cultural, con mayores niveles de conciencia de la exclusión y desigualdad social, con demandas diversificadas que va desde las comunidades rurales en la defensa de los bienes comunes, pasando por los feminismos y la diversidad sexual, las exigencias de la juventud por oportunidades laborales, las luchas por la defensa de la educación, salud y otros bienes públicos, solo para mencionar algunas. Este amplio conglomerado social representa una amplia y poderosa fuerza que impugna el orden actualmente establecido y apuesta por un cambio democrático.
4. El deterioro de la fidelidad electoral con el bi partidismo tradicional
El objetivo del golpe de Estado del 2009 fue derrocar el reformismo Melista, que desde el Partido Liberal y desde la conducción del Estado, pretendía modificar el pacto de dominación de las elites económicas y políticas, expresado en la Constitución de la República de 1982. Pero un resultado inesperado para estas elites, producto de la dinámica de la disputa política y social entre diversas fuerzas en este período de intensa crisis política, ha sido la reconfiguración del sistema político partidario que ha terminado con el bi-partidismo tradicional, emergiendo un multipartidismo que ha deteriorado la histórica fidelidad partidaria de amplios sectores de la población con nacionalistas y liberales. Si antes del golpe, en el voto presidencial, el Partido Liberal y el Partido Nacional captaban más del 90% del electorado, después del golpe ni siquiera convocan al 50% del electorado. Esto se refuerza con la pérdida de confianza de la mayoría de la población hacia las principales instituciones públicas y con el firme convencimiento de que el país está siendo conducido por un rumbo equivocado.
Estos datos y percepciones ciudadanas evidencian la crisis de hegemonía de la elite dominante, que durante varias décadas se sustentó en el bipartidismo tradicional para asegurar, más por el consenso que por la coerción, la cohesión ideológica de toda la sociedad en torno a la democracia construida a la imagen y semejanza de los dueños del poder; y en el mantenimiento de la disidencia política en los límites que no colocaran en peligro el histórico bipartidismo político. En el período del pos golpe de Estado, esto ya no ha sido posible.
A pesar de la ruptura constitucional del 28 de junio del 2009, el país continuo transitando por la democracia electoral: elecciones del 2009, 2013 y 2017. Teniendo todos estos eventos como factor común: procesos electorales caracterizados por la opacidad, prácticas fraudulentas y resultados finales rechazados por las fuerzas sociales y políticas de oposición. Situación que retrata los grandes déficits de la actual democracia electoral en el país, la cual ni siquiera asegura los criterios mínimos exigidos por la clásica democracia liberal: elecciones libres, resultados aceptados por todos los partidos políticos contendientes y certeza de la celebración periódica de las elecciones.
Si bien es cierto, Porfirio Lobo (2010-2014) realizó tímidos esfuerzos hacia una transición democrática (retorno de Mel Zelaya al país y la inscripción como partido político de la resistencia social contra el golpe –de donde surgió el partido LIBRE-), en general está ha sido una transición bloqueada. El deterioro de la democracia en Honduras es profundo, al extremo de que en noviembre del 2017 se consumó la reelección presidencial inconstitucional e ilegítima, en la persona de Juan Orlando Hernández, que ha permitido la conformación de un régimen abiertamente autoritario que concentra todos los poderes del Estado.
De tal manera, que si consideramos los cuatro elementos anteriormente reseñados: El papel central de los militares en la conducción del Estado, la regresión del Estado de Derecho y la amplia infracción de los derechos humanos, la presencia de un amplio y diversificado movimiento social impugnador del orden establecido y el deterioro de la fidelidad electoral del bipartidismo tradicional, lo que tenemos es una sociedad con una alta polarización política y social y una gobernabilidad precaria, que solo es sostenible por el apoyo de la fuerza de las armas. Manteniéndose abierta la disputa política principal inaugurada el 28 de junio del 2009, por un lado, la defensa a ultranza del “statuo quo” y los privilegios de la elite y, por el otro lado, la lucha por la recuperación y transformación de la democracia.
