Por: Alexandra Bueso
Edición: Claudia Mendoza
Diagramación: Lucía Vijil
En la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, Honduras, se podría filmar una película al estilo hollywoodense. Algunas escenas: se lleva a los privados de libertad a las canchas, se les deja horas bajo el sol y cuando piden agua se les rocía gas lacrimógeno. Cuando no tienen abastecimiento de agua, se ven obligados a sacarla del inodoro para lavar su ropa y de comida, se les da plátano cocido con frijoles y mantequilla a punto de descomponerse.
Así es Ilama, una cárcel hondureña en donde quienes ponen las reglas del juego son los elementos de la Fuerza de Seguridad Nacional (FUSINA) y elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), de acuerdo con un informe al que tuvo acceso el equipo periodístico del CESPAD, en el que se detalla que se cometen abusos de forma reiterada y emiten órdenes arbitrarias e ilegales, contrarias a la Ley del Sistema Nacional Penitenciario.
En esta cárcel de Máxima Seguridad, «El Pozo», como le dicen también los hondureños, hay 1, 804 privados de libertad (9 son extranjeros). Pero la cifra varía porque diariamente están ingresando más reclusos que, por los delitos cometidos y un nivel de peligrosidad importante, son enviados a esta prisión. Para resguardarlos hay 140 miembros de la PMOP, 52 Agentes Penitenciarios y 20 de la Fuerza de Control Penitenciario asignados en las Aduanas 1, 2 y 3.
Sólo 668 reclusos están condenados, lo que representa el 37% de la población carcelaria, pero no hay una separación en las celdas que distinga a los procesados de los sentenciados y entre los que cometen delitos graves de los que ingresan por delitos leves.
Un informe revelador de arbitrariedades y violación de DDHH
Las denuncias de los familiares de los reos, el hacinamiento, las evidencias de tratos crueles, degradantes e inhumanos tienen su asidero en otra situación: quien tiene el control del Centro Penitenciario no es el director, el Clase III Heriberto Fortín, sino que el Coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Eso es lo que establece el “Informe Gira de Visita al Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara”, que surgió de una visita hecha al recinto penitenciario, el 13 de marzo del 2019, por una Comisión integrada por el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), Juezas y Jueces de Ejecución de Santa Bárbara, El Progreso (Yoro) y San Pedro Sula; Fiscales Especiales de Derechos Humanos y un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH). La Comisión se hizo presente para verificar las condiciones de reclusión en las que se encuentran los privados de libertad del Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara. (Vea adjunto)
“A todos se les somete al mismo trato. A reincidentes, habituales y a los que ingresan por delitos de gravedad mínima”, dicen los jueces de ejecución, quienes aseguran que esto no sólo pasa en Ilama, sino en el resto de cárceles del país.
Mildred López, Jueza de Ejecución de El Progreso, Yoro, Honduras.
«Se verificó el trato y condiciones de detención de los privados de libertad en Ilama y las denuncias interpuestas tanto por familiares como los internos, fueron estimadas. Hay una necesidad de profesionalizar el sistema Penitenciario Nacional y eso indica trabajar como la ley manda. Los militares deberían de salir de los centros penales, pero se necesita profesionalizar a los agentes penitenciarios, mientras exista demasiada corrupción es una tarea a vencer», explicó Mildred López, Juez de Ejecución de El Progreso, Yoro, al consultársele sobre el informe.
Los abusos de la PMOP
En el informe en cuestión se consigna que los miembros de la PMOP ejecutaron requisas no autorizadas, encierros colectivos no por un día, sino por meses, mientras sometían a torturas a los internos. Los privados, dice literalmente el informe y resolución judicial al que tuvo acceso el equipo de investigación de CESPAD, son gaseados dentro de los módulos con gas lacrimógeno y lo más grave es que también están usando balas de goma para detener los conatos de violencia que, sostienen, se originan en el interior de la cárcel. Los jueces consideran que la medida es arbitraria, porque no hay resolución alguna que ordene el encierro.
Para el caso, desde el 14 de febrero de este año, la PMOP mandó al encierro colectivo y permanente a los privados de libertad. En cada celda hay un aproximado de 12 internos en unos módulos, en otros hay hasta 16; las llaves de las celdas son manejadas por efectivos de la PMOP. El informe levantado por el CONAPREV revela que las huellas que dejaron las balas de goma se observan en los cuerpos de algunos privados de libertad. Además, como evidencia se le entregó a los miembros de la Comisión, los cartuchos percutados de las balas y los gases.
Inspección en “El Pozo” de Ilama, Santa Bárbara. Comisión interinstitucional. Marzo del 2019
Pero esas acciones de fuerza y uso de bombas, denuncian los familiares, se está llevando de encuentro a personas de la tercera edad, a enfermos que han visto su deterioro de salud ante la falta de atención médica y ante los constantes abusos que se cometen a vista y paciencia del director del penal.
«Les tiran las bombas dentro de las celdas, donde no hay manera de librarse del gas. Hay internos con su piel afectada, otros con asma que se han complicado. Les dijeron que estaban castigados sin derecho a visitas, con candados en las celdas y sin oportunidad de hablar, ni pedir nada”, dijeron algunos familiares consultados.
El encierro ha sido permanente. En Ilama no hay recreación. Son golpeados por la Policía Militar, la comida ha sido un gran problema, porque no comen porque los frijoles están duros, la buena comida sólo se las da cuando llegan las visitas de derechos humanos», dijo Bessy Mateo de la Asociación de familiares del Penal de Ilama.
El Instituto Nacional Penitenciario niega todo
«Desconozco el por qué estas personas vierten este tipo de información que está alejada de la verdad. La autoridad es el director del Centro Penitenciario. Si bien contamos con la colaboración de la Policía Militar, sus papeles están claros y definidos. Es el Instituto Nacional Penitenciario quien ejerce la autoridad, así como en todo el país», dijo German McNiel, Subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ante la información que se refleja tanto en el informe del CONAPREV, como en la resolución judicial que emitió la Juez de Ejecución de El Progreso, Yoro.
Y es que el 29 de abril del 2019, un mes después de la visita de la Comisión, los Jueces de Ejecución de San Pedro Sula y El Progreso emitieron una resolución judicial para ordenar que, de inmediato, la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario, restituyera las competencias y potestades al Director del Centro Penitenciario, así como al Consejo Técnico Interdisciplinario y al Subdirector de Seguridad, ante la intromisión de funciones y posible omisión no sólo del Consejo Técnico Interdisciplinario, sino también de los médicos, por no cumplir con las funciones que la ley les encomienda. Pidieron, además, que se evaluara su desempeño. Esta situación trascendió de forma pública, a raíz de denuncias que desde el mes de marzo interpusieron los afectados.
Pese a todo lo anterior, el Subdirector asegura que ellos realizan supervisiones permanentes y que esos hechos que revelan los Jueces de Ejecución no son ciertos. «Es algo alejado de la verdad, nuestras investigaciones, visitas a Ilama, hemos constatado que no es cierto lo que señalan los jueces de ejecución», afirmó.
German McNiel, Subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP)
De igual manera, el Comandante de la PMOP, ante la Juez, negó las denuncias e insistió en afirmar que solo cumplen las órdenes que dicta el Consejo de Defensa y Seguridad y que en el momento que ese órgano estime que debe abandonar las funciones lo hará. De requerir mayor seguridad también intervendrán.
Lo que sí es cierto es que los propios internos revelaron a los Jueces y a los defensores de Derechos Humanos que en la cárcel de Ilama el director no da respuestas. Afirman que en la cárcel quien manda es el Coronel que está a cargo de la PMOP y que, aunque él niega esos extremos, es quien decide los castigos que se aplican a los presos, según consta en la página tres de la resolución judicial donde se detalla, de forma literal, lo siguiente: «Hacen peticiones al Director del Centro Penal Heriberto Fortín, pero este no les da ninguna respuesta porque quien manda es el Coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, comandante de la Policía Militar. Que cuando hubo un problema vinieron los militares al mando del Coronel Muñoz, los sacaron a todos y los tuvieron todo el día en el sol, sin agua y sin comida y que el Coronel el que dio la orden de cambiarlos de módulos y una vez encerrados les tiraron gas lacrimógeno«.
Se les niega atención médica
“Aquí el derecho a un médico está negado”, dijo a la comisión que visitó el Centro Penal, el interno Luís Alfonso Mendieta, quien agregó que tiene dos clavos en el pié y pese a que ha pedido una revisión médica con el especialista, porque se le han salido, se le ha negado el derecho a la asistencia médica.
Recluso en “El Pozo”, mostrando las infecciones en la piel que padece. Foto sustraída del informe de la Comisión. Marzo 2019.
El informe también revela otros abusos: los privados son desnudados antes de salir a audiencias, se les aplican toques eléctricos si protestan y que los que están con problemas mentales no son atendidos. «Ellos deben pagar sus delitos, pero sin atropellar sus derechos humanos porque lo que en Ilama viven, sobrepasa cualquier castigo», expresó uno de los internos en el reporte.
Ellos afirman que no se oponen a las reglas y menos a los controles de seguridad, pero todo debe ser con base en la ley. «Pedimos una buena seguridad porque allí hay miembros de varios grupos y no pasamos tranquilos. Pero todo dentro del marco legal, sin abusos, y el que deba ser castigado. Se tiene que poner atención en muchas cosas para que ellos paguen su condena y no se les vulneren sus derechos, porque aunque estén presos tienen derechos», dijo Bessy Mateo, del grupo de Familiares de presos en la cárcel en Ilama.
Privados con tuberculosis, otros que con colostomía defecan en una bolsa corriente, son parte de los cuadros que se observan en Ilama, en donde, además, la mayoría de los reclusos está con salpullido porque hasta el agua se les niega, tanto para bañarse, como para tomar.
Hacinados
Los reclusos no se escapan del hacinamiento en este penal. Faltan colchonetas, falta espacio, aun así a esta cárcel siguen mandando privados. «Se ha pedido que se abstengan de recibir nuevos ingresos en Ilama, porque la capacidad en este momento se sobrepasa. Sólo hay una capacidad real para mil 450 privados. Lo más grave es que no está cumpliendo el fin de la pena, porque no se está trabajando en la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo», sostuvo Glenda Ayala, Comisionada del Conaprev.
Pero el extremo que devela la resolución judicial de la Juez de Ejecución de El Progreso, es que los Policías militares, según denuncian los internos del Módulo PR-7, donde hay 116 «paisas», es que «los militares han sacado listados de los que están en el módulo y se los han dado a pandilleros que están en el módulo de al lado, por lo que consideran que sus vidas están en peligro”. Esas revelaciones pusieron en alerta a las autoridades, quienes buscan una salida a la situación, calificada de grave, en esa cárcel de máxima seguridad.
Alimentos que se brinda a los internos en “El Pozo”. Foto sustraída de informe de Comisión. Marzo del 2019.
«El problema es que las cárceles son bodegas humanas, porque mientras no se implemente la ley del sistema penitenciario y los mantengan sin que hagan nada es difícil hablar de una verdadera rehabilitación. Las condiciones no son las mejores, debe haber un ordenamiento. Nuestra lucha se orienta para que se tomen los correctivos y se comience con este proceso, tal como lo establece la misma ley», dijo López.
Parte de la solución es frenar la corrupción. «Si no se clasifica el personal en vez de ayudar a rehabilitar, lo que hay es colusión. Se necesita que las funciones del departamento de Seguridad, Inteligencia y Logística se implementen para tener más orden en los centros penales y saber tratar al privado. No hay que vulnerar derechos ni ser condescendientes. El privado debe aprender la disciplina, que no cometa errores ni infrinja la ley del sistema penitenciario. Pero el empirismo obliga a buscar los militares y ellos no tienen conocimientos penitenciarios porque ese no es su campo», agregó la jueza de Ejecución de El Progreso.
Se sigue burlando el sistema
Ni la colocación de Body Scanners, los dispositivos que detectan objetos en el cuerpo de las personas que llegan a Ilama, ha frenado los decomisos constantes de drogas, armas, celulares. Pese a la efectividad tecnológica se sigue burlando al sistema y por eso en las requisas, siempre se encuentran objetos prohibidos en el penal.
Cuerpo humano sometido el escáner. Foto, informe de la Comisión
El propio Director del penal admitió que el control se perdió desde hace dos años, cuando se detectó la colusión de los agentes penitenciaros con los privados de libertad y por eso aseguró, es que la Policía Militar tiene el control.
La responsabilidad del control de la seguridad recae sobre la Directora del INP, Rosa Gudiel y del Subdirector German McNiel. Sin embargo, las autoridades niegan que esos hechos ocurran en Ilama.
Los entendidos en la materia afirman que el control, al igual que el respeto a los derechos humanos y a la rehabilitación son tareas pendientes dentro del sistema carcelario que, pese a reformas y a medidas presuntamente adoptadas, aún no se tienen los resultados esperados. Sin embargo, se hace énfasis en que la matriz de muchas de las situaciones que acontecen en el interior de todos los centros del sistema penitenciario, están sustentadas en la corrupción que también salpica estas estructuras.
