Por: Alessadra Bueso y Claudia Mendoza
Edición: Claudia Mendoza, periodista y analista del CESPAD
Diseño: Lucía Vijil
Muchos indígenas y campesinos de Honduras que defienden sus territorios y los derechos humanos de sus pueblos no saben cómo han aparecido conformando estructuras o bandas criminales. Sólo saben que se les está creando perfiles falsos y se les atribuyen infracciones para enviárseles a prisión, a purgar delitos que jamás cometieron.
Un caso que se volvió emblemático y que puso en relevancia la construcción de perfiles falsos es el de la banda “ALDEA GUAPINOL TOCOA, COLÓN”. La estructura delictiva fue presentada por el Ministerio Público (MP), conformada por 34 pobladores de la aldea Guapinol, acusados de los delitos de robo, incendio agravado, usurpación y daños contra el Estado y, finalmente, asociación ilícita.
Según el MP y la Dirección Policial de Investigación (DPI), de Tocoa, Colón, la institución que investigó y documentó el caso en la zona (de acuerdo con abogados que llevaron la defensa de los implicados), el organigrama de la banda Guapinol acreditaba la prueba del delito de “asociación ilícita” e incluía líderes ideológicos de la banda, coordinadores de acciones violentas, un líder de sicarios, líderes logísticos, financiero y de manifestaciones. Los abogados de las y los pobladores desestimaron todos los delitos porque el MP no logró probar ninguno. Pero lo que más resultó penoso del papel jugado por estas instituciones del Estado, es que, entre el grupo de pobladores de Guapinol, implicados en un segundo requerimiento fiscal, estaba la fotografía y el nombre de Antonio Martínez Ramos, un aldeano que falleció en el año 2015, es decir, 3 años antes de que fueran llevados a juicio.
La construcción de perfiles y entre estos los falsos, es una modalidad que, aunque es tan antigua como las mismas estructuras de las instituciones que en teoría resguardan el orden del Estado, parece retomar vigencia en Honduras.
Las preguntas obligadas que afloran son: ¿qué instituciones hacen los perfiles?, ¿qué nivel de legitimidad debe dárseles?, ¿son falsos?, ¿cómo se selecciona a quienes formarán parte las estructuras criminales?
El equipo del CESPAD indagó al respecto y, con el aporte de entendidos en la materia, ahondamos en el tema.
¿Qué instituciones realizan perfiles en Honduras?
Las instituciones que por la naturaleza de su trabajo realizan perfiles, tanto de personas como de instituciones, agrupaciones y organizaciones que podrían constituir “una amenaza” para la seguridad del Estado, son las vinculadas con los temas de inteligencia y seguridad.
El agente “A” consultado, al desagregar la lista de las instituciones que en Honduras realizan perfiles, cita sin rodeos a agentes que pertenecen a instituciones como la Dirección de Asuntos Estratégicos de las Fuerzas Armadas (C2), la Dirección de Investigación e inteligencia del Estado (DNII), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) y las Unidades Especiales de Investigación que dependen de algunas fiscalías especiales como la de Derechos Humanos, de Lucha contra la Corrupción y del Ambiente, entre otras.
Foto: Hondudiario
Los entrevistados, quienes participaron en la elaboración de perfiles de muchas personas y organizaciones, afirman que todas las fiscalías (dentro del Ministerio Público) tienen investigadores asignados con la finalidad de perfilar delincuentes. “Los fiscales tienen la potestad de ordenar la realización del perfil de un imputado para presentarlo como prueba, informando al juez sobre la cantidad de delitos que ha cometido, cuánto tiempo ha estado detenido, que tipo de delitos, homicidios, robos, extorsión, sicariato, por ejemplo», dijo el agente “B”, consultado.
¿Cómo se seleccionan los perfilados?
Los dos ex agentes de investigación narraron que existen varios tipos de perfiles. «Algunos se elaboran para información de inteligencia; lo que se busca es recopilar información de ciudadanos u organización, pero están los de finalidad penal, judicial; si la investigación la realizan instituciones como la DPI o la ATIC, se realiza para una investigación criminal», dijeron.
“Lo primero que se hace cuando se tiene un expediente o una denuncia, es perfilar al supuesto Imputado, denunciado”, afirmaron. En cambio, agregaron, “los perfiles de las instituciones de inteligencia no persiguen el delito, persiguen la información. En este tipo de perfiles, lo primero que se hace es buscarse información de los líderes y pobladores para conocer detalles de sus vidas y esperar el momento oportuno para utilizar esa información, judicializarlos y perfilarlos como peligrosos delincuentes.
Guapinol: el evidente ejemplo de falsos perfiles
En el caso Guapinol, de acuerdo con los ex agentes consultados, la policía de investigación realizó perfiles personales con muy mala información. «Se le hizo creer al Fiscal que las personas eran delincuentes de alto perfil y al momento de presentar las prueba o agravios de descargo no lo pudieron demostrar”, dijeron los consultados.
El agente 2 refiere que “en una investigación criminal lo que se escribe se demuestra en vista que son investigaciones judiciales. Fue un error monumental haber presentado una acusación penal contra los ciudadanos de Guapinol, si en las audiencias no lo pudieron sustentar”, sostuvo.
Los entrevistados coincidieron que en una investigación criminal se realizan o se presentan todo tipo de pruebas documentales, impresas, denuncias y sentencias; pruebas testificales, testigos protegidos, oculares, de oída. Asimismo, la prueba científica y técnica, la prueba pericial y la evidencia levantada durante la investigación, entre otras. Sin embargo, con el caso Guapinol, nada se pudo probar porque nada de lo anterior se presentó.
“En la identificación de los miembros de bandas criminales hay un trabajo profesional”.
No obstante lo anteriormente descrito, para un miembro de la Dirección Policial de Investigación al que tuvo acceso el CESPAD, en la identificación de los miembros de bandas criminales hay un trabajo profesional y un soporte que respalda las vinculaciones de los que son señalados. “Hay dos repositorios de información, uno es la Dirección de Inteligencia Policial que trabaja con inteligencia y la información que ellos recogen se somete a un ciclo de verificación que opera de manera diferente a cómo opera investigación criminal”, explicó la persona consultada, quien prefirió no se le cite su nombre.
Según el consultado, Perfilación Criminal se llama la unidad patrocinada por la asistencia de los programas de la cooperación de la Embajada Americana, y es la que trabaja en la identificación de los miembros de bandas. Es un grupo de analistas, afirma, el que, con elementos demostrables y concretos, establece quiénes son los que integran las agrupaciones ilícitas. “Se perfila en cuanto a cantidad de miembros, quiénes son, cuáles son los rubros delictivos en los que se presume participan, el modus operandi, patrones de victimización, entre otros”, agregó.
“Cuando la DPI se refiere a una banda criminal es porque tiene todo el soporte en formato de investigación criminal para hacer las vinculaciones correspondientes”, finalizó afirmando.
Fiscales y jueces, instrumentos de la policía en Honduras
Que en el caso Guapinol se haya presentado una estructura criminal conteniendo, incluso, a personas fallecidas, evidencia, para Edy tabora, director del Comité por Libre Expresión (C-Libre) y uno de los integrantes del cuerpo de abogados defensores de las y los pobladores de esa comunidad, la inseguridad jurídica que persiste alrededor de las investigaciones penales en Honduras.
Para Tabora, los fiscales y los jueces fiscales son meros instrumentos de la policía. “Quien controla el poder judicial son los policías. Ellos controlan la investigación y no hay quien cuestione eso”. Considera, además, que este tipo de situaciones muestran el peligro del uso malicioso de las investigaciones criminales, pues en la mayoría de los casos las organizaciones criminalizadas no se conocen y a muchos de los implicados se les violenta el debido proceso”.
Tabora categoriza en dos los enemigos sociales del sistema: uno es la criminalidad organizadas (mareros/narcotraficantes, etc.) y el segundo, los considerados enemigos del desarrollo. En esta segunda categoría se incluye a las y los defensores de los territorios y los recursos naturales, quienes sufren la embestida de los operadores de justicia con pruebas y delitos que buscan encarcelarlos para quitarlos del camino.
¡No hay investigación objetiva!
Otro ex alto funcionario de la Policía de Investigación Criminal, también consultado y quien por su seguridad pidió que omitiéramos su nombre, afirma que el objetivo es deslegitimar y desmovilizar la actuación de las poblaciones y agrupaciones, las que viven la persecución, la judicialización y convierten sus acciones en delitos”.
Agrega que “no hay una investigación objetiva. Se está acusando a personas que no representan mayor peligrosidad, pero que por su condición son una amenaza. Las bandas se perfilan por el tiempo de operar, se analiza si participa gente que está en asocio con otros, si cometen de manera concurrente los delitos, pero aquí se ve claramente que a personas sin requisitos para ser perfilada, las colocan como miembros de estructuras delictivas”.
El consultado afirma que el objetivo es “dificultarles el proceso” y que entre más delitos se les acredite se garantiza que queden en prisión. “Hoy por lo menos los acusan, antes los mataban”, dijo el entrevistado, quien afirmó que la Policía perdió el norte y que lo que están dejando claro es que “en Honduras, no hay garantías”.
¿Qué se busca con la criminalización??
A criterio de los defensores de derechos humanos, las acusaciones que en contra de ellos se han generado, por ejemplo en el caso Guapinol, Gualcarque, Azacualpa, Locomapa, entre otros, sólo buscan paralizar y debilitar la respuesta social. “Se fabrican argumentos para desacreditar y estigmatizar la respuesta social. Es como un enfrentamiento de los que están dentro y fuera de la ley, por ejemplo empresas y el Estado, versus respuesta social. Es la estigmatización de la pobreza y la discriminación de los pueblos indígenas y de las defensoras y defensores de derechos humanos, donde al más débil le aplican la ley”, expresó Ramiro Lara, técnico de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG).
Según Lara, “la criminalización les está resultando la medicina más efectiva porque no provoca solidaridad; crean la duda en las poblaciones y entonces terminan sólo con el acompañamiento de las organizaciones que son las únicas que dan el espaldarazo. Se está estigmatizando, se acusa a aquellos que no cuentan en la sociedad por ser indígena, por ser campesino, por ser defensor. A estos los llaman “ignorantes”, “ñángaras”, porque están en los movimientos según autoridades y empresarios, sólo para desarrollar acciones violentas y así quedan marcados con ese estigma”.
“A 12 de los 34 acusados los capturaron y los apresaron. Todo lo hacen en contra de los humildes. Cuando las acciones legales son a nuestro favor no se resuelve nada. Entonces el camino que les queda es estampar nuestras fotos para decir que somos criminales”, sostuvo al ser consultado Juventino Cruz, uno de los implicados en el caso Guapinol.
Testimonios de los criminalizados
Juan López, miembro de Fundación San Alonso
Criminalizado
“Nos perfilaron. Las unidades de investigación de la DPI, como del Ministerio Público nos investigaron y estructuraron la información de todos en una sola matriz y aparecí como líder ideológico y así armaron el perfil del resto de compañeros que aparecemos como parte de la banda. Pero falló el Ministerio Público con su investigación y para nosotros hubo injerencia externa para dañarnos la imagen. Eso es un delito, fuimos criminalizados y judicializados; nos mancharon el honor, la imagen. Es una mancha la que llevamos estampada y nadie nos va a resarcir el daño que nos han causado. Para muchos sigo siendo un criminal, para otros soy una víctima de un sistema que sólo defiende a los poderosos. Dios fue el que hizo justicia y ahora recobré mi libertad, pero fueron días duros y ahora cargo con el señalamiento de ser líder de una banda”.
Leonel George, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Valle del Aguán (Copa)
Criminalizado
“El daño que causa la irresponsabilidad de la autoridad es alto. Más allá de los roles vemos que hay una carencia de valores, de ética, moral y profesionalismo. El tejido social está lleno de anticuerpos, estamos vulnerables, expuestos en total indefensión. Aquí ser solidario con la vida tiene sus consecuencias, tiene un precio. Me destruyeron al señalarme como delincuente. El daño no sólo es para mí, es para mi familia, hay gente que entiende los momentos difíciles que estamos viviendo, pero hay otros que señalan, que dan por sentado que no estamos en una causa justa, sino que estamos delinquiendo y eso no es así”.
“¿Quién nos repara el daño? Es fácil ubicarlo a uno en una estructura, porque con eso tienen motivos para encerrarnos, pero son acusaciones falsas. Buscan evitar que sigamos en la lucha a costa de cualquier cosa”.
