El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), expresa su preocupación por los extremos a los que ha llevado el accionar de los órganos judicial y policial hondureño que afecta a las personas en defensa de los bienes comunes.
Desde el año 2013, las y los pobladores de La Unión, Copán, iniciaron una lucha para denunciar y detener los daños provocados por las excavaciones que realiza la empresa Minerales de Occidente, S.A (MINOSA) en su comunidad, como desaparición de 13 fuentes de agua, 37 casos clínicos por contaminación, exploración del cementerio de la comunidad, entre otras acciones que vulneran sus derechos fundamentales.
Este conflicto de intereses entre acumular y defender los bienes comunes, es decir entre la Empresa MINOSA y la comunidad donde ejecuta sus labores, ha dejado alrededor de 19 personas defensoras de los bienes comunes en procesos de judicialización, sumando este día la detención de Karen Trigueros, Gledy Rodríguez, Suyapa Trigueros, Florentino Pérez, Antonio Trigueros, Edwin Hernández y Jesús Rodríguez por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), por su labor de defensa de ambiente. La detención tuvo lugar en Azacualpa, La Unión, Copán y trasladados a las oficinas de la DPI en Santa Rosa de Copan.
Por lo anterior, desde CESPAD, nos solidarizamos con los y las compañeras detenidos y demandamos:
A la Dirección Policial de Investigación y al organismo judicial correspondiente:
- Investigar de forma ética y transparente los hechos, llevando a cabo el debido proceso.
- Respetar la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Al Instituto Hondureño de Geología y Minas, autoridades locales y nacionales:
- Suspender definitivamente la concesión de este territorio ante el rechazo de la población.
Finalmente, exhortamos a la comunidad nacional e internacional exigir en conjunto al gobierno hondureño, frenar la violación sistemática de los derechos y libertades fundamentales de los y las defensoras de los bienes comunes.
11 de mayo de 2019, Tegucigalpa M.D.C.
