Desde el Centro de Estudio Para la Democracia, expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las y los ambientalistas judicializados, criminalizados y retenidos del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocóa. A su vez, rechazamos el accionar del Estado de Honduras en complicidad con un sistema de justicia capturado y parcializado a los intereses de las empresas extractivas.
Hasta el día de hoy el conflicto entre la explotación y la defensa de los bienes comunes en el Municipio de Tocóa ha dejado como resultado contaminadas las fuentes de agua que abastecen a las comunidades, 6 personas asesinadas, persecución a líderes comunitarios, 32 requerimientos fiscales, personas detenidas arbitrariamente, amenazas a muerte, campañas mediáticas de desprestigio, desplazamientos de familias de hombres y mujeres que han ejercido su derecho constitucional a la protesta pacífica.
El día de hoy 22 de febrero de 2019 se presentaron de forma voluntaria los imputados del caso de Guapinol ante la justicia hondureña, criminalizados por oponerse al ecocidio de su hogar y medio de subsistencia por mediación de la Minera Inversiones Los Pinares.
La audiencia ya irregular con la ASIGNACION DE UN JUEZ NO COMPOTENTE celebrada en el Tribunal de la Ceiba, Atlántida y ADEMÁS TRASLADADA a Tegucigalpa a más de 400 Km de distancia, fuera del domicilio de los imputados. Estos 17 hombres y una mujer son acusados de usurpación, daños y perjuicios, incendio, robo agravado y asociación ilícita, últimos posteriormente sumados el 17 de enero SIN SER NOTIFICADO A SU CUERPO LEGAL y con un proceso de DETENCIÓN AJENO AL DEBIDO PROCESO.
Demandamos al Estado de Honduras adoptar y hacer cumplir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en los Zonas Rurales. A Ministerio Publico cumpla su obligación y garantice un juicio justo, con un juez competente, capaz de ser objetivo y ético.
Por lo anterior responsabilizamos al Estado de Honduras por:
- Vulnerar los derechos fundamentales de los y las campesinas omitiendo las demandas del Municipio de Tocóa de declarar libre de minería este Municipio.
- Responsabilizamos además de las implicaciones a la integridad física y emocional que pueda tener el traslado a Tegucigalpa de los defensores y la defensora de los bienes comunes,
- la integridad física y emocional de los señores José Santos Hernández y Arnold Javier Alemán. Detenidos cuando se dirigían a la audiencia y trasladados a la Dirección Policial de Investigación (DPI).
Reiteramos nuestro apoyo a las comunidades en defensa de los bienes comunes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional en general para hacer acto de presencia, observar y exigir un juicio justo para los defensores de la vida.
22 de febrero de 2019, Tegucigalpa M.D.C.
