Escrito por Roque Castro Suarez, profesor titular de sociología UNAH
En octubre de 2018, el mundo fue testigo de un acontecimiento que no había tenido lugar en América Latina y que, por su forma y contenidos, provocó un gran impacto a nivel mundial: de San Pedro Sula partía un éxodo masivo de migrantes hacia Estados Unidos. Una segunda caravana partió el 15 de enero del 2019.
En Honduras, pronto afloraron las reacciones del gobierno acusando a la oposición y en particular al ex diputado de Libertad y Refundación (LIBRE), Bartolo Fuentes, de ser el promotor de la denominada “caravana de migrantes” (se habló de 7 mil y hasta de 14 mil migrantes en el éxodo). Estados Unidos también hacia lo suyo, amenazando con cortar la ayuda a Honduras y a los países del triángulo norte, si no se detenía la movilización. Incluso presionó a México para impedir el paso a los migrantes.
En fin, con todo y las dificultades, pero con la fuerza que daba la movilización masiva, como una especie de movimiento ciudadano y cuya novedad también forzaba una gran cobertura mediática, la caravana se abrió paso en su ruta hacia Estados Unidos. Muchos fueron retornados, otros se quedaron en los países de tránsito y unos cuantos burlaron la aparatosa seguridad e ingresaron a Estados Unidos; otra parte todavía varada a lo largo de la frontera mexicana y unos pocos perdieron la vida en el intento. Pero más allá de si lograron o no su objetivo interesa reflexionar sobre las causas que provocaron su salida y los impactos de este movimiento migratorio.
No se trata de una migración cíclica, que la hay, sino de una migración permanente. Los flujos han sido constantes desde 1990. Mientras Guatemala y El Salvador durante la guerra en los ochenta mantuvieron tasas altas de migración, Honduras los superó en la década de los 90. Se pasó de 27, 978 en 1970 a 108, 923 migrantes, para llegar a 217,569 en el 2000, según datos inter-censales (Morales; 2007: 133).
Lo que molesta al gobierno no es que migren, sino que lo hagan de forma masiva y visible, como una acción colectiva o como un novedoso movimiento ciudadano, evidenciando las calamidades del país. En general, se sostiene que, sin contribuir de forma sustancial al desarrollo, la emigración contribuye más al afianzamiento de las elites por la “válvula de seguridad”, por la presión que quita a los mercados de trabajo como por la contribución al PIB de las remesas (Portes; 2011:46).
Así, mientras el presidente Trump aprovechaba la llamada caravana de migrantes hondureños para imponerse en las elecciones intermedias de Estados Unidos (lo que solo consigue a medias) y luego para insistir sobre la construcción del muro que tiene paralizado a su gobierno al no encontrar los apoyos requeridos, se anuncian, otra vez y ante tanta calamidad, importantes “ayudas” para el triángulo norte buscando incidir en las causas que provocan estos flujos migratorios.
La persistencia de estructuras, procesos y redes de exclusión.
El enfoque de región permite comparar la situación de país, además de insistir en una vieja tesis con la que se sostiene que las alternativas a los problemas de Centroamérica pasan por ofrecer perspectivas regionales. Así, conforme al V Informe del Estado de la Región (2016), se destaca que los avances que se han presentado en los últimos cinco años no suponen mejoras estructurales. Las naciones mejor posicionadas son las que han conseguido progresos en el istmo y consecuentemente han aumentado las brechas entre el sur más dinámico y desarrollado, y el centro-norte, donde persisten rezagos en varios ámbitos estratégicos.
En el conjunto de la región no se observan cambios en la estructura productiva, en el patrón de distribución de la riqueza, en el patrón de uso de los recursos naturales y mejoras de las capacidades institucionales para el desarrollo humano y la democracia. Internamente se acumula una deuda ecológica por el uso insostenible de los recursos naturales (Centroamérica ha perdido el 52% de su biodiversidad original), que afecta la calidad de vida e incide negativamente en los niveles de exclusión. La carga tributaria sigue siendo regresiva, con una base de impuestos indirectos como resultado de las políticas derivadas del “consenso de Washington”, instalado en 1990. Lo anterior supone tener en cuenta que las casi tres décadas de políticas neoliberales han incidido en la acumulación y concentración de la riqueza (de un lado) y en la desigualdad y exclusión (por el otro).
Según el informe del Estado de la Región, entre el 2000 y 2013 Centroamérica no logró elevar el bienestar de forma significativa; la inversión social fue insuficiente. Destaca que entre el 2009 y el 2014, la exclusión social pasó de 36% a 42% y Honduras es uno de los países donde la exclusión aumentó. En el llamado triángulo norte, el salario mínimo agrícola fue insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica. La pobreza se estima en 76.9%, un porcentaje dentro del cual el 69.7% de los hogares son pobres-urbanos y el 83.8% son pobres-rurales. Según el Informe de desarrollo Humano de Honduras de 2011, la inequidad en el 2011 era mayor que en el 2001. El primer decil (los más pobres) percibían el 0.7% del ingreso nacional, el décimo decil, el de las personas con mayores ingresos, percibe el 40.06% del ingreso nacional.
En el plano político, la situación se refleja cuando los indicadores de apoyo a la democracia tienden a la baja, lo que se relaciona con un Estado que no responde a las demandas y necesidades sociales. Existe, además, una débil presencia del Estado que impacta en la configuración de territorios y actores, barrios y comunidades marcados por la violencia. Pero no solo es la ausencia de Estado lo que incide en las formas de exclusión y la violencia, también es el resultado, principalmente, del modelo de acumulación de impronta neoliberal.
A lo largo de la historia, en Honduras, ha habido la dificultad para que las mayorías accedan al control de la tierra y a las condiciones necesarias para convertirla en un medio de producción; se les excluyó de los mercados y de ingresos relevantes. La inversión del Estado en las zonas rurales ha sido tan precaria como débil. Su conformación ha sido, principalmente en el llamado modelo primario exportador (Estado tan débil como subordinado al capital transnacional de la economía de enclave). Las dificultades de integración de las economías de subsistencia, los terratenientes y la economía modernizadora de este periodo, dan cuenta de los polos de inclusión-exclusión que se generaron.
La posterior modernización, en el marco de la industrialización sustitutiva, con un Estado más fuerte y con mayor protagonismo en tanto empleador y facilitador de condiciones sociales como demanda del nuevo modelo de desarrollo, dinamizó el mercado de trabajo en las zonas urbanas y en el área rural mejoraron ciertas condiciones con el proyecto de reforma agraria. Estas mejoras, sin embargo, no han sido suficiente para generar las dinámicas de inclusión y reducir las desigualdades heredadas del modelo anterior, y/o que surgieron durante la llamada modernización.
La fuerte migración hacia las principales ciudades del país, da cuenta de los límites de la reforma agraria y de la débil industrialización que no logró integrar, o solo marginalmente, a los mercados de trabajo. De ahí el crecimiento de la economía informal. La inversión social típica del periodo tampoco produjo la inclusión e integración social requerida.
Con el modelo neoliberal, cuya lógica capitalista se considera la más excluyente, se deben enfrentar las desigualdades acumuladas que el propio modelo genera. Con la privatización parcial o total de las empresas o con la concesión de muchas de ellas (ENEE, CORFINO, FIAFSA, CONADI, empresas de cemento, aeropuertos, entre otras) el Estado reduce sus ingresos y deja de ser el gran empleador. La inversión pública en el agro pasó de 11% en 1990 a un 3.5% en 2005. La pobreza había pasado de 70.8 en 1990 a 74.9 en 2004 (Serna, 2006; 234-235).
La nueva Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola facilitó, contrario al modelo anterior, un proceso de concentración de la tierra (el coeficiente de Gini relativo a la concentración de la tierra se calculaba en este periodo en 0.77). Según el Informe de Desarrollo Humano de Honduras de 2011, se encontraban 161 mil familias sin tierra y unas 116 mil familias en parcelas menores a una hectárea (cuando se recomienda al menos cinco hectáreas por familia para superar los niveles de subsistencia).
Los déficits sociales que se agravan o no mejoran con toda la situación anteriormente planteada, ayudan a entender que la migración campo-ciudad o entre ciudades, así como buena parte de la migración internacional, proveniente de las zonas rurales, en el nuevo modelo de desarrollo, siguió siendo importante. Así se explica también que las áreas urbanas en Centroamérica casi se triplicaron en los últimos 40 años. A nivel nacional, los indicadores de Gini (a pesar de ser un indicador limitado) establecen que la desigualdad en lo fundamental persiste: en 1990 era de 0.615; en 2002 de 0.588 y en 2010 de 0.567.
El sector informal (alrededor del 50% de la población activa) es una tendencia que en el neoliberalismo se destaca, particularmente. La mayoría está conformada por el sector de subsistencia de baja productividad y en condiciones de precariedad (por los bajos salarios o ingresos y deficientes condiciones de trabajo), sin capacidad de acumulación. Es probable que la importancia que este sector tiene en la economía ayude explicar lo que el V Informe del Estado de la Región destaca cuando se compara la productividad por trabajador. Mientras en Costa Rica y Panamá la productividad por trabajador es de 20 mil dólares, en Honduras y Guatemala es de 5 mil dólares.
Con el modelo neoliberal también se intensifica el fenómeno de la migración internacional, como una salida de la propia población, cuando el mercado o el Estado no ofrecen garantías satisfactorias de empleo o de ciudadanía social. Un factor de expulsión que se suma es el de la violencia. Si anteriormente la violencia política había sido un factor incidente en la migración, en la actualidad es la violencia social.
De ahí la llamada paradoja que envuelve a este fenómeno: expulsados por las economías que no generan los empleos que esta población demanda, o excluidos por lo Estados que no ofrecen garantías de ciudadanía pero que con las remesas contribuyen a salvar a la economía, representando en el caso de Guatemala y Honduras cuatro veces más que la Inversión Extranjera Directa.
Se estima que hoy día las remesas representan entre el 18 y el 25% del PIB. Es decir, 4,600 millones de dólares en 2018 frente a 1,200 millones de dólares en promedio (inversión extranjera en Honduras) para los últimos cinco años. En algunos casos pueden llegar a sustituir al Estado con inversiones en infraestructura (Pérez Sainz, 2014; 459).
Además del desarraigo que tienen que vivir estas poblaciones, el trayecto que tienen que seguir los enfrenta a duras condiciones que niegan los derechos humanos evidenciando los límites de la ciudadanía enmarcada en el Estado nación. Además, muchos de ellos, en sus lugares de destino, tienen que vivir como “extraños, inferiores” y/o como “clandestinos”. Los datos de deportados indican también la complejidad del fenómeno migratorio, intensificándose a partir de 2005 por las políticas de mayor control en Estados Unidos y México. Mientras en 1999 los deportados hondureños eran 3,460 en el 2005, esas cifras llegaron a 15,572, aumentando en 2006 a 27,060 deportados, manteniéndose constante en esa década con 26,849 en 2009. Los residentes se estimaban en 50, 834 y los ciudadanos en 30, 942 en el 2007 (Rocha; 2010; 183).
La violencia como negación de la ciudadanía.
La violencia como desigualdad, son formas de negación de la ciudadanía. Son formas de irracionalidad y como tales no solo no escapan a la razón, sino que la obligan a dar lo mejor de sí, por tratarse de problemas estructurales de primer orden. La experiencia de la guerra en la región centroamericana mostró la imposibilidad del cambio por esta vía, además de los enormes costos que la misma supuso. Con razón, Edilberto Torres Rivas señaló en su momento que Centroamérica será democrática o no será. Si la guerra había sido, sino el resultado de la persistencia de la desigualdad, al menos estuvo asociada con ella. El fin de la guerra no resolvió este problema, por tanto, alimentó la violencia social que viven principalmente los países del triángulo norte, que se combinó con otros factores. La ciudadanía es una alternativa, es una condición y a la vez el resultado de la política como lo mejor posible.
En la idea de Martín Hopenhayn (2007), los individuos valoran el “nosotros” porque se benefician más por la garantía de mayor seguridad y protección a futuro. En la perspectiva de Torres Rivas (1996), teniendo en cuenta los años de guerra y violencia de Centroamérica, es fundamental la sabiduría del mal menor y la cultura de la negociación.
La violencia sería otro de los fenómenos que se ha intensificado en el neoliberalismo. Unos 94 mil homicidios han tenido lugar entre 1990 y 2016, en tiempos de paz y en democracia. Los efectos directos e indirectos son graves para la convivencia y el desarrollo.
Hace tres décadas, en el leguaje más convencional solo decía que Honduras era un país pobre. Uno de los países más pobres de Latinoamérica y de los más desiguales de la región. Esa situación no ha cambiado mucho, sin embargo, hoy se le agregan otros adjetivos y la comparación es a nivel planetario: es uno de los países más violentos del mundo. Y como si lo anterior fuera poco, Honduras vive también una de sus peores crisis ambientales.
¿Qué ha pasado con nuestra sociedad?
Estamos sin duda frente a una situación compleja. Cada fenómeno tiene su propia complejidad y la violencia de forma particular. Existe, además, una interrelación entre los tres fenómenos: la desigualdad incide en ciertas formas de violencia y está en aquella, por ejemplo, cuando los recursos escasos del Estado y de la sociedad (que pueden ser dedicados a inversión social) tienen que orientarse a su combate. O el bloqueo que genera el miedo o la inseguridad para reducir la violencia o los costos directos o indirectos que esta genera, convirtiéndola en un problema grave de salud, incidiendo en el deterioro de la calidad vida.
La pobreza y la falta de recursos para muchas familias obligan también a usos irracionales de los recursos naturales o a expandir la frontera agrícola sin que lleguen a ser los mayores responsables del deterioro ambiental. Son, por el contrario, los sectores y empresas que tienen capacidad de acumulación (empresas extractivas, otras dedicadas a cultivos de exportación, ganadería expansiva, empresas madereras entre otras) las que obtienen excedentes, las que no solo contribuyen al deterioro de los recursos naturales (sea por falta de regulación, por externalización de costos, o por atender la propia lógica de acumulación) sino que también, al no distribuir de forma justa, promueven la desigualdad. Se potencia así un círculo perverso.
Pero regresemos al tema que en este apartado nos ocupa: la violencia. Según el Informe de Desarrollo Humano de Honduras de 2011, el 85.6% de los hondureños adultos creen que la desigualdad es fuente de inseguridad y de violencia.
Cuando los mercados de trabajo, que no devienen en empleo, son insuficientes, las economías ilegales (que resultan principalmente del crimen organizado) se convierten en espacios que generan ingresos (en muchos casos también poder y prestigio) para muchas personas que están excluidas o solo parcialmente incluidos. Paradójicamente, se generan también elites y grupos dirigentes del crimen organizado que también acumulan grandes fortunas de capital y de bienes que buscan “limpiar” en los mercados reconocidos y así los límites entre economías legales e ilegales se vuelven difusos.
Y desde aquí, las ondas largas del crimen organizado llegan hasta la política y las instituciones del Estado, a veces cooptando a las mismas o financiando la política. Con ello crece la impunidad, las instituciones pierden credibilidad y la política tiene pocos incentivos para combatir el crimen e incluso, para reducir las desigualdades. La impunidad, como es sabido, lleva a tomar la justicia por mano propia aumentando la violencia en una espiral que parece interminable. Por su parte, el dinero sucio en la política no solo afecta la sana competencia política, sino que también supone proteger la red, lo que requiere permanecer en el poder, asegurando, a como dé lugar, las cuotas necesarias. Se erosiona así el ethos democrático y la política pierde legitimidad.
Un tema crítico son los impactos de la violencia y la inseguridad sobre las libertades ciudadanas. La ciudadanía tiene que restringir su libertad de movimiento ya sea en la visita a lugares (aquellos que se consideran peligrosos), o la restricción de las horas de salida. El temor paraliza también el despliegue de la ciudadanía hacia el espacio público. Esta última dificultad afecta la capacidad de desarrollo de capital social; existe, por tanto, un repliegue hacia lo privado.
Una tendencia preocupante es la remilitarización de la seguridad, cuando los niveles de violencia (principalmente la violencia homicida) son tan altos que justifica la presencia de militares en las calles y en el combate del delito mismo. Así, en el Gobierno de Juan Orlando Hernández se creó la policía militar y se ha fortalecido la estructura castrense. Sin embargo, y sin desconocer algunos avances, han prevalecido las políticas represivas, sin observarse una política integral y participativa de seguridad ciudadana, que incluya un componente importante de prevención de la violencia.
Un dato que evidencia la tendencia hacia la militarización de la seguridad es el aumento del gasto militar por persona. Este pasó de 9.01 dólares en el 2004, a 39.7 en el 2014. Al mismo tiempo, no se observan con el mismo rigor políticas de prevención. Lo anterior se suma también a la tasa de seguridad ciudadana (más de 20 mil millones recaudados) de la cual no se rinden cuentas y, por tanto, se vuelve necesario hacer un balance entre inversión y resultados, reconociendo que después de 2012 hay una tendencia (si las cifras están fuera de manipulación por supuesto) a la baja en la tasa de homicidios, aunque la percepción de violencia sigue siendo alta.
La situación de la violencia en Honduras es muy compleja porque, como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la violencia generalizada que existe en el país proviene de la policía nacional, la policía militar y el ejército, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. Las maras y pandillas son parte de estas redes de criminalidad. Con arraigo en los principales territorios urbanos que concentran los mayores niveles de exclusión y que a la vez controlan, por sus acciones letales, con una cuota importante en el nivel de homicidios. Por su capacidad organizativa, siembran un gran terror en la población de las principales ciudades del país. Se destruye así el capital social, de ahí que los testimonios de muchos migrantes de estas caravanas es que huyen de esta realidad.
Un novedoso movimiento ciudadano
Como se dice, cuando el Estado (ciudadanía) o el mercado (empleo) no responden a las expectativas de la población o la excluyen, la ciudadanía busca sus propias salidas: migración, economía informal, fundamentalismo religioso y la violencia, consideradas falsas salidas, pero salidas al fin (Pérez Sainz, 2006). De ahí la gran paradoja de cómo las economías que no generan oportunidades adecuadas a las demandas de la fuerza de trabajo acaban expulsando a buena parte de la misma, pero exige el retorno de las remesas, para favorecer algunas inversiones, principalmente el consumo.
Como había ocurrido con el sorprendente movimiento de la antorcha en 2015, en aquel momento protestando contra la corrupción, como un movimiento típico de clase media, con liderazgos y una base juvenil, usando las redes sociales, poco a poco se fue organizando en San Pedro Sula, un movimiento de ciudadanos con la intención de migrar hacia los Estados Unidos. Solo que esta vez los movilizados eran los propios excluidos.
Y si somos atrevidos y a estos movimientos le sumamos (no como agregados sociales que lo son, sino como convergentes respuestas a formas de dominación y exclusión) el Movimiento de Resistencia, convertido en partido, que surgió a consecuencia del Golpe de Estado (afectando la estructura tradicional bipartidista), podemos sostener que desde los márgenes y desde abajo, nuestra sociedad ha ido cambiando, aunque quizá no en la forma en la que muchos quisieran.
Siguiendo a Bauman, son ciudadanías liquidas que se organizan sin una estructura jerárquica y más bien fugaz para un objetivo determinado, generando, a su vez, una gran visibilidad a nivel nacional e internacional sin precedentes. Es así un movimiento ciudadano novedoso por el número, por la forma (que denuncian una realidad insoportable), por sus contenidos y significados, por los riesgos que asume.
Su novedad radica también en la capacidad de generar respuestas rápidas en los gobiernos involucrados (países de origen, de tránsito y de llegada). Muy pronto el gobierno de Honduras en conjunto con el sector privado, anunciaban la creación de empleo. Aunque más allá de la propaganda, es importante saber si se trata solo de trabajo precario (como el que ya ha venido ofreciendo el actual gobierno) para paliar la crisis y evitar su mayor rebalse, en vez del empleo que implica mejores salarios, así como garantías sociales. Y estas condiciones son fundamentales porque muchos están migrando porque rehúyen del trabajo precario. Como se ha dicho muchas veces: el problema en Centroamérica no es tanto el desempleo como el subempleo y los bajos salarios.
Por su parte el gobierno de Estados Unidos como el sector privado de ese país y el gobierno mexicano también ha respondido a la movilización migrante. En conjunto se anuncian 35,600 millones de dólares que se serán invertidos en varios años en regiones empobrecidas del sur de México (25 mil millones por el gobierno de México y 4 mil 800 millones del gobierno estadounidense) y en el denominado triángulo norte de Centroamérica 5 mil 800 millones). Así, sin conocer las condiciones de la inversión y el tiempo, más ayuda para el “desarrollo” ha llegado. No es ocioso recordar, sin conocer los datos de las dos últimas décadas, que en transferencias de excedentes (en el que domina el pago por servicios de deuda externa) el triángulo norte tributó 28, 440.8 millones de dólares, principalmente hacia Estados Unidos entre 1976 y 1997 (Saxe Fernández; 2001:145). De manera tal que la inversión solo podrá contribuir a romper el círculo vicioso de la exclusión si es estratégica, lo que supone la participación y rendición de cuentas, que lleva también a la activación de otras ciudadanías en los países de origen, pero que es extensiva hacia los países de tránsito y de destino. De ser así, se estarían generando inusitadas sinergias políticas.
También es novedosa su respuesta de migrar de forma masiva por los vejámenes, abusos, tratos crueles e inhumanos, cuando no la muerte, que por muchos años han vivido cientos de miles de migrantes considerados irregulares, al largo del trayecto hacia Estados Unidos. De forma heroica, no sin temor, sentencian que tienen derecho a un trabajo más digno, quizá con mejores salarios, y a una vida digna, al menos sin la amenaza constante de la violencia. Pero en especial subrayan que huyen de Honduras por los alarmantes niveles de exclusión y desigualdad, por la incontrolable violencia, por la corrupción galopante e incluso hasta por el total descredito de la democracia. Esto último, por la dudosa transparencia de las elecciones de 2017, por el dialogo legitimador del gobierno de turno y muy a pesar de las logradas, pero todavía insuficientes reformas electorales.
Bibliografía
- Morales, Abelardo (2007). La diáspora de posguerra en Centroamérica. FLACSO, San José
- PEN CONARE (2017). V Informe del Estado de la Región 2016.
- Pérez, Sainz, Juan (2006). La persistencia de la miseria en Centroamérica. FLACSO, San José
- PNUD (2011) Informe de Desarrollo Humano en Honduras.
- Portes, Alejandro (2011). “Migración y desarrollo: un intento por conciliar perspectivas opuestas. Núm. 233,
- Rocha, José Luis (2010). Los expulsados de la globalización. IHICA, Managua.
- Saxe, Fernández (2001). “Globalización e imperialismo: la transferencia de excedentes en américa Latina”. En: Autores Varios. Globalización, imperialismo y clase social. Lumen, México.
- Serna, Braulio (2006). “Tendencias, desafíos y temas estratégicos del desarrollo agropecuario en Honduras”. En Varios Autores. Política y desarrollo en Honduras, 2006-2009. Los escenarios posibles. Tegucigalpa.
