CONDENAMOS LA CONSTANTE CRIMINALIZACIÓN Y DESPRESTIGIO CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS TERRITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, HONDURAS.
El Centro de Estudio Para la Democracia CESPAD, manifiesta su preocupación por acciones reiteradas y campañas estigmatizantes y de desprestigio en contra de personas defensoras de los territorios y bienes comunes.
Las reconocidas defensoras Esly Banegas, Adilia Castro, Isela Juárez, y otros dirigentes miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes del Municipio de Tocoa, denunciaron, el día 07 de febrero de 2019, los hechos siguientes:
- La persecución y acoso por parte de la Empresa Inversiones Pinares, debido a su labor en pro de la defensa de los bienes comunes.
- El gobierno nacional y la corporación municipal de Tocoa son factores claves en la agudización del conflicto, en tanto hacen caso omiso a las reiteradas demandas de estas comunidades de declarar el Municipio de Tocoa libre de minería.
- El asesinado en los últimos cuatro meses a seis personas, en la comunidad de Ceibita, donde operan grupos armados afines a la Empresa, hecho del cual tienen conocimiento las autoridades que permiten y fomentan la inestabilidad social y violencia en estas comunidades, a pesar de la existencia de un decreto legislativo con prohibición de portación de armas.
Por lo anterior, desde el CESPAD, nos solidarizamos con los y las compañeras defensoras y ante este contexto de violencia y criminalización demandamos al Estado de Honduras a:
- Respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades del municipio de Tocoa, a través de un Cabildo Abierto, asegurando amplia y transparente participación.
- Frenar la violación sistemática que vulnera la integridad física y emocional de los y las defensoras de los bienes comunes.
- Investigar y judicializar a los actores materiales e intelectuales de los crímenes ejecutados en la comunidad de Ceibita.
Finalizamos llamando a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, continúen exigiendo al régimen de Juan Orlando Hernández, frenar los privilegios brindados a empresas extractivas que continúan afectando la salud de las comunidades afectadas.
08 de febrero de 2019, Tegucigalpa M.D.C.
