Escrito por Lucía Vijil del equipo del CESPAD
14 de diciembre, 2018
La Consulta Ciudadana realizada en la ciudad de El Triunfo, en el departamento de Choluteca, el 2 de diciembre, concluye el ciclo de las consultas populares sobre los proyectos extractivos en Honduras realizadas durante el 2018. Este ejercicio de Consulta, como muchos otros, es el resultado del trabajo de organizaciones comunitarias, iglesias, patronatos, organizaciones defensoras del medio ambiente y de defensores y defensoras de los derechos humanos.
Ante la ofensiva de las campañas de los medios de comunicación y el sector empresarial alegando los supuestos beneficios de las empresas mineras en nuestros territorios, el ejercicio de la Consulta Ciudadana está representando el ejercicio de autonomía de los pueblos a decidir por su futuro y el de sus familias. De esta manera, se refuerza la democracia como un ejercicio desde las comunidades, las cuales, en la medida que se organizan, logran aportarle legitimidad a su palabra y derecho de decisión en un contexto en la cual la voz de los pueblos siempre se ha visto opacada.
El resultado de las consultas a nivel nacional es contundente, el rechazo al modelo extractivista en sus diversas modalidades. Y es en ese sentido, que abordaremos en el siguiente análisis la génesis de los procesos extractivos en el país, señalaremos las experiencias previas de consultas populares y, por último, trataremos deresponder, ¿hacia dónde caminan los resultados de las consultas populares en estos territorios en relación a los proyectos extractivos?
Dinámica del modelo extractivista en Honduras
Desde la lógica neoliberal, el extractivismo se ha posicionado a nivel mundial por las corporaciones internacionales como un motor para el crecimiento económico y generación de empleo, en contra posición a estudios realizados en donde se afirma que el extractivismo es “el modelo estratégico de dominación y concentración impuesto, que distorsiona los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y territoriales”.
El extractivismo tiene como característica la llamada “esclavitud moderna” en donde los salarios de extracción son mínimos y no hablemos de las condiciones de inseguridad a las que se ven expuestos, además, la destrucción indiscriminada de recursos naturales que no respeta vidas ni bienes, aumentando así los círculos de vulnerabilidad de las comunidades cercanas a los proyectos extractivistas.
A la par de los procesos de despojo territorial y amenaza a la naturaleza, el extractivismo desnaturaliza la manera en que las comunidades se construyen dinámicas de organización y formas de vida, así como, la manera en que los habitantes de las comunidades se relacionan con el medio ambiente.
Bajo la lógica de la modalidad extractiva, en Honduras, se destacan la generación de energía, turismo, agroindustria y las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE). Todos estos proyectos forman parte de la llamada “atracción para inversión privada” promovida desde el gobierno para el sectorempresarial, y que facilita el avance de los proyectos bajo la lógica de la acumulación por desposesión.
¿Cómo se manifiesta el modelo extractivista en Honduras?
Para la generación de energía en Honduras, se desataca la tecnología de hidroeléctricas, solares, biomasa y eólicas. Hasta la fecha, el total de proyectos generadores de energíaa nivel nacional es de 334 (CEHPRODEC, 2017). Siendo las hidroeléctricas las que tienen mayor presencia: Santa Bárbara con 25 proyectos, Cortés con 18, Atlántida y Olancho con 17. Por lo que no es casualidad que sea Santa Bárbara, el departamento que a través de las organizaciones de Derechos Humanos, denuncian con más frecuencia los daños irreparables que estas compañías producen, las amenazas a muerte, persecuciones y ambiente hostil contra los defensores y defensoras de los territorios de la zona.
A diferencia del despliegue de las hidroeléctricas a en la zona norte y occidental del país, los paneles solares se concentran principalmente en el departamento de Choluteca, y que ha dejado como saldo 22 criminalizados y asesinato delíderes comunitarios por el reclamo de que dichos proyectos generan un alza considerable a la temperatura por la pérdida de la calidad de la corteza terrestre, en detrimento de las condiciones de vida.
Otro punto importante en el análisis, es que a través de las concesiones mineras otorgadas a nivel nacional, se podría hablar de la entrega de alrededor de 347,612.32 hectáreas o sea el equivalentea 3,477 kilómetros cuadrados, de los cuales 2,436 serían para minería metálica.
Para muchas instituciones de investigación, el beneficio del empleo bajo la figura del modelo extractivo se vuelve mínimo, tal como lo indica el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras(FOSDEH) cuando afirma que “El crecimiento generado por la minería es de apenas 0.67 %, es decir, que ni siquiera llega al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), y los empleos generados son aproximadamente 20.000, cuando la población económicamente activa es de cuatro millones de personas, lo que implica una tasa de empleo de 0.0005 %.”
Hasta el momento, el proceso de concesiones en Honduras avanza rápidamente como embestida cruel hacia las comunidades, y es así, que, avista de la comunidad nacional e internacional, se desarrollan procesos de amenaza, persecución, asesinato y judicialización de grupos organizados que se oponen a la arremetida del extractivismo en sus comunidades.
¿Por qué surgen las consultas populares?
Ante la falta de transparencia en los procesos electorales a nivel nacional, la criminalización de los defensores/as del medio ambiente, imposición de agendas bajo la lógica de la cooperación oficial internacional, propuestas asistencialistas para callar las voces, brechas de conflicto entre comunidades y familias y la alteración a los ciclos de vida de la comunidades, las consultas populares refuerzan la idea central de la democracia, tal como lo decía Touraine, “el reconocimiento del otro por el otro”, una democracia desde abajo la cual va más allá del sufragio, que como lo han hecho ver en el país, representa la mayor expresión de ciudadanía. Desde los procesos comunitarios tal tesis se contradice.
Por lo anteriormente expuesto, no es casualidad que el avance del extractivismo en los últimos años en Honduras y la militarización en los territorios que han sido focos de conflictos territoriales, las comunidades busquen hacer valer y respetar su derecho a decidir sobre la presencia de empresas extranjeras y la utilización de sus bienes comunes.
Los procesos de consulta popular en Honduras, respecto a los proyectos extractivistas, iniciaron desde el año 2016 con la autoconsulta de pueblos indígenas en Santa Elena, La Paz. Posterior a esto, la consulta en Minas de Oro y San José del Potrero y municipios de San José, Orocuina, La Unión, Tela, Nueva Frontera y cerrando el ciclo para el año 2018, el Triunfo en Choluteca.
En los diferentes procesos de participación ciudadana promovida por los defensores de los bienes comunes, desde cabildos abiertos hasta consultas populares, recogen como única demanda: ser municipios declarados libres de proyectos extractivos; y es que son esas comunidades las que han sido afectadas económicamente, socialmente, culturalmente y políticamente por la alteración del ingreso, pérdida de cultivos, condiciones precarias de salud, contaminación de las fuentes de agua, conflictos comunitarios en sus diferente niveles (público y privado) y daños completos a los ciclos de vida de los humanos y animales.
Las Consultas Populares son el mecanismo de intervención ciudadana, que tienen como objetivo final “lograr una real y efectiva participación de los ciudadanos en proyectos de inversión cuando estos afectan sus territorios, modos de vida, costumbres oel medio ambiente.” (RIDH, 2017), además, son una herramienta que permite la reducción de conflictos comunitarios, por la vinculación real con la voluntad de las mayorías.
La Consulta Ciudadana o Popular, está enmarcada bajo dos enfoques necesarios para su interpretación. El primer enfoque, que se ampara en el marco legal establecidoen los acuerdos e instrumentos internacionales (de los cuales el Gobierno de Hondurases firmante) establecidos en el convenio 169 de la OIT y en los instrumentos nacionales, tal es el caso de La Ley de las Municipalidades, en la cual se establece el derecho de las comunidades a ser consultados y ser parte activa de las iniciativas de desarrollo.
El segundo enfoque, se refiere a la autodeterminación de las comunidades al momento de construir mecanismos democráticos, como la Consulta Popular o Ciudadana. En la práctica, estos mecanismos están aportando dos importantes resultados: primero, el encuentro colectivo de las y los pobladores para decidir sobre los grandes temas que afectan el desarrollo de sus comunidades y que ponen en peligro la vida de sus habitantes. Segundo, el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía territorial de las comunidades como mecanismo para hacer frente a lavorágine del modelo extractivista y como práctica política capaz de reducir conflictos y los brotes de violencia en los territorios.
Detrás de los procesos de consulta se encuentra todo un esfuerzo comunitario de organización y expresiones de resistencia ante el modelo extractivo promovido por el capital transnacional y nacional, respaldados por la elite gobernante. Este trabajo comunitario se encuentra conformado por las iglesias católicas y algunas evangélicas, patronatos, padres de familia y organizaciones defensoras de los bienes comunes.
En el caso de la consulta popular realizada el 2 de diciembre en el Triunfo, Choluteca, se contabilizó la participación de unas 8,606 personas y en un 97.9%, la población que asistió a las 60 urnas instaladas en el municipio, rechazó y dijo “no” a los proyectos mineros. Esta consulta recoge por excelencia la acumulación de fuerzas ante tanta amenaza, pues la zona sur, es una de las zonas acechadas no solamente por minería, sino por paneles solares y la instalación de los corredores logísticos bajo la modalidad de Ciudades Modelo o ZEDES.
Con los elementos expuestos anteriormente, es posible afirmar que las Consultas Populares son el tipo de ejercicio democrático más vinculante y con mayor legitimidad, que incluso los ejercicios a nivel nacional que se desarrollan cada 4 años en el país, por el nivel de transparencia y por el grado de involucramiento real de las comunidades. En ese sentido, las Consultas se tornan en el camino más apropiado para recuperar la soberanía territorial, reclamar la autonomía de los pueblos y definir los modelos de desarrollo más acorde a la preservación de la vida, de las comunidades y su relación con la naturaleza.
En definitiva, las consultas populares, están impugnando la visión única de desarrollo economicista del gobierno actual y sus socios trasnacionales. Ante tal situación, están surgiendo visiones de desarrollo comunitario nacidas desde procesos de diálogo y construcción colectiva de la comunidad. La consulta popular como forma de hacer política ha tenido su impacto debido a todos los procesos que le anteceden (organización comunicación, estructura electoral comunitaria, etc.).
Y finalmente, las experiencias de las consultas ciudadanas en Honduras dejan claro que las comunidades requieren ser consultadas, no solo sobre los proyectos extractivos, sino también sobre los asuntos de interés nacional e internacional, y de esa manera, consolidar las formas de hacer democracia y la construcción de una sociedad que sea capaz de incidir y presionar por una verdadera participación ciudadana en todos sus niveles.
Referencias
CEHPRODEC. (2017). Informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos. Tegucigalpa.
Mejía Guerra, J. (2011). EL destino común de los pueblos centroamericanos y sus recursos naturales. Envío.
RIDH. (2017). Informe paralelo sobre los mecanismos de participación ciudadana (consulta libre, previa e informada) en Colombia y la situación de derechos humanos. Ginebra.
