A 20 años del huracán Mitch: un antes y después en Honduras
Escrito por Bladimir López Sánchez, analista político del CESPAD
14 de noviembre 2018
El huracán Mitch produjo una serie de efectos sobre los ámbitos económicos, políticos y sociales que abrieron un espacio de encuentro, análisis y debate nacional sobre la manera en que los gobernantes (en la época de la transición neoliberal), dirigían el destino del país.
El fenómeno natural dejó al descubierto cuatro elementos centrales de la vida política nacional. Primero, la crisis de la democracia y un modelo desarrollo económico generador de pobreza y exclusión. Segundo, la incapacidad de los partidos políticos en dar respuesta a la crisis social generada por el Mitch. Tercero, la ineficiencia de las instituciones del Estado ante su excesiva partidización y corrupción. Y cuarto, la ausencia de democratización social y participación de la población en los grandes temas de país.
A 20 años del Mitch, esos elementos persisten en la crisis que atraviesa en la actualidad la democracia hondureña. En ese marco, el principal foco de reflexión para este análisis es que el huracán Mitch marcó un antes y un después en Honduras, a través del desencadenamiento de eventos políticos, económicos, sociales y culturales que determinarían la dinámica política del país en los últimos 20 años.
En un primer momento, a través de una valoración rápida de las políticas neoliberales impulsadas en la década de los 90, identificaremos la manera en que el Mitch evidenció la crisis de la democracia hondureña. En un segundo momento analizaremos la manera en que el período post-Mitch, a través del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, implicó la profundización del neoliberalismo, autoritarismo, exclusión social y las bases sobre las cuales se asentó el modelo extractivista. Y en un último y tercer momento, reflexionaremos sobre las implicaciones políticas y culturales del Mitch a 20 años de su desarrollo, en los esfuerzos por indagar la manera en que desencadenó la profundización del Neoliberalismo, pero de igual manera permitió la reconfiguración de fuerzas sociales que actualmente luchan por la democratización de la sociedad.
I. El huracán Mitch y el Neoliberalismo: La crisis de la democracia
El huracán Mitch puso en cuestionamiento los aportes de las políticas neoliberales al desarrollo socioeconómico del país y evidenció la crisis de la democracia hondureña, que se desarrolló alrededor de dos grandes manifestaciones: la privatización de las instituciones públicas como profundizadora de la exclusión social y un modelo de democracia con rasgos autoritarios-electorales, promotor de la exclusión política y de la corrupción.
A. Privatización de las instituciones públicas del Estado
El neoliberalismo en Honduras se concibió alrededor de las políticas de Ajuste Estructural y se operacionalizó a través de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (1990). Según Isaula (1990; 114-118) y Hernández (2007: 67-68), lo primero implicó: la reducción del aparato estatal, la privatización de la economía, una estrategia de desarrollo económico hacia afuera, reducción del poder de negociación de los sindicatos y el control de los estratos más pobres y desorganizados; por consiguiente, el segundo buscaba lograr la estabilidad, eficiencia y competitividad de la economía hondureña alrededor de la privatización y reformas fiscales.
Ambos mecanismos provocaron grandes efectos sociales: Privatización de instituciones públicas que generaban empleo y seguridad social, lo que acrecentó la exclusión y pobreza; la reducción de la inversión pública, situación que deterioró los servicios de salud y educación, conllevando a la proliferación de enfermedades y precario acceso a la educación y el debilitamiento sistemático del sector social de la economía, a raíz de las políticas de contrarreforma agraria.
Durante el período 1991-1997, los programas de ajuste estructural contaron con el acompañamiento y aval del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Informes del Banco Mundial y la CEPAL, establecen que durante ese período la pobreza apenas se redujo en un 2%, en un país donde el 73% de la población era pobre y un 50% eran indigentes” (citado por Andrea García, 2015, 64).
En síntesis, el Mitch mostró la evidente condición de pobreza, miseria y la vulnerabilidad en la que vivía la población, producto de las políticas de ajuste estructural que profundizaron la exclusión social a través del abandono de la inversión social en salud, empleo, educación y la precaria inversión en proyectos de desarrollo socioeconómicos, orientados a fortalecer la economía local para la generación de empleo y salarios dignos.
B. Modelo de democracia electoral y la profundización de la exclusión política
Un segundo elemento, es que el huracán Mitch puso en cuestionamiento la poca correlación entre la democracia electoral y la capacidad de los partidos políticos en fortalecer las estructuras sociales y ecológicas que hubiesen permitido mitigar los efectos sociales y económicos que dejó el huracán.
El Mitch evidenció la politización partidaria de las instituciones del Estado, una situación que contribuyó a su debilitamiento, volviéndolas vulnerables y corruptas. En ese sentido, las limitaciones de una democracia electoral frenaron todo intento de democracia participativa. Los sondeos del momento indicaban que para 1996, un 50% de los hondureños estaba insatisfecho con la democracia.
Otra situación palpable y evidente fue el desarrollo de una institucionalidad política que no respondía a los intereses de la sociedad. Para el caso, el 90% de la población opinaba que el Congreso Nacional no representa los intereses de la población.
Según Fiallos (2017; 60-73), el Mitch mostró la falta de correlación entre la democracia electoral y la mejoría de la calidad de vida de la población; los partidos políticos fueron incapaces de fortalecer las estructuras sociales y ecológicas que hubieran permitido reducir el riesgo y evitar los efectos negativos del Mitch y, por otro lado, la manera en que los partidos políticos eran los principales promotores de la corrupción, frenando el desarrollo de una institucionalidad pública transparente y eficiente que diera respuestas a los problemas de la población hondureña.
En síntesis, el Mitch, por un lado, evidenció los problemas de un sistema de democracia sujeto a una profunda crisis de legitimidad y, por otro lado, un sistema de partidos políticos promotor de la corrupción pública que debilitó las instituciones del Estado, conllevando a que el sector público fuera incapaz de reaccionar ante los efectos sociales y económicos del Mitch.
En ese marco de exclusión social y exclusión política, durante el período post-Mitch, alrededor del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (1999), se concibió una propuesta de desarrollo socioeconómico orientada a reducir las brechas de exclusión y aumentar la participación de la población en los grandes temas de país.
A 20 años del Mitch, el proceso de reconstrucción y transformación significó la profundización del neoliberalismo y la agudización de los problemas estructurales de la sociedad hondureña.
La Reconstrucción y Transformación Nacional: Entre el neoliberalismo, autoritarismo, exclusión y extractivismo
El Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional establecía los siguientes objetivos:” la reactivación económica con generación de empleo, a través de la recuperación y desarrollo de los sectores productivos; el combate a la pobreza y el desarrollo humano integral, con acciones de mitigación de la pobreza extrema; la reducción de la vulnerabilidad, a través del manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente; y la promoción de la participación democrática, con equidad social en los diferentes aspectos de la vida nacional”.
La recuperación económica se dio a través de la firma de Tratados Internacionales de Libre Comercio (TLC), endeudamiento externo y una serie de facilidades fiscales que promovieron la inversión extranjera y posicionamiento estratégico de la empresa privada. “La política de crecimiento se basó en la inversión privada y reformas estructurales que condujeron a la privatización de grandes empresas estatales como Hondutel, Aeropuertos (excepto Palmerola) y la ENEE, en lo referente a la distribución de energía; Ley de concesionamiento y el debilitamiento de la institucionalidad pública existente” (Alcides Hernández, 2000; 52-54).
Mediante la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), el desarrollo humano sostenible se concibió de manera integral. Sin embargo, en la práctica se evidenció la ausencia de compromiso político, pues los fondos no se orientaron al alcance de los objetivos y los métodos de intervención social tuvieron corte asistencialistas y populistas, encaminados a acrecentar el caudal electoral de los partidos políticos tradicionales. Con la ERP se buscaba reducir, en 15 años, la pobreza a un 40%. Pero para el año 2000, la pobreza era de 66% y para el 2015 era de 60%, es decir que, en 15 años con la ERP, la pobreza apenas se redujo un 6%.
Durante el período post-Mitch se profundizó el modelo de gestión centralista y autoritario heredado del período del ajuste estructural. La promoción de la participación democrática, la participación social, el control social sobre la gestión pública y la descentralización, quedaron totalmente orilladas en las prioridades del Gobierno. Honduras solicitó un total de 94.9 millones de dólares para financiar la participación democrática, de los que el Gobierno solamente aportó 4.3 millones de dólares. En lo referente a la transparencia, se dispondría un presupuesto de 17 millones de dólares; el Gobierno aportó 400 mil dólares. Lo demás fue una tarea de la Cooperación Internacional.
Y, por último, es de importancia establecer la manera en que se intentó dar respuesta al tema del riesgo y la vulnerabilidad ambiental. Fue un proceso que se desarrolló alrededor de la aprobación de la Ley de Minería, la Ley de Agua y la Ley del Medio Ambiente. Esta serie de iniciativas fueron reforzadas por la aprobación de la Ley de Concesionamiento, que abrió paso las concesiones mineras y bosques, que comenzaron a agudizar los conflictos territoriales entre las comunidades y las empresas extractivas.
En la práctica esas grandes apuestas implicaron la profundización del neoliberalismo a través de la privatización de las instituciones públicas del Estado; la profundización de la exclusión social, la profundización del autoritarismo y la promoción del extractivismo a través de la aprobación de Leyes que concesionaron los territorios de forma inconsulta.
A 20 años del Mitch, esos elementos siguen presentes y en gran medida están determinando la actual coyuntura del país. El Mitch acrecentó la acumulación de descontento ciudadano hacia la democracia y profundizó los problemas sociales de la población hondureña.
II. Las implicaciones políticas y culturales del Mitch a 20 años de su desarrollo
El período de reconstrucción nacional (1999-2008) concluiría con el golpe de Estado de 2009. La dualidad existente entre el Mitch y el golpe de Estado, es de suma importancia para comprender las implicaciones políticas del Mitch, ya que el golpe de Estado implicó el perfeccionamiento y profundización del modelo económico y político que se venía concibiendo desde el período de reconstrucción (1).
El período post-Mitch colocó las bases sobre las cuales se iba a concebir el proyecto extractivista y la profundización del neoliberalismo, alrededor de una serie de leyes que promovieron concesiones territoriales y la aprobación de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Con el golpe de Estado, se profundizó el neoliberalismo a través de la privatización de los servicios públicos y su mutación a una versión extractivista de despojo territorial. Desde entonces, bajo esas dos modalidades de Neoliberalismo los gobiernos nacionales concibieron los modelos de desarrollo socioeconómicos en Honduras.
Esas políticas neoliberales se aplicaron en el marco del período de reconstrucción nacional. Según Sosa (2010; 66-93), esas medidas abrieron un nuevo ciclo de protesta social, representado por los maestros y su lucha en Defensa del Estatuto del Docente; la defensa de los recursos naturales (agua, bosque, minería) y las masivas movilizaciones contra el TLC y la privatización de los servicios públicos.
Otra de las implicaciones políticas del Mitch, fue la persistencia de una gestión pública centralista y autoritaria. Durante el período de reconstrucción nacional se bloquearon los intentos de descentralización política y administrativa de la gestión pública, y en contraposición se fortalecieron los modelos de gestión autoritarios. La crisis post-Mich se gestionó de manera autoritaria, ante la incapacidad de la élite política por comprender la oportunidad de cambio social que ofrecía.
A pesar de ese cierre institucional, durante el período de la reconstrucción nacional, ante la presión política y social, los movimientos sociales encontrarían aperturas en el seno de la institucionalidad pública para plantear iniciativas encaminadas a darle respuesta a sus demandas sectoriales y gremiales, sobresaliendo las conquistas del sector docente y del movimiento ambientalista.
Con el Golpe de Estado se refuerza el modelo autoritario a través de un Rediseño del Estado que es funcional al proyecto del modelo extractivista y a los intereses del capital local y transnacional. El refuerzo del modelo autoritario ha implicado el deterioro de la democracia, ante la excesiva militarización de la sociedad, el control que ejerce Juan Orlando Hernández y los militares sobre las instituciones públicas, la profundización de la corrupción, la impunidad y la reproducción de las desigualdades sociales.
En ese marco de cierre democrático se reabre un nuevo ciclo de protesta social con el surgimiento de un movimiento social territorial (campesino, indígena y garífuna) que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes, ante la avanzada neoliberal del proyecto extractivista. La respuesta desde el Estado fue la militarización de los territorios y la implementación de una política de criminalización, persecución y judicialización en contra de las y los luchadores sociales del país.
Otra de las implicaciones importantes del Mitch, es que develó la manera en que la partidización de las instituciones bloqueó el desarrollo de una institucionalidad pública eficiente y transparente. Sin embargo, el período post-Mitch también abrió un importante espacio de reconfiguración de actores y fuerzas sociales que serían los promotores de la lucha por la democratización social. Estos actores surgieron al margen de los partidos políticos, sus demandas giraban alrededor de la democratización de la sociedad y el propósito de la acción política no era la toma del poder.
Posas (2000; 73-81) y Sosa (2016; 66- 67), comparten la idea que el Mitch reactivó la energía social de la población hondureña y se caracterizó por el surgimiento de plataformas sociales y redes de la sociedad civil que promovieron el debate sobre la importancia de la transformación democrática de la sociedad y el posicionamiento de nuevos temas en la agenda pública y nacional como la corrupción, descentralización, gobernabilidad, participación ciudadana y transparencia.
En ese marco, la Universidad Pittsburgh de Estados Unidos, en el 2001, realizó un estudio de opinión ciudadana “Gobernabilidad y Transparencia en Honduras después del Huracán Mitch”, en el que se pone de manifiesto la manera en que la corrupción se profundizó en el período de la reconstrucción. Para ese entonces, el 75% de la población expresaba que era común dar mordidas a los empleados públicos. El 92% no haber denunciado los actos de corrupción debido a la poca efectividad de las instituciones, el 49.5% opinó que los fondos para la reconstrucción se orientaron para ayudar a la gente y, el 70% no creía en la democracia.
La Huelga de los Fiscales (2008) fue una fuerte crítica a esa partidización y falta de transparencia en las instituciones públicas, evidenciando en las 41 denuncias de corrupción a los siguientes actores involucrados en actos de corrupción: políticos, jueces, funcionarios públicos, empresarios, entre otros. La Huelga de los fiscales sería el primer suceso político-social que pondría en evidencia el fenómeno de la corrupción pública en el país y que sentaría las bases para la lucha contra la corrupción.
El golpe de Estado profundizó las redes de corrupción de las cúpulas políticas, policiales-militares y económicas, eso desencadenó un movimiento ciudadano que volvería a posicionar públicamente y en el imaginario social, el tema de la corrupción pública y la necesidad de contar con un ente como la MACCIH, para promover la lucha contra la corrupción en Honduras.
Desde el proceso de reconstrucción la ciudadanía venia manifestando su malestar en la manera en que la corrupción frenaba el desarrollo del país y su insatisfacción con la democracia. Con los eventos suscitados alrededor del golpe de Estado y las recientes crisis políticas que se han desatado en el país, las cifras siguen evidenciando el malestar de la ciudadanía sobre la manera en que la clase política dirige al país.
En un estudio publicado en el 2018 por Latinobarómetro, establece que el 70% de la población hondureña considera que el principal problema del país es la corrupción, apenas el 27% está satisfecha con la democracia, el 75% consideran que los políticos gobiernan para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, apenas el 25 confía en el poder judicial, mientras que el 25% confía en el Gobierno y un 21% en el Congreso Nacional.
La persistencia de esos elementos en el imaginario social de la población, desde el período de la reconstrucción y luego con el golpe de Estado, han sido detonantes de la crisis de gobernabilidad y legitimidad del Gobierno. Asimismo, ha generado procesos de politización social en la ciudadanía, en los esfuerzos de posicionar temas de realidad nacional e incidir en la institucionalidad pública en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
Una última implicación es el tema de la exclusión social. En Honduras el tema del desarrollo social, a través de la creación de políticas públicas registra esfuerzos por concebir el desarrollo de una manera integral. Uno de los bloqueos principales ha sido la falta de voluntad política y la manera en que las políticas sociales se han orientado para mantener y acrecentar la base social de los partidos políticos.
Durante el período de reconstrucción con la ERP, se abrió la posibilidad de cerrar las brechas de exclusión social, a través de seis áreas programáticas de desarrollo que contaron con un presupuesto a quince años (2001-2015), de 53 mil millones de Lempiras. Pero la pobreza, en vez de disminuir, para el 2015 golpeaba a más del 60% de la población.
Con el Golpe de Estado desaparece la institucionalidad de la ERP y se puso en marcha una institucionalidad pública con carácter centralista, alrededor del Programa Vida Mejor, el que se asienta en una política de bonos con carácter clientelar y partidista, en beneficio del Partido en el poder.
En ese marco es importante plantear dos ideas principales. Primero, con el Rediseño del Estado y la puesta en marcha de la política social se evidencia un trabajo desarticulado y fragmentado de secretarias e instituciones y en contra posición se constata el control que ejerce Juan Orlando Hernández sobre la institucionalidad pública que ejecuta la política social en el país.
Segundo, es una política social que en un 70% se financia con fondos externos producto de prestamos internacionales con (BID, BM, BCIE, entre otros), conllevando al aumento del endeudamiento externo. Aspecto que plantea el carácter insostenible de esta estrategia de lucha contra la pobreza.
En síntesis, esta política para enfrentar la pobreza es insuficiente, pues no ataca sus causas estructurales. Prueba de ello, es que en la actualidad el 68% de la población es pobre y el 47% vive en pobreza extrema.
En el marco de 20 años de propuestas de desarrollo social, los problemas estructurales (pobreza, desempleo, migración, violencia, inseguridad, etcétera) se han incrementado y profundizado no solamente por la falta de voluntad política de los gobernantes, sino por las reformas a nivel de composición del Estado que han venido a debilitar la institucionalidad pública con vocación social, a través del recorte de presupuesto, partidarización y corrupción; y un modelo de desarrollo económico que prioriza la inversión económica, seguridad y productiva por encima de la inversión social.
A manera de conclusión, podemos constatar que la relación dual entre el proceso de reconstrucción nacional y el golpe de Estado, políticamente implicó el reposicionamiento de los intereses de la élite política y económica del país; y culturalmente reactivó la energía social y profundizó en la ciudadanía procesos de politización social, que han venido a abrir ciclos importantes de protesta social encaminados a incidir en la institucionalidad pública para darle respuesta al tema de la corrupción y derechos humanos.
Conclusiones
- El huracán Mitch, fue un fenómeno natural con repercusiones políticas, sociales, económicas y culturales en la sociedad hondureña que evidenció la manera en que la privatización de las instituciones públicas profundizó la exclusión social. Asimismo, la persistencia de una democracia electoral excluyente que, además, evidenció la manera en que los partidos políticos fueron incapaces de dar respuesta a la crisis, ante el debilitamiento de las instituciones del Estado.
- El período de reconstrucción nacional fue un proceso que se caracterizó por la gestión autoritaria de la crisis nacional producida por el Mitch, lo que implicó que los intereses de la clase económica y política del país, a través de la profundización del Neoliberalismo, se impusieran por encima de los intereses de la población, a la cual se le cerró todo intento de participación real en el proceso de reconstrucción nacional.
- La relación dual entre el Mitch y el golpe de Estado permitió la recomposición de la elite política y económica del país, mediante la implementación de un proyecto económico neoliberal y extractivista que abrió un nuevo ciclo de protesta social y movilización de distintos actores sociales en la lucha contra la corrupción y a favor de los derechos humanos.
Bibliografía
(1) Para este análisis, es de nuestro interés rescatar una visión más histórica de la actual dinámica económica, política, social y cultural del país, sin dejar de reconocer los eventos coyunturales que determinaron el golpe de Estado de 2009. Es por eso que hemos realizado una línea de tiempo analítica desde el período del Ajuste Estructural (1991-1998), pasando por el período de reconstrucción nacional (1999-2008) y viendo el golpe de Estado como la continuidad y profundización de los proyectos políticos y económicos desarrollados en los dos primeros períodos.
Fiallos, Aníbal Delgado (2017). Honduras: el retorno a la democracia. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Universitaria.
García, Andrea (2015). Políticas públicas y pobreza desde el caso de Honduras. Chile: Revista CIS No19.
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Isaula, Roger (1990). Honduras: un golpe más. Impacto de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Guaymuras.
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Posas, Mario (2000). Gobernabilidad democrática y sociedad civil en Honduras, en Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana en Centroamérica. Compiladora, Leticia Salomón. Tegucigalpa, Honduras: CEDOH.
