Escrito por Gustavo Irías/ Director Ejecutivo del CESPAD
El acontecimiento político más destacado de las últimas semanas en Honduras, sin duda, ha sido la intervención por el Congreso Nacional al Registro Nacional de las Personas (RNP). En especial por sus repercusiones directas en el proceso del diálogo político nacional, en la reconfiguración de las fuerzas políticas y en la evolución de la crisis de la democracia hondureña.
Los principales hechos
Desde mediados del mes de julio la ministra de Finanzas, Rocío Tabora, anunció que la Unión Europea y otros países habían expresado su compromiso de apoyo técnico y financiero para impulsar reformas electorales, entre ellas, una nueva tarjeta de identidad que tendría un valor aproximado de USD 50 millones.
En el mismo mes de julio, en el Congreso Móvil de Gracias, el diputado Felicito Avila, del partido político Democracia Cristiana, presentó el proyecto de ley para intervenir el RNP, en el que se destaca que “se creará una Comisión Interventora (…) integrada por tres miembros que serán electos por el Congreso Nacional. Los comisionados se desempeñarán de forma exclusiva en gestión de intervención”.
A finales de julio, el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, designó a los Integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria para dictaminar el proyecto de intervención del RNP, integrada por representantes del Partido Nacional, Partido Liberal, LIBRE, y Alianza Patriótica.
Finalmente, el 25 de septiembre, el Congreso Nacional, nominó a una Junta Interventora con una amplia mayoría de votos del pleno: 111 votos a favor, 10 en contra, 5 congresistas que no votaron y 2 que se abstuvieron. Esta Junta Interventora quedó integrada por tres miembros propietarios: Rolando Kattan (Partido Nacional), Norman Roy Hernández (Partido Liberal) y Oscar Rivera (Libertad y Refundación). Como suplentes, Roberto Montenegro (Alianza Patriótica) y Gonzalo Fuentes (Democracia Cristiana).
En la integración de esta Junta lo que principalmente ha llamado la atención es la integración de un representante de LIBRE, como miembro propietario, especialmente por no estar participando en el proceso de diálogo político facilitado por la ONU, espacio donde uno de los puntos de su agenda es precisamente el tema del RNP, del TSE (Tribunal Supremo Electoral) y, en general, de las reformas electorales.
En todo caso, esto indica que el espacio donde se adoptarán los acuerdos para viabilizar una salida a la actual crisis política no será el espacio del diálogo político o “Compromiso por Honduras”, sino en el Congreso Nacional, con la participación activa de tres fuerzas políticas: Nacionalistas, liberales y LIBRE. Por supuesto, esto representa un severo revés para el diálogo político y en especial para las fuerzas políticas más empeñadas en este proceso: el Central Ejecutivo del Partido Liberal y el Partido en formación Salvador de Honduras.
Ver también: ¿Dónde estamos con el diálogo político nacional? Las motivaciones de las diversas fuerzas políticas
Se agudizan las contradicciones en el Partido Liberal
La intervención del Registro Nacional de las Personas ha permitido conocer en detalle no sólo cómo se negocian los acuerdos entre las fuerzas políticas, sino también la profundización de las contradicciones existentes entre las élites tradicionales, particularmente dentro del Partido Liberal.
Para el caso, es un hecho innegable que Luis Zelaya y la mayoría de miembros del Central Ejecutivo del Partido Liberal, han cerrado filas en una disputa abierta por el control de este partido en contra de su histórico caudillo Carlos Flores Facussé. Según Luis Zelaya, la constitución de la Junta Interventora del RNP ha significado un «Pacto de Impunidad» entre lo que llama el “lado oscuro del Partido Liberal” con Carlos Flores a la cabeza, el Partido Nacional y LIBRE”. Por su parte, Carlos Flores y su vocero, han hecho pública la activa participación de Luis Zelaya en esta negociación, como también en el pacto entre el Partido Nacional y Liberal que hizo posible la reelección del Fiscal General.
El punto central del conflicto de los liberales, en torno al RNP, ha estado en el nombramiento del representante de su partido en la Junta Interventora (Norman Roy Hernández), de quien Zelaya advierte que “claramente no cumple el perfil técnico para lo que el Registro debería ser”.
A pesar de los hechos relatados, más allá de una simple disputa por el control de los sellos del partido, el altercado en lo interno del Partido Liberal es una lucha por la renovación o la conservación del liderazgo político tradicional, pero todavía con una imprecisa agenda política por parte de los seguidores de Luis Zelaya. En el proceso de construcción de un balance de fuerzas a su favor, era esencial contar con el representante en la Junta Interventora del RNP. Igualmente, hacer del diálogo político nacional un espacio para la construcción de legitimidad política. En ambos espacios, Luis Zelaya y su Central Ejecutivo han enfrentado serios tropiezos.
Los acontecimientos que han seguido a la intervención del RNP marcarán la dinámica de confrontación interna del liberalismo: anuncio de expulsión por el Central Ejecutivo del Partido Liberal de los 17 diputados que han votado a favor, presentación de amparo de los diputados expulsados en el Tribunal Supremo Electoral, la determinación del Tribunal de Honor de ese partido de no expulsar a los 13 diputados liberales que participaron en la toma de posesión presidencial de Juan Orlando Hernández, en enero de este año y, la vigorosa y casi unánime campaña de la prensa de la derecha contra Luis Zelaya. Esto último es una clara toma de partido por la tendencia de Carlos Flores Facussé.
En todo caso, la situación actual del liberalismo es la continuación, en nuevas condiciones, de la fragmentación y deterioro iniciado el 28 de junio del 2009 con el golpe de Estado. En las últimas elecciones presidenciales apenas logró captar el 14% del electorado.
Cuáles son las implicaciones inmediatas en el desenvolvimiento de la crisis política
El proyecto de Luis Zelaya y su Central Ejecutivo, junto con el “nasrallismo”, de articular una nueva oposición política, alternativa a LIBRE se ha atascado. Esta situación está dejando al Partido Nacional como la única fuerza política para representar a los grupos de poder tradicionales, por otro lado, ha potenciado de nuevo a LIBRE como el partido de oposición política más significativo.
Además, el acuerdo tripartito en torno a la intervención del Registro Nacional de las Personas ha allanado el camino hacia las reformas electorales en el seno del Congreso Nacional. Es de prever que la salida pactada al RNP, sea la misma que, en los próximos meses, se siga para el Tribunal Supremo Electoral.
No obstante, es necesario considerar la complejidad del contexto hondureño, cruzado por múltiples crisis y por la política del gobierno estadounidense empeñada en depurar y renovar la élite política tradicional. Esto deja abierto el espacio para muchas opciones.
Asimismo, las fuerzas de oposición política y social, si genuinamente están interesadas en la recuperación y transformación de la democracia hondureña, no pueden desconocer la fuerza electoral que por sí solo representa el Partido Nacional, potenciada por el modelo autoritario puesto en práctica desde junio del 2009.
En tal sentido, la experiencia histórica no puede ser desconocida. Recientemente se ha celebrado el 30 aniversario del plebiscito que puso fin al régimen dictatorial de Augusto Pinochet, un hecho en cual los principales aprendizajes apuntan a la amplia alianza de la gran diversidad de fuerzas políticas y sociales en torno al objetivo común del derrocamiento del autoritarismo, la activa movilización social, el trabajo de organización y formación política y la intensa denuncia internacional.
