Faltaban cinco minutos para salir de casa. El reloj le recordaba cada segundo el momento de partir. Su corazón latía con más fuerza y su cuerpo temblaba como si afuera estuviera esperándola el mismo demonio. Es que Marcela tenía miedo. Miraba para todos lados, rogando a Dios que no estuviera cerca ninguno de sus agresores.
Marcela, como miles de hondureños, vive con la incertidumbre de si podrá regresar viva a su casa durante la noche después de trabajar. Ella es una chica lesbiana y por su orientación sexual ha sufrido maltratos e insultos de parte de los miembros de la pandilla 18 en una colonia de Tegucigalpa, Honduras. Le han golpeado en varias ocasiones, le han insultado y hasta le amenazaron con violarla un “día de estos”, para que sepa lo “rico” que es y para que de una vez por todas se haga mujer.
Marcela tiene 24 años. Es de las hondureñas que no tienen tierra, que un día dejaron su vivienda, su comunidad y su gente para huir con su familia porque su vida está en peligro.
Algunas preocupantes cifras
De acuerdo con cifras oficiales, unas 240 mil personas en Honduras fueron forzadas a desplazarse a otros sitios para proteger su integridad física y su vida. El 51 por ciento son mujeres.
Muchas de ellas debieron huir porque son discriminadas por su orientación sexual, tal y como le sucedió a Marcela, otras escapan de las maras, puesto que han sido requeridas para distribuir drogas o porque sus hijos se han metido a problemas dentro de esas organizaciones criminales, afectando a toda su familia.
Sandra Zambrano, es abogada y defensora de derechos humanos de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y afectadas por el VIH/SIDA en Honduras –APUVIMEH-. Zambrano trabaja de cerca con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales. Conoce la realidad de este grupo poblacional y sabe que muchos y muchas salen de sus casas debido al incremento de la presencia del crimen organizado y sus distintas manifestaciones delictivas como asesinatos, extorsiones, reclutamiento forzado y control de territorios.
“El aumento de la criminalidad lleva a que más personas se vean obligadas a dejar su lugar de residencia para proteger su vida, libertad, integridad y seguridad física, ante la falta de mecanismos de protección adecuados”, indicó Zambrano.
La respuesta del Gobierno
Como respuesta a la presión nacional e internacional ante esta problemática, el gobierno creó a finales del 2013, mediante el Decreto Ejecutivo PCM053-2013, la Comisión Interinstitucional para la Protección de las personas desplazadas por la Violencia (CIPPDV), que tiene como objetivo formular políticas y adoptar medidas para prevenir el desplazamiento forzado debido a la violencia.
Sin embargo, desde 2013 hasta la fecha, la cifra de personas desplazadas ha crecido en una proyección anual del 5% aproximadamente, un porcentaje que surge de tomar como base los datos de las ciudades más importantes del país.
El Distrito Central es un polo de atracción para los desplazados, seguido de La Esperanza, Juticalpa, Trujillo, Danlí, Siguatepeque, Comayagua, San Pedro Sula, Tela, Santa Bárbara, Olanchito, Choloma, Tocoa y Puerto Cortés.
“Muchos y muchas regresan a sus lugares de origen o buscan otra ciudad en la que se sientan más seguros”, de acuerdo con Suyapa Martínez, Coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H).
Las autoridades afirman que desde la comisión interinstitucional se trabaja en conjunto con el Ministerio Público para la investigación y judicialización de los casos en los que la mujer se ha visto obligada a salir de su casa debido a la violencia intrafamiliar.
Sin embargo, para las organizaciones de mujeres y feministas, el problema es grande. Las mujeres siguen dejando sus hogares por la violencia, incluyendo entre esta, la que sufren por sus parejas. “En realidad quien debería de salir es el esposo (pareja), no la mujer que es en sí la víctima. No existe un mecanismo integral de protección para las mujeres todavía en este país”, cuestionó Martínez.
Martínez también criticó la lentitud del sistema de justicia hondureño, el que genera trabas desde nimiedades. “Imagínese que a veces no se sigue una denuncia porque faltan fotocopias –agregó la defensora de derechos de la mujer-, porque tienen que dejar copia del expediente”.
Normalmente las mujeres que sufren debido a la violencia intrafamiliar se van directamente a los juzgados especializados en Tegucigalpa y San Pedro Sula y en las zonas remotas se van a los juzgados de Paz o en las oficinas municipales de la mujer, espacios en los que difícilmente se les resuelven sus demandas.
La gama de vicisitudes que viven las mujeres con la violencia en Honduras es amplia. Siguen siendo “carnada de guerra” porque son víctimas de sus parejas, asesinadas por pleitos de terceros, terminan siendo víctimas de extorsión, sufren vejámenes por su orientación sexual y finalmente el sistema judicial de Honduras no responde.
Retomando a Marcela, el suyo es uno entre millares de casos en los que una mujer ha tenido que huir y dejar su vivienda por miedo a ser asesinada y violada, porque un grupo de pandilleros que simplemente decidió que así fuera.
