Al Hospital Leonardo Martínez llegó una joven de 16 años a quien llamaremos Rosa, por razones obvias. Lloraba por los fuertes dolores en su vientre. Con la información brindada por su madre y ella misma, el personal que la atendió consideró que se trataba de un caso de “ovario retorcido” a consecuencia de un quiste.
El doctor Benjamín Mena (ginecólogo), llegó para atender la emergencia. Después de examinar a la joven el diagnóstico cambió totalmente. Los fuertes dolores de la muchacha no eran por ningún quiste en sus ovarios: “estás a punto de parir un bebé”, le dijo. Pero la joven aún negaba estar embarazada. Afuera, angustiada, la madre esperaba para conocer de la “enfermedad” de su hija. Cuando le dijeron que se trataba de un parto se quedó callada y con la espalda pegada a la pared se fue deslizando hasta quedar sentada, para posteriormente desmayarse.
En su casa nunca notaron nada porque durante los nueve meses la muchacha ocultó el embarazo fajándose el abdomen, una situación que puede causar daños cerebrales al bebé al dificultarle la circulación. En este caso no pasó nada confirma el doctor, pues a la niña que nació la atendió muchos años después, ya convertida en mujer, aunque nunca le ha revelado que él mismo fue quien la recibió al llegar a este mundo.
La historia anterior sucedió hace unos 20 años. Desde entonces la Secretaría de Salud, a tono con los lineamientos de los organismos internacionales, ha reconocido el alto número de embarazos en adolescentes como un grave problema social; sin embargo, las estrategias para reducirlos se han quedado en el papel y la cantidad de adolescentes embarazadas crece, año tras año.
20 años después, la historia continúa
Al igual que la joven de la historia, muchas jovencitas han replicado con creces esa situación y dos décadas después, el escenario sigue igual o peor. Y de hecho, Honduras ha llegado a ocupar el segundo lugar en América Latina en embarazos de adolescentes. En el año 2017 en el país se registraron 101 partos de adolescentes por cada 1, 000 embarazos de todas las edades. Son alrededor de 30 mil jovencitas que cada año se embarazan antes de los 19 años. La cifra debe ser mucho mayor si se consideran los casos no registrados que acontecen en la zona rural o en las familias de escasos recursos económicos que no tienen acceso a centros asistenciales de salud.
El embarazo de adolescentes es un problema social que se ha convertido en «el mayor desafío para la región en términos de derechos sexuales y reproductivos», indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Informe del Estado de la Población Mundial 2017. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de muerte materna es el doble en las menores de 15 años que en las mujeres de edad adulta. Sin embargo, el mayor impacto del embarazo en adolescentes es psicológico y las consecuencias socioeconómicas son para toda la vida.
Atrapadas en el círculo vicioso de la pobreza
En su Informe del Estado de la Población Mundial 2017, la ONU confirma que en la región hay una estrecha relación entre la pobreza y las crecientes tasas de fecundidad entre las mujeres más jóvenes. El reporte global del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por su parte, establece cómo las disparidades en ingresos, educación y empleo impactan en los derechos sexuales y reproductivos.
«El embarazo adolescente es un fenómeno de la pobreza de América Latina; el peso de la inequidad es más contundente porque es la región más desigual», comentó sobre el informe Esteban Caballero, director para Latinoamérica del UNFPA. El embarazo de adolescentes ha creado en un «círculo vicioso» de desigualdad que impide a las mujeres y a sus hijos salir de la pobreza.
La diferencia es notable: mientras en el 20% la población más pobre en Honduras, 31 de cada cien adolescentes se embarazan antes de los 19 años, del otro extremo, en el 20% más rico, el porcentaje de adolescentes embarazadas baja drásticamente a 9.6%.
El problema social tiene una relación estrecha con la educación. Según documentos de la Secretaría de Salud los embarazos adolescentes disminuyen al aumentar los niveles de escolaridad. Entre las jóvenes sin ninguna educación casi la mitad salen embarazadas; un 46% y 42% en las que solo cursaron de 1 a 3 años de escuela primaria. Baja considerablemente el porcentaje a 29, entre las que estudiaron de 4 a 6 años de primaria y hasta un 11% en las jovencitas con educación secundaria.
El círculo vicioso de la pobreza se afianza porque la joven que se embaraza tiene mayores dificultades para trabajar. Los empleos a los que puede acceder no son los mejores porque su situación le impidió iniciar o continuar sus estudios; apenas un tercio de las madres adolescentes terminan la escuela secundaria y reciben un diploma.
El no acceder a mejores empleos limita los ingresos que le permitirían mejorar económicamente a la joven madre, quien con frecuencia tiene que atender sola a su hijo, por el abandono del padre. El niño o niña crecerá entonces pobre y se cumple de esta manera un “ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza”.
Lo anterior permite concluir que una adolescente rural, pobre y con bajo nivel de escolaridad, tiene una probabilidad mucho más elevada de quedar embarazada y, asimismo, de continuar en la pobreza junto a sus descendientes.
Las estrategias y metas del gobierno se quedan en el papel
El gobierno reconoce que el alto índice de adolescentes embarazadas es un problema social, identifica los daños que tiene para la salud de la madre y el bebé, y las consecuencias para la familia.
En el 2012, la Secretaría de Salud elaboró, para cinco años, una Estrategia Nacional para la prevención de embarazos Adolescentes en Honduras (ENAPREAH), en la que se planteaba que “Es importante que el país cuente con planes, programas y proyectos de prevención de embarazos en adolescentes que aborden las consecuencias que esto trae no solo para la madre y el padre, sino también para su bebé, educar para la prevención es educar para la vida, sin daños a terceros”.
Consideran las autoridades de salud que las consecuencias del embarazo adolescente trascienden más allá de lo físico y abarca situaciones psicológicas, emocionales, sociales y educativas. Advierten sobre las repercusiones en los hijos de mujeres adolescentes (quienes corren mayor riesgo de muerte durante el embarazo y al momento del parto), ya que pueden sufrir deficiencias estructurales y anatómicas y tienen 80% más de probabilidad de morir en los primeros cinco años de vida. Las investigaciones indican también que los hijos de adolescentes experimentan muchos más problemas de conducta y problemas en la escuela, que los de los partos en no adolescentes.
Las metas de la prevención del embarazo en adolescentes de 2012 al 2017 fueron:
- Incrementar las atenciones de los adolescentes a los servicios de salud
- Reducir la tasa de embarazo en adolescente de 22% a 15.8 %
- Disminuir la demanda insatisfecha en anticoncepción (adolescentes de 15–19 años)
- Disminuir en un 10% la mortalidad materna en adolescentes
La ENAPREAH (de octubre de 2012), es clara en plantear que “Reducir los altos niveles de embarazos en adolescentes es vital para el mejoramiento de la vida de las mujeres, de las familias, así como de la sociedad en general”. Investigaciones, estrategias y programas se han creado, en papel; faltan las acciones. Se cumplieron los plazos establecidos y la realidad continúa igual y en algunos casos peor. Las metas propuestas hace diez o cinco años están todavía muy lejanas de alcanzarse.
En el año 2011 hubo 28, 680 partos de adolescentes y en el 2016 unos 30 mil. Se estima que de cada 100 mujeres embarazadas en el país, 27.4 son adolescentes. Sólo en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula se registran alrededor de 4 mil partos de adolescentes cada año, según reportes de la institución.
Reina Santos, coordinadora de Provisión y Servicios en el centro de salud de El Progreso, la tercera ciudad en importancia en el país, se queja de que “a estas alturas de mediados de 2018 aún no cuentan con una unidad de atención especial a adolescentes” y lo más probable es que no se tenga por este año. Solamente la mitad de las adolescentes embarazadas acuden a consulta pre-natal antes de las 12 semanas, menos de la mitad consumen micronutrientes y solo 44 por ciento reciben apoyo de los padres, según lo que han investigado.
En la aldea de Agua Blanca Sur, la más poblada de Honduras (16 mil habitantes), apenas funciona un centro de salud atendido por una enfermera, sobre el cual pende la amenaza del gobierno de cerrarlo. Un estudio realizado en los departamentos de Yoro y La Paz entre adolescentes embarazadas, evidenció que en todos los casos de embarazo, producto de abuso, las jóvenes intentaron practicarse un aborto.
La lucha por una adecuada salud sexual y reproductiva de las mujeres
Las mujeres organizadas y feministas que pertenecen a la Plataforma de mujeres 25 de noviembre, a la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, a la organización Las Hormigas y a la Coalición Todas, construyeron una Agenda Política en el año 2017, que está conformada por siete temas. Uno de ellos es la Salud Sexual y Salud Reproductiva de las Mujeres.
Estas agrupaciones de defensoras de derechos de las mujeres buscan incidir para que desde el gobierno se implementen políticas y programas para atender la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres de forma integral, con calidad y gratuidad. Agregan, que es urgente la formación de profesionales de la salud, desde la perspectiva del respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
Al hacer una lectura de contexto en el ámbito de la salud, hay algunas, entre muchas situaciones más, que permiten colegir que la salud no es una de prioridad del actual gobierno, dice Suyapa Martínez, Coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H).
Martínez agrega que la propuesta de ellas es que en las unidades de salud pública se tenga disponible la Píldora Anticonceptiva de Emergencia PAE o “píldora del día después”, la que si se toma en las 72 horas después de una relación sexual, impide la fecundación al evitar que el espermatozoide se junte con el óvulo.
Sin embargo, después del golpe de Estado en 2009, el gobierno prohibió el uso de la píldora y su venta. Recientemente una iniciativa de ley fue presentada en la legislatura pasada del Congreso Nacional para legalizar y regular el uso de las PAE, pero la píldora fue atacada fuertemente y calificada como “abortiva” por grupos religiosos y la iniciativa nunca llegó a ser discutida en el pleno del Congreso.
Las autoridades de salud reconocen que en Honduras es muy limitado el acceso a la educación sexual y servicios de salud integrales acordes a la edad, que contribuyan a postergar el inicio de la vida sexual o evitar el primer embarazo. Indican que 64.7 por ciento de las adolescentes embarazadas o que han sido madres, nunca han asistido a charlas o cursos sobre educación sexual.
Las mujeres organizadas cuestionan que en las escuelas también está ausente la educación sexual y salud reproductiva. Incluso, hace ocho años, fueron retirados materiales impresos para orientar a los estudiantes sobre el tema, porque no fueron del agrado de grupos religiosos con fuerte influencia en el gobierno. La promesa fue que se harían algunas correcciones, pero aún no regresan. Como consecuencia, los niños y adolescentes están recibiendo la información sobre la sexualidad a través de la televisión y sobre todo el internet, que ahora tienen al alcance a través de sus teléfonos celulares.
Los servicios de salud no bastan
Para el año 2018, la Secretaría de Salud fijó como meta reducir la tasa específica de adolescentes embarazadas de 101 a 76 por cada mil mujeres. Ya fue planteada hace cinco años, sin logros significativos. Faltan seis meses para saber si esta nueva meta no se queda también en mera aspiración.
Contar con servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país, al alcance de toda la población, sería un gran avance. Sobre todo “llegar a las mujeres más pobres con servicios esenciales de atención de salud materna y prenatal y conceder prioridad en programas de planificación a las que viven en el 40 por ciento de los hogares más pobres”, dice la ONU.
Sin embargo, la organización plantea que eso solo sería la mitad de la solución. Considera que se deben abordar otras dimensiones de la desigualdad de género. También adoptar políticas progresivas encaminadas a eliminar los obstáculos que impiden el acceso de las niñas a la educación secundaria y a acelerar el aumento de los ingresos, entre el 40 por ciento más pobre de la población.
