Después de un largo y complejo proceso eleccionario cargado de irregularidades sistémicas, finalmente se ha cerrado la fase electoral con la formal toma de posesión presidencial de Juan Orlando Hernández (JOH) el 27 de enero. Esto en un ambiente marcado por la impugnación ciudadana, la sistemática represión gubernamental y las acusaciones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) sobre las maniobras de la elite corrupta para evadir las investigaciones y procesos judiciales a diputados y funcionarios gubernamentales.
Del 21 al 27 de enero la contienda política se focalizó, por un lado, en los esfuerzos de la Alianza de Oposición por evidenciar el rechazo popular al fraude electoral del 26 de noviembre y a la reelección presidencial de JOH. Por otro lado, en los detallados preparativos gubernamentales para asegurar la consumación de la toma de posesión presidencial, recurriendo especialmente a las fuerzas militares y policiales que saturaron con su presencia las principales zonas de conflicto en el nivel nacional, pero especialmente en Tegucigalpa. Clara expresión de una Honduras fragmentada en dos proyectos de país.
