La Coalición Contra la Impunidad repudia el pacto de impunidad
Una de las consecuencias del fraude en las elecciones del 26 de noviembre es la consolidación de un régimen dictatorial en el cual los poderes públicos no representan los intereses ni tutelan los derechos del pueblo. La aprobación ilegal de la reforma por adición del artículo 131-A a la Ley Orgánica del Presupuesto incluida en el Decreto 141-2017 sobre la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (ejercicio fiscal 2018), genera un pacto de impunidad para los funcionarios, ex-funcionarios y otros actores privados como Ongs y fundaciones que han administrado fondos públicos y los han malversado, que deja sin facultades al Ministerio Público y a la MACCIH para investigar los actos de corrupción entre 2006 a 2018.
No es la primera vez que los diputados oficialistas pactan con la corrupción y la impunidad, ya lo hicieron con la aprobación de la Ley de Secretos en enero de 2014 y la rebaja de penas en delitos de corrupción en el nuevo Código Penal en agosto de 2017.
Como Coalición Contra la Impunidad condenamos este nuevo pacto de impunidad por ser una burla de la peor calaña por parte de la clase política gobernante con características de criminalidad organizada contra el pueblo hondureño. Con estas normas de impunidad las redes de corrupción garantizarán además de impunidad, “certificados de solvencia” por parte del Tribunal Superior de Cuentas, quien durante los próximos tres años se encargará de manipular documentación de los casos de corrupción y los Juzgados hondureños tal como sucedió en el caso de los cinco diputados cerrarán las acusaciones ya presentadas como el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Pedimos a la MACCIH que en los próximos días dé a conocer la identidad de los 60 diputados, funcionarios, ex funcionarios y representantes de Ongs que están siendo investigados por esa institución por actos de corrupción. Esperamos que la MACCIH sea coherente con su mandato frente a estos obstáculos que le inhabilitan para cumplir con sus acciones de combate a la corrupción.
Como organizaciones de derechos humanos estaremos realizando acciones legales y populares en los próximos días contra este hecho oprobioso.
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de enero de 2018.
