Escrito por: Claudia Mendoza
La novedad no es que haya corrupción en el manejo de fondos por parte de diputados del Congreso Nacional. La novedad es que se haya comenzado un juicio en contra de cinco diputados: Héctor Enrique Padilla, Augusto Cruz, Eliazar Juárez, Audelia Rodríguez y Dennis Sánchez (gatos, digo yo).
A manera de resumen (pues no es el punto central de lo que escribo), se les acusa de haber recibido y malversado 15 cheques que en conjunto suman 8.3 millones de lempiras (unos 353 mil 191 dólares), desde la cuenta de la Organización no Gubernamental Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, la que recibió, a su vez, transferencias desde la Secretaría de Finanzas, en el mes de diciembre del año 2016, según el Ministerio Público de Honduras.
La repartición a discreción de fondos/dinero desde la Presidencia del Congreso Nacional ha sido una práctica inveterada y conocida por las autoridades hondureñas. Es, además, auxiliada por la invisibilización que ha hecho la prensa del tema. Este drenaje de fondos ha tenido diversas formas, matices y colores. La manera en cómo se vinculó a estos cinco diputados es una, apenas. Pero me referiré a otra.
La prensa se ha centrado y ha destacado con fuerza el primer aspecto: los más haraganes, los que nunca llegan, los que llegan a dormir, los que presentan mociones desvinculadas de las necesidades de la población, en fin, han invisibilizado que en algunos de esos informes ha habido datos que reflejan las cantidades millonarias de dinero que se les dio a las y los diputados hondureños durante décadas, a través del llamado Fondo Social Departamental.
Por otro lado, las autoridades hondureñas, incluido aquí el Ministerio Público, que hoy destaca el hallazgo de una red de corrupción de diputados, realizada desde la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la corrupción, en conjunto con la MACCIH, se han hecho de la “vista gorda”.
De acuerdo con los informes de las ONGs que enlisté atrás, ha sido una odisea obtener los datos para elaborar los informes, particularmente los relacionados con el dinero que se les da a los mal llamados “padres y madres de la patria”. La mayoría, “patriotas” es lo que menos son.
En el año 2010, mientras dirigía el periódico digital Revistazo.com, junto a un equipo de periodistas (Eleana Borjas Coello, German Humberto Reyes, Claudia Nieto Anderson) nos desplazamos a diversas zonas del país amparados en los datos del informe legislativo 2010 que destacó la FDsF, sobre el manejo de unos 400 millones de lempiras en el Congreso hondureño, a través del Fondo Departamental. El informe contenía nombres y apellidos de las y los diputados a quienes se les emitió millonarias sumas de dinero para proyectos sociales.
Los que más destacaron fueron dos: Alfredo Saavedra, actual diputado por el Partido Liberal, quien gestionó 20 millones de lempiras para la pavimentación de unos 12 kilómetros de carretera en Nacaome, sur de Honduras.
El segundo fue Roberto Micheletti Bain, presidente de facto durante el golpe de Estado en el año 2009 y quien gestionó 15 millones de lempiras para la Alcaldía Municipal de El Progreso, departamento de Yoro. Ese dinero era para la compra de un terreno y la construcción de un relleno sanitario.
La emisión de fondos se hizo en el 2006 y para el 2010 no había pavimentación alguna en el sur, ni compra de terreno o relleno sanitario construido en el norte. Desconozco si en este momento, 2017, se pavimentó la carretera entre unos poblados de Nacaome, pero sí investigué y El Progreso sigue en la actualidad sin relleno sanitario.
Señores del Ministerio Público, de la MACCIH y del elefante blanco llamado Tribunal Superior de Cuentas, sobre este tema hay “mucha, mucha más tela que cortar” y mucho, mucho más que investigar. El tema traspasa a estos cinco “gatitos” a los que ustedes llaman red.
Me quedo aquí, con algunas preguntas que dejo en el aire:
– ¿Quién ordenó desde el Congreso Nacional a la Secretaría de Finanzas, emitir cheques a favor de la ONG vinculada con los cinco diputados?
– ¿Se procederá contra esas personas del Congreso y de Finanzas, también?
– ¿Investigarán las ONGs fantasmas y las que de forma “legal” ayudan a lavar dinero desde el Congreso Nacional?
– El Fondo Social Departamental ya desapareció pero ahora la entrega de fondos se hace desde el más alto nivel y desde otro poder del Estado. ¿Investigarán esa otra red y forma de drenar fondos desde el Congreso Nacional?
– ¿Investigarán casos del pasado reciente, en los que se vincula a diputados que entregaron dinero a patronatos, ONGs, municipalidades y cuyos proyectos sociales siguen inexistentes?
Esto es apenas una viruta de una madeja que no tiene fin.
