Tomado de: Gaipe.net, Represa de Violencia El plan que asesinó a Berta Cáceres, Noviembre 2017
El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) se conformó a solicitud de familiares de Berta Isabel Cáceres Flores y representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Al grupo le solicitaron que efectuara un análisis independiente de la investigación, procesamiento, y, en su caso, sanción de las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, producto del operativo ejecutado el 2 de marzo de 2016. Dicha solicitud fue asumida por el GAIPE según lo dispuesto por la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” aprobada la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999. La referida declaración establece, en el artículo 1, que: “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
El GAIPE, al cumplirse un año de haber efectuado la primera misión a Honduras, consideró pertinente dar a conocer los resultados del análisis efectuado, con el propósito de que pueda profundizarse en la investigación, procesamiento y, en su caso, sometimiento a juicio y sanción de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto.
A la fecha de presentación de este informe se encuentran ocho personas sindicadas por esos hechos delictivos, a cuatro se les ha dictado apertura a juicio y cuatro se encuentran pendientes de la formalización de acusación por parte del Ministerio Público; y, por ende, pendientes de que se decida la apertura a juicio en contra de estas últimas cuatro personas. La información proporcionada por el Ministerio Público permitiría concluir que una de las ocho personas sindicadas no tiene participación en el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ni en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, lo cual, implicaría que dicha persona ha sido, ilegalmente, procesada y privada de libertad.
El GAIPE advierte que, la reserva de la investigación, declarada por el Ministerio Público es contraria a lo previsto por el derecho interno y los estándares internaciones; y, en el caso concreto, constituye una de las principales barreras para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, las personas del COPINH y la sociedad hondureña.
Además, dicha reserva también ha implicado la restricción a los derechos de defensa de las personas procesadas, la cual, es básica en un Estado de Derecho, como lo postula la Constitución Política de Honduras y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Si bien el GAIPE, centra los hallazgos en el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, advierte que según lo han puesto en evidencia diferentes informes de personas expertas y organismos de derechos humanos, el asesinato de la lideresa hondureña y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, se materializan en un contexto de violencia generalizada en contra de la población en general; y, en particular
de un ataque sistemático en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
Dicho ataque, según ha podido verificar el GAIPE, se ha visto incrementado a partir de las políticas de explotación de recursos naturales y bienes del Estado, impulsadas por el gobierno en alianza con el sistema financiero y empresas nacionales e internacionales.
La falta de debida diligencia para el otorgamiento de préstamos y otros tipos de financiamiento a las empresas, ha implicado que los recursos financieros, sean empleados para incrementar los niveles de violencia, romper el tejido social de las comunidades y potenciar el ataque sistemático en contra de personas defensoras de Derechos Humanos.
La fortaleza de DESA, según lo manifestaron expresamente directivos de la empresa, radica en los vínculos con el sector político, empleó los recursos financieros para institucionalizar un ataque sistemá-tico en contra de Berta Isabel Cáceres Flores, personas y comunidades integrantes del COPINH, con el propósito de neutralizar y controlar cualquier oposición que pusiera en riesgo la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
A pesar del racismo expresado por los directivos de DESA, organizaron e instrumentalizaron a miembros de las comunidades para que se constituyeran en una fuerza opositora a las demandas del COPINH, lideradas por Berta Isabel Cáceres Flores, con el propósito de aparentar respaldo comunitario y justificar sus acciones ante el sistema financiero y agentes estatales. Para el GAIPE, según se encuentra documentado en el proceso de investigación, el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto no es un hecho aislado, sino que responde a una política sistemática de ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos, dentro de un contexto de violencia generalizada que afecta a todas las personas radicadas
en Honduras.
El informe, se ha estructurado en siete apartados. En el primero de ellos, se aborda de forma resumida el contexto de violencia al cual se encuentran sometidas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Este fenómeno ha sido abordado por numerosos informes de personas expertas y organismos internacionales, por lo cual, no se consideró pertinente profundizar en el análisis. Los apartados tres y cuatro toman como eje los beneficios otorgados a DESA, así como, la estrategia implementada por DESA para la explotación del río Gualcarque. La información analizada por el GAIPE permite concluir que dicha empresa, a través de los directivos, actuó como una estructura de la criminalidad organizada, pero también, revela que forma parte de otras estructuras criminales que han
incidido en el incremento de los niveles de violencia en contra de la sociedad en general; y, particularmente, contra las personas defensoras de Derechos Humanos.
En el apartado quinto se abordan los hallazgos del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Lamentando, no haber podido profundizar en los derechos que le fueron vulnerados a Gustavo Castro luego del ataque del 2 de marzo de 2016, lo cual, sin duda deberá ser profundizado para avanzar en la consolidación del Estado de Derecho en Honduras. La investigación, así como, el impacto de las diligencias practicadas, se analizan en el apartado seis, en el cual, se hace mérito de aquellas actuaciones que pudieran poner en riesgo el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
En el apartado siete, se describen los hallazgos sobre los niveles de responsabilidad individual de las personas procesadas, así como, de aquellos niveles de responsabilidad que aún falta por deducir. Finalmente, se formulan conclusiones y recomendaciones para garantizar la efectividad de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Dicha estructura responde a que el GAIPE ha considerado, que el mismo, no solamente es una rendición de cuentas a la solicitud de la familia de Berta Isabel Cáceres Flores y a las personas que integran el COPINH, sino, también se ha considerado pertinente que a partir del contexto, sea una rendición para la sociedad hondureña y la comunidad internacional.
Lo anterior en virtud de que los niveles de violencia que vive la sociedad hondureña, en general, y, particularmente, las personas defensoras de derechos humanos, amerita la solidaridad y apoyo de los diversos pueblos que aspiran a construir sociedades menos violentas, en las cuales, el respeto a los derechos humanos sea incorporado como una práctica cotidiana por el sector político, las fuerzas de seguridad, las empresas y el sistema financiero internacional.
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