Tomado de: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
San José, 17 de agosto del 2017. Desde CEJIL expresamos nuestra preocupación ante el alza en las cifras de feminicidios en Honduras y la falta de respuestas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres en este país.
De acuerdo a los datos del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, cada 14 horas es asesinada una mujer en Honduras. Por su parte, el Instituto universitario en democracia, paz y seguridad (Iudpas) ha registrado 187 homicidios de mujeres entre enero y junio del 2017; las organizaciones de la sociedad civil denuncian que van más de 200. Pese a la ausencia de cifras oficiales, lo cual es preocupante en sí mismo, toda la información dispuesta da cuenta de una alarmante violencia estructural, en donde las mujeres son consideradas como objeto de posesión y por tanto se ven expuestas a toda clase de vejaciones.
Este tipo de delitos no se pueden observar como hechos aislados. Lamentablemente, se trata de manifestaciones de violencia extrema, que reflejan la ausencia de políticas públicas que permitan garantizar los derechos de las mujeres plenamente, sin discriminación alguna. Aún más: detrás de los números de feminicidios, hay vidas de mujeres que fueron sacrificadas sin que existan consecuencias para quienes ejecutan los crímenes. La impunidad en estos casos envía un mensaje a la sociedad de que este tipo de crímenes son tolerados por el Estado.
Ya la ONU alertó en su informe presentado en agosto de este año, ante la notoria alza de las cifras. A su vez, reconoció que las investigaciones por esos casos son insuficientes e hizo un llamado a “redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer y ofrecer asistencia y protección a las víctimas; incluyendo por medio de la adopción de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres”. (ver más acá).
Una recomendación similar fue dada a Honduras por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del año 2016. Este órgano también señaló al Estado “Implementar políticas estatales para abordar los estereotipos y roles subordinados históricamente impuestos a las mujeres en base a conceptos de igualdad y no discriminación.”
Ante este recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, CEJIL hace un llamado de atención al Estado, exhortándole a asumir su responsabilidad, previniendo adecuadamente situaciones de violencia así como dando a las víctimas y sus familiares el debido acceso a la verdad, justicia y reparación.
Adicionalmente, interpelamos a las autoridades para que en la nueva discusión sobre las reformas al Código Penal consideren de manera exhaustiva los diversos tipos de violencia en la construcción del tipo penal sobre el feminicidio, tomando en cuenta los criterios de las organizaciones sociedad civil.
Finalmente, solicitamos a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que den seguimiento a las recomendaciones antes referidas y ofrezcan su apoyo técnico para superar esta problemática.
