El 7 de mayo del 2022, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro cumplió 100 días al frente de la gestión pública del Estado de Honduras. A más de tres meses de su ascenso al poder, es importante hacer una lectura de hacia dónde avanza en materia de reivindicación y respeto a derechos humanos. Por eso, este informe indaga, en el primer apartado, el estado de las 30 propuestas de los primeros 100 días de Gobierno[1], desde la perspectiva de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). En el segundo apartado se identifican las posibles tendencias de la política de derechos humanos de la actual gestión gubernamental. Y, en tercer y último apartado, a manera de recomendaciones, se puntualizan los principales retos del Gobierno, para avanzar en la implementación de políticas sociales desde la perspectiva de los DESCA.
I. Estado de las propuestas a 100 días de Gobierno, en relación con los DESCA
- Lucharé y apoyaré la derogación de las leyes de la dictadura: Ley del Consejo de Seguridad y Defensa, Ley de Secretos, Ley de Escuchas, Ley de Zonas Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Ley de Coalianza, Ley del Congreso Nacional y demás leyes vigentes, aprobadas en la hemorragia legislativa del 2013, para conformar la dictadura.
Durante este periodo de tiempo, se derogaron tres leyes: Ley ZEDE, Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la Ley de Secretos, y la Ley de Empleo por Hora. Con su abolición, la primera Ley asegura que las comunidades rurales, indígenas, campesinas y garífunas seguirán teniendo acceso sobre sus principales medios de vida, ante las intenciones de las ZEDE de tener acceso ilimitado al territorio concesionado. Con la derogación de la Ley de Secretos se quita del camino un estamento legal, considerado el principal instrumento de fomento de la corrupción y la impunidad en el país. Mientras, la abolición de la tercera Ley devuelve derechos laborales a la clase trabajadora y pone un alto a la flexibilización y precarización laboral, de la cual la empresa privada se valió (una década) para acrecentar su riqueza, en un marco amplio de violación de derechos humanos y laborales. Considerando el vínculo estrecho entre la corrupción y la vulneración de derechos, en Honduras se abre un escenario de lucha contra la corrupción en distintas modalidades.
- Ordenaré la recuperación de las empresas estatales que le proveen servicios al pueblo: la ENEE, HONDUTEL, el SANAA, aeropuertos, puertos y carreteras libres de peajes.
Sobresale la acción de la aprobación de una nueva Ley de Energía Eléctrica, que en el fondo promueve una mayor intervención del Estado en el sector sub- eléctrico y busca ponerle límite al monopolio que ejerce el sector privado. En materia de los DESCA, lo anterior es importante por tres elementos. Primero, la renegociación de los contratos asegura que los sectores vulnerabilizados tendrán acceso a energía de calidad y gratuita. Segundo, una mayor intervención estatal permite que la energía renovable (principal motivador de conflictos socioambientales), se genere sobre una lógica democrática, alejada de los valores del mercado. Tercero, el fortalecimiento y rescate de la ENEE, como bien público, puede generar importantes oportunidades de ganancias económicas para al financiamiento de la política pública que demandan los sectores sociales del país.
- Crearé la Secretaría de Planificación Económica y Desarrollo Social, para que el Estado hondureño organice sus recursos a favor del desarrollo humano, abandonado por la aplicación del modelo neoliberal.
Se ha dado un paso importante con la creación de la Secretaría de Planificación Estratégica, como ente rector de planificación económica y social del Estado. Además, se creó una instancia de Poder Popular, que funge como elemento principal para que la planificación del Estado surja desde abajo, a través de un fuerte proceso de participación social y popular. En perspectiva de los DESCA, estas acciones abren un espacio importante para que las organizaciones sociales y territoriales incidan en el seno de la institucionalidad (mediante el poder popular), y que sus propuestas se conviertan en políticas públicas (con la participación de las unidades de planificación estratégica y políticas públicas de esta Secretaría).
- Reduciré el precio de la energía eléctrica para que la empresa privada, especialmente la micro, pequeña y mediana empresa, sea más competitiva, y los más pobres no deban asumir los costos de la energía eléctrica.
Se implementaron medidas como el bono de energía, para que los sectores más vulnerabilizados no tengan que pagar energía eléctrica. Asimismo, se aprobó un Decreto Ejecutivo para que a la pequeña y mediana empresa no se les aumenten los impuestos que actualmente abonan al Estado. Hasta este momento se desconoce el impacto cuantitativo de esta medida. Si logra tener éxito, permitirá que, a través de la pequeña y mediana empresa, gran parte de la población económicamente activa se beneficie. En relación con el bono, como medida compensatoria y de alivio, es importante ya que reduce gastos económicos de las familias. Sin embargo, hay que esperar en el corto y mediano plazo si esta acción no tiene implicaciones negativas en la política fiscal del país, en un contexto de crisis económica agravada por el aumento de los carburantes en el mercado global.
- Ordenaré la reapertura de BANADESA, un Banco del Estado para apoyar directamente el sector agrícola y el sector informal
Se ha avanzado en la reapertura del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), a través de una capitalización de 1000 millones de lempiras, a una tasa de interés de 2.5% y 5% para el sector campesino productor de granos básicos. Esta es una medida importante para la reactivación agrícola y la seguridad alimentaria, ya que históricamente el sector que ha accedido a estos fondos es el de los agroindustriales y no el sector campesino de pequeña y mediana escala, debido a la ausencia de títulos de propiedad como garantía para acceder al crédito estatal. Sin embargo, el sector campesino es firme en afirmar que estas medidas deben emitirse, acompañadas de acciones afirmativas en relación con el acceso a la tierra y su titulación legal, en beneficio de las comunidades rurales, indígenas, campesinas, mujeres y garífunas.
- Aprobaré un ingreso universal para las familias pobres. Su financiamiento se generará a partir de los programas de ahorro derivados del combate a la corrupción, austeridad del Estado, e ingresos adicionales que obtendremos por el combate a la evasión, los aumentos de la capacidad productiva del país y la cancelación de exoneraciones fiscales.
La medida gubernamental para avanzar en el cumplimiento de esta promesa ha sido la creación de la Red Solidaria, la cual se ha presentado como una estrategia para la reducción de la pobreza, mediante la ejecución de una serie de programas y proyectos. La Red Solidaria ha generado expectativas porque busca transcender la política de bonos y el enfoque asistencialista del Programa Vida Mejor, impulsado en las últimas administraciones, a través de un proceso de focalización de los sitios con mayor pobreza en el país. Sin embargo, desde diferentes sectores se plantea la necesidad de avanzar en la construccion de una nueva política social con enfoque de derechos, que trascienda la lógica asistencialista y fragmentada.
- Ordenaré una amnistía para los presos políticos y un indulto para aquellos prisioneros que fueron condenados indebidamente por protestas, en defensa de los derechos humanos y de los recursos naturales. Exigiré se aplique el peso de la justicia a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Berta Cáceres y Margarita Murillo. Me comprometo a trabajar por la reparación de los daños causados por las violaciones a víctimas de la violencia política, de los asesinados durante el fraude electoral de 2017 y de los feminicidios
La Ley de Amnistía ha generado una serie de polémicas y desencuentros entre diversos sectores de la sociedad, porque se le considera un nuevo Pacto de Impunidad que ha beneficiado a personas acusadas por corrupción durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya. Sin embargo, es importante mencionar que varios líderes y lideresas y políticos dejaron de ser perseguidos por la justica, por su lucha social en la reivindicación de los derechos humanos. Aunque se ha logrado avanzar en esa línea, sigue pendiente el castigo hacia actores intelectuales responsables de perseguir al liderazgo político y social, al igual que el diseño y promoción de una política de reparación de daños.
- Dotaré de becas a los niños y jóvenes de bajos recursos de escuela primaria, secundaria y universidad. Aprobaré la Matrícula Gratis universal para las escuelas públicas y la merienda escolar.
En el marco de la ejecución de una estrategia de regreso a clases, se retomó el programa de matrícula gratis como una de las medidas que busca que las niñas y niños regresen a las aulas, luego de 2 años de cierre de las escuelas. Esta acción promete enfrentar, en el corto plazo, los bajos niveles de matrículas registrados en los últimos años y los altos índices de deserción escolar que han hecho que Honduras ocupe los primeros lugares en la región Centroamericana, junto a Guatemala y El Salvador. La falta de ingreso de los niños y niñas al sistema educativo, promueve el trabajo infantil y la migración irregular.
Otro punto importante a considerar en esta línea, es la necesidad urgente de un incremento en el presupuesto para educación, porque sigue muy bajo en relación con las demandas históricas de este sector: educación de calidad, calidad docente, infraestructura educativa, entre otros. Todo aumento presupuestario debe considerar al abandonó histórico que ha habido en este sector, en un contexto de mercantilización de la educación y el desmontaje de la institucionalidad educativa publica en el país, que ha habido en 30 décadas de políticas educativas neoliberales.
- En Salud, mi meta es que todos los hondureños estén vacunados y con refuerzos en mi primer año de gobierno.
Desde que asumió Castro, los datos ilustran que, en 100 días, el porcentaje de población vacunada ascendió nueve puntos: en enero estaba vacunado el 43.48% de la población, mientras que, en mayo, ascendía al 52.79%. En comparación con otros países de Latinoamérica, Honduras se mantiene en la media de porcentaje de personas vacunadas. Sin embargo, se evidencia un ascenso importante de personas vacunadas por primera vez, personas completamente vacunadas y las que recibieron dosis de refuerzo, en comparación a las proyecciones de la administración anterior.
Pese a lo anterior, que se convierte en una obviedad, un aspecto importante en relación con el derecho a la salud de las y los hondureños (como en el caso de la educación), es el necesario y también urgente incremento en el presupuesto, con base en la real precariedad de este rubro. Si bien es cierto que se aumentó en un 35%, considerando lo otorgado en los últimos dos años, es un esfuerzo válido, pero no suficiente, porque como demuestran múltiples informes de investigación, es importante que los países avancen en el rediseño institucional del sistema de Salud y en su descentralización estratégica, promovida desde el Estado y las comunidades urbanas y rurales. De ahí que el reto del nuevo Gobierno es trascender la lógica presupuestaria y promover una nueva reforma integral en el sector Salud, bajo un enfoque de derechos.
- Desde hoy anuncio a las mujeres que voy a defender nuestros derechos desde todos los campos de la sociedad, pero especialmente desde la Presidencia de la República. Trabajaremos para erradicar el patriarcado y los feminicidios.
En el marco de esta promesa sobresale la creación de la Secretaría de la Mujer y la actual discusión para la aprobación de la Ley de Prevención de Violencia hacia las Mujeres, como dos de las principales acciones en materia de vindicación de derechos de las mujeres. Pese a lo anterior, desde el sector de las mujeres y feministas se ha cuestionado la falta de voluntad política para avanzar en abordar aspectos de fondos multifactoriales como la erradicación de femicidios, la participación política de las mujeres en puestos claves de Gobierno, como medida para enfrentar al patriarcado, el aborto y la píldora anticonceptiva del día siguiente, denominada PAE.
- No otorgaré más permisos de explotación de las cuencas de los ríos, ni para minas a cielo abierto, y haré todas las gestiones legales para cancelar los permisos y concesiones dados ilegalmente, que están destruyendo nuestra naturaleza. Aplicaré vedas forestales donde así se amerite. Ordenaré la protección inmediata de todos los parques nacionales, bosques nublados, zonas de reservas, cuencas hidrográficas productoras de agua potable y zonas protegidas. Iniciaré con las comunidades y los jóvenes el Plan de Reforestación Nacional más grande de la historia de Honduras. El 77% de nuestro territorio es de bosque de pino y de hoja ancha; vamos a rescatar nuestro medio ambiente.
En el marco de las promesas hacia este sector, se hizo una declaración de emergencia y se ha emprendido un proceso de reforestación, veda forestal e intervención estatal en las principales regiones del país donde las áreas protegidas y reservas forestales están en control de empresas mineras y forestales (de manera ilegal), el narcotráfico y redes de contrabando.
Asimismo, aunque ya no existe la ley que permitía irregularidades en esta materia, porque se declaró a Honduras libre de minería a cielo abierto, en el país persiste un contexto de incertidumbre, con reacciones de la élite extractivista. Mientras, en muchas regiones del país permanecen los conflictos socio-territoriales y ambientales, sin viso alguno de resolución a favor del respeto de la autodeterminación de los pueblos.
- Instalaré la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). Esta Comisión será creada por el Gobierno de Honduras con apoyo de la Organización de Naciones Unidas.
En materia de corrupción se ha avanzado en la intención de desmontar parte de la institucionalidad heredada de la administración de Hernández, con miras a devolverle funciones importantes al Ministerio Público y otras instancias institucionales. Se creó la Secretaría de Transparencia, como ente normativo de la lucha contra la corrupción. De igual forma, se avanza en los pasos necesarios para instalar, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), como una apuesta estratégica del actual Gobierno, para avanzar en el desmontaje pleno del andamiaje que sustenta las redes de corrupción, el fortalecimiento institucional y la consolidación del Estado de Derecho.
En materia de los DESCA, se registran acciones que se han cumplido y otras que están en proceso. En términos generales, podemos sostener que existe voluntad desde el Gobierno de Xiomara Castro por avanzar en la promoción y aplicación de los DESCA en la sociedad hondureña. Sin embargo, lo anterior será posible si las instituciones públicas son capaces de identificar los bloqueos políticos que impiden la concreción de los DESCA, en el actual contexto de transición y cambio político en Honduras.
II. Posibles tendencias en la implementación de los DESCA en Honduras.
En el marco de los primeros 100 días y desde un enfoque perspectivo, se pueden prever las siguientes tendencias:
- La lucha contra la corrupción y la impunidad. Las acciones hasta ahora realizadas por el gobierno de Castro, indican que existe voluntad política para avanzar en una lucha frontal contra la corrupción e impunidad. Sin embargo, dependerá de las acciones estratégicas que implemente el gobierno para desmontar un modelo de corrupción que está sustentado en normativas y leyes vigentes que permean la corrupción. Es importante, además, construir una nueva institucionalidad pública que se inserte, de manera eficiente, en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por otro lado, y no menos importante, se requiere de acciones de persecución penal contra los actores intelectuales responsables de la creación de las extensas redes de corrupción que existen en el país.
- La gestión territorial, agraria y ambiental. De manera paulatina, el gobierno ha dado pasos que van cimentando un esfuerzo por retomar el control del territorio, en un contexto en el cual las fuerzas no estatales y las empresas relacionadas al extractivismo minero y forestal, extraen bienes comunes naturales de forma ilegal. De igual forma, la reapertura de BANADESA alienta las demandas del sector campesino de pequeña y mediana escala, productor de granos básicos. En lo referente al tema ambiental, se han intervenido zonas protegidas y de reservas, y se han puesto en marcha planes de reforestación. Estas acciones serán sostenibles si se plantean de manera estratégica y se avanza en un proceso de articulación con las organizaciones territoriales y ambientales, en un esfuerzo por avanzar hacia una nueva gestión territorial y ambiental, desde los intereses de las comunidades.
- Aumento de presupuesto para la política social. Las Reformas al Presupuesto General de la República, evidencian un incremento significativo para el sector de la educación, la salud y la capitalización de una serie de programas sociales que buscan reducir las brechas de exclusión y desigualdad. Sin embargo, sigue siendo cuestionable que el sector policial y militar es el tercero con mayor presupuesto público, una situación que indica el largo camino para avanzar en los procesos de desmilitarización de la sociedad y los retos políticos del Gobierno en esa dirección.
- Restitución y promoción de derechos humanos esenciales. Con la derogación de Leyes que vulneraban ampliamente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se está abriendo un proceso para avanzar en el diseño de una nueva normativa de política pública centrada en los derechos humanos de forma integral. Este proceso es de importancia y tendrá efectos políticos eficientes si el Gobierno y las organizaciones sociales sellan alianzas, con el objetivo de construir un nuevo marco normativo que, de paso a la creación de una nueva política pública social, transforme las estructuras que promueven la desigualdad y la exclusión. Especial atención tienen en este punto, las mujeres y sus demandas históricas.
- Los derechos civiles y políticos en un ciclo de restitución. La Ley de Amnistía se puede interpretar como el primer paso para la creación de una política de restauración de derechos y de reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y políticos. Esta Ley, si bien abre un escenario de respeto de los derechos políticos y civiles de la población, no basta con su aprobación, ya que es importante que el Gobierno desmonte toda la institucionalidad y normativas creadas para criminalizar, judicializar y asesinar al liderazgo social del país.
III. Retos del Gobierno en relación con la implementación de los DESCA
Entre los principales retos sobresalen:
- Adopción de las recomendaciones internacionales en materia de los DESCA. Los informes del Examen Periódico Universal (EPU), son el vaso comunicativo entre los DESCA y la política de derechos humanos que pretende implementar el Gobierno. Las recomendaciones deberán insertarse en las líneas estratégicas del Gobierno y en las demandas de las organizaciones sociales que consideran muy importantes las recomendaciones internacionales, para insertarse en espacios de incidencia y avanzar en la promoción, adopción y reconocimiento de derechos humanos, con políticas gubernamentales afirmativas.
- Crear un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos. El Gobierno actual heredó una política de derechos humanos altamente cuestionada por las organizaciones sociales, por su carácter reactivo y poco estratégico, y por la existencia de una institucionalidad fragmentada y dispersa, incapaz de responder, de manera eficiente, a las necesidades de la población. En ese sentido, la creación de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos es un punto de partida importante, para plantear un nuevo sistema institucional y una nueva ruta estratégica, hacia la promoción y salvaguarda de los derechos humanos.
- Desmontaje de la normativa e institucionalidad extractivista, ambiental y territorial. Para construir un nuevo orden territorial y ambiental, es importante construir un nuevo marco normativo que promueva la construcción de políticas públicas sobre el enfoque de justicia ambiental, desarrollo sustentable y transiciones postextractivistas. Esto permitirá que las acciones del Gobierno se vinculen con las demandas y propuestas de las organizaciones sociales y territoriales, en los esfuerzos por promover los derechos territoriales y los derechos de la naturaleza, en el marco de la gestión ambiental, extractivista y territorial.
- Impulsar una profunda reforma en el sector educativo y de salud. La concreción estratégica de estos dos derechos solamente es posible bajo la construccion de un nuevo sistema de educación y de salud, incluyente y democrático, que asuma la educación y la salud como derechos humanos. La cobertura sanitaria y la calidad educativa son dos elementos centrales que impulsan la necesidad de una reforma integral, en un país con impresionantes desigualdades sociales.
- Desmontaje del modelo autoritario y militarista. Una nueva reforma del Estado permitirá avanzar en el desmontaje del modelo autoritario, heredado luego de 12 años de gobiernos nacionalistas. Una nueva reforma al sistema de seguridad, permitirá desmontar el modelo militarista que impregna lo político-institucional, y social en Honduras. Este desmontaje es un punto clave para construir la democratización política de la sociedad, sobre nuevos marcos institucionales que promuevan la implementación de los derechos humanos y la convivencia sana y pacífica de la población hondureña.
[1] 30 propuestas para los primeros 100 días en el plan de gobierno de Xiomara Castro. Disponible en: https://xiomaraymovimientossociales.hn/30-propuestas-para-los-primeros-100-dias-de-su-plan-de-gobierno-de-xiomara-castro (Consultado el 18 de mayo del 2022)
