Por: Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla (2010-2014), está acusada de ocho delitos de fraude continuado y tres de apropiación indebida. Según el Ministerio Público todo se deriva de la auto emisión de un cheque que hizo el 22 de enero del 2014, por la cantidad de más de 12 millones de lempiras de una cuenta oficial de Casa Presidencial, para su beneficio personal. A pocas horas para que se emita un fallo, en caso de ser culpable, ¿cuál es la pena que podría purgar?
La resolución final en el caso de la ex primera dama dependerá de la valoración que los jueces realicen a la extensa prueba documental, pericial y testifical que se presentó a lo largo del juicio oral y público. Esa será la base que definirá el destino de Rosa Elena Bonilla Ávila.
Sin embargo, para los Fiscales del Ministerio Público quedó demostrado que tanto la ex primera dama como Saúl Fernando Escobar, su asistente personal, cometieron delitos porque realizaron más de dos acciones al margen de la ley, en la suscripción de unos ocho contratos para elaborar zapatos, con distintas personas naturales.
¿Qué pide el Ministerio Público?
En la audiencia de conclusiones, los fiscales pidieron al Tribunal de Sentencia que, basados en el Código Penal (en caso de una sentencia condenatoria), se les aplique por cada uno de los delitos de fraude, una pena de 5 a 7 años de prisión. Pero, como es un delito en concurso real, la pena oscilaría entre 40 a 56 años.
Si se llegase a determinar que la pena es de 5 años, los acusados tienen la opción de conmutar. Es decir, apelar a que un juez sustituya esta pena por otra de menor grado o rigor. Sin embargo, todo dependerá si se les aplica el viejo código penal, porque en el nuevo código no existe la figura de la conmutación.
A esto se suma una multa igual o hasta por el triple del valor defraudado. Si el valor defraudado, que según la Fiscalía asciende a un poco más de 6 millones de lempiras, la suma triplicada sería de hasta unos 18 millones 289 mil lempiras y, además, la inhabilitación absoluta de los acusados, como profesionales, por el doble del tiempo de la pena de prisión.
En el caso de los tres delitos de apropiación indebida que se le imputan a Rosa Elena Bonilla, el Código Penal establece una prisión de 2 a 4 años. Pero el Ministerio Público identifica en estos delitos una agravante, por eso afirma que “por la gravedad de la cuantía defraudada se aumenta en un tercio, y por tratarse de un delito continuado se incrementa en un tercio más”.
Considerando la posición del ente Fiscal, la pena, por esos tres delitos, sería de 7 años, un mes y 10 días, porque la prueba presentada es “contundente», y por eso pidieron a los jueces una sentencia condenatoria para ambos acusados.
Otra petición de los fiscales es que se declare el comiso de varios bienes inmuebles de Rosa Elena Bonilla Ávila. En la actualidad, esos bienes tienen la medida cautelar de no celebrar actos y contratos, porque con ellos se pretende cubrir el importe total del dinero que fue sustraído de Casa Presidencial. También solicitaron una medida cautelar sobre el cheque 1401816 que Rosa Elena Bonilla emitió a favor de Casa Presidencial, con fecha del 6 de noviembre del 2015, por el monto de 4,821,267.13 lempiras.
Defensa de Rosa Elena insiste que no eran fondos públicos
La defensa de Rosa Elena Bonilla es del criterio que para la ex primera dama solo cabe una salida, la sentencia absolutoria. La tesis de que los fondos que manejó su defendida no eran fondos públicos, sigue siendo el arma de la defensa de Bonilla.
Juan Carlos Berganza dijo ante los Jueces que esos fondos públicos fueron donados directamente a la ex primera dama y por lo tanto no eran fondos del Estado de Honduras. “Ni un tan solo centavo le dieron, ella lo que hizo fue buscar con Gobiernos extranjeros que la financiaran para ejecutar obras sociales, no lo que dice el Ministerio Público del presupuesto”, sostuvo.
Según lo expuesto por el defensor de Bonilla, todo el presupuesto que entró a Casa Presidencial en gasto corriente, fue para gastos de obras sociales. Otro dato que alegó en sus conclusiones Berganza, es que “quisieron vender la idea que no había zapatos, que no había uniformes”. Pero explicó que sí existieron, pero que “doña Rosa no andaba sabaneando zapateros para contarle los zapatos y los uniformes, que para eso tenía personal”.
De acuerdo con Berganza, los tres delitos de apropiación indebida continuada por los que se acusa a Bonilla en el segundo juicio, son los tres mismos delitos de malversación de caudales públicos que el 4 de septiembre del 2019 (en el primer juicio), absolvió el Tribunal de Sentencia.
Por eso, al final, pidió una sentencia absolutoria. Pero dice que si fuese adversa, es importante observar en este juicio la falta de objetividad del Ministerio Público de Honduras.
