En un juicio plagado de inconsistencias, atropellos, falta a la debida diligencia y violación descarada del debido proceso, el día de hoy el Tribunal a cargo ha condenado a seis (6) de los ocho (8) DEFENSORES DE GUAPINOL sometidos a un injusto proceso. Esta ha ocurrido a pesar de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y de las múltiples demandas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que han exigido su inmediata liberación. Han sido condenados por su legítima lucha por defender el río Guapinol y San Pedro de la contaminación de la explotación minera.
Amnistía internacional ha denominado a los 8 defensores de Guapinol como prisioneros de conciencia, debido a que son “personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso” han sido encarcelados “a causa de sus creencias”, en este caso concreto, la defensa del derecho a agua limpia y un medio ambiente seguro.
Esta condena judicial se inscribe en el patrón de criminalización que ha seguido el régimen autoritario (derrotado en las urnas el 28 de noviembre pasado) y los grupos de poder extractivistas, quienes han hecho uso indebido del derecho penal para procesar a defensores y defensoras ambientales utilizando arbitrariamente figuras del código penal tales como daños agravados, daños simples y privación injusta de la Libertad. Su propósito principal ha apuntado a desmovilizar y sembrar el temor en las comunidades de Guapinol y San Pedro en su justa lucha en la defensa de sus recursos naturales. A lo largo de este proceso el poder judicial ha exhibido su total falta de independencia y subordinación a los intereses de la poderosa empresa Los Pinares y de la familia Facussé.
Ante esta situación, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) hace un llamado al nuevo gobierno presidido por Xiomara Castro Sarmiento en el sentido siguiente:
- Enviar un mensaje contundente de su voluntad de desmontar el patrón de criminalización en contra de los y las defensoras ambientales heredado del régimen autoritario, buscando asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
- Proceder al corto plazo a emitir un indulto presidencial a favor de los defensores de Guapinol y el reconocimiento del Ejecutivo a la labor legitima de este grupo de defensores en la preservación del medio ambiente seguro, el derecho al agua limpia y a la vida.
- Hacer uso de todos los recursos legales a su alcance, a fin de declarar ilegal la licencia minera a favor de Empresa Los Pinares y hacer revisión oportuna de los daños ambientales generados a la comunidad de Guapinol y Sector San Pedro.
Tegucigalpa M.D.C 09 de febrero, 2022
