Bladimir López, analista del CESPAD
25 de enero del 2022
Después de las elecciones generales del pasado 28 de noviembre, la coyuntura del país ha girado alrededor de cinco elementos claves que, en el fondo, permiten comprender la crisis política actual en Honduras, derivada del establecimiento de dos Juntas Directivas en el Congreso Nacional (CN).
- Los señalamientos de fraude electoral a nivel de congreso nacional
El Partido Nacional (PN), en el marco de las elecciones generales, aceptó los resultados en el nivel presidencial. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el Congreso Nacional y, de 38 congresistas registrados en las primeras semanas de ingreso de actas, terminó con 44 diputados y diputadas, en un contexto de denuncias e irregularidades por la presunta alteración de votos. La meta del PN fue siempre asegurar el control del CN, contando con aliados históricos: el Partido Liberal (PL), el Partido Anti Corrupción (PAC), y el partido Democracia Cristiana (DC). La actual coyuntura muestra cómo estas fuerzas han potencializado al histórico bipartidismo, volviéndose a posicionar en espacios claves como el CN.
La movida táctica del PN, en gran medida, le ha permitido convertirse en un actor decisivo y determinante en la actual coyuntura política, alrededor de tres elementos importantes. Primero, sobre el PN recae una herencia de división política en diversas instituciones políticas del país, sucedió con el PAC y ahora con Libertad y Refundación (LIBRE). Segundo, el PN históricamente ha controlado uno de los principales poderes del Estado, sobre el cual se han montado pactos de impunidad, legitimando el narcotráfico, concesionando el territorio y ante la amenaza de perder ese control, los ataques de división son la norma. Tercero, el PN está consciente que mantener una posición clave en el CN, le permitirá continuar como un actor político de relevancia, para disputarle el poder a las demás fuerzas políticas.
- Las contradicciones internas en LIBRE
Siempre llamó la atención que la alianza de coalición partidaria se conformara a pocas semanas de las elecciones generales y en un contexto de ataques entre los aspirantes de las dos fuerzas políticas: LIBRE y Partido Salvador de Honduras (PSH). Son muchas las conjeturas que se pueden sacar, pero es evidente que el acuerdo entre ambas fuerzas políticas no contó con el respaldo de un sector de LIBRE, y eso conllevó (de una u otra forma) a generar el malestar en lo interno de esa institución política, una situación notoria cuando el PSH pidió públicamente el cumplimento del acuerdo: la presidencia del Congreso Nacional a Luis Redondo, miembro de ese partido.
Más allá de las contradicciones internas, determinadas por la conformación de su liderazgo y por la ausencia de una base política-ideológica doctrinaria, la coyuntura ha dejado evidenciado que LIBRE no estaba preparado para asumir, de manera estratégica, una situación como la que aconteció en las recientes semanas, y que concluyó con 20 diputadas y diputados expulsados de esa institución política, por aliarse con sectores políticos del bipartidismo y desconocer el pacto acordado que llevaría a Redondo a la presidencia del CN.
En ese marco, es importante mencionar que de esa división se valió la élite política y económica, vinculada al PN y al PL y, por ende, a los sectores que han acrecentado su riqueza con la injerencia del narcotráfico y la corrupción. Lo que indica esta coyuntura es que alrededor de estas contradicciones, surge un fuerte y nuevo reacomodamiento de la élite política y económica, liderada por un bipartidismo que históricamente ha respondido a los intereses de los poderes fácticos.
- El proceso de transición y el resurgimiento de las demandas de sectores de movimiento social y popular
Luego del triunfo de la presidenta Xiomara Castro, se instaló en el país un proceso de transición que ha tenido como objetivo recoger las principales demandas de los sectores populares del país, en relación con diversos temas como las ZEDE, tierra y territorio; economía social, salud, educación, migración, derechos de las mujeres, sectores indígenas, entre otros. La particularidad de estas demandas es que fueron presentadas por las organizaciones que tienen larga data con una lucha frontal y abierta en contra de las políticas de privatización, en el marco del neoliberalismo, contra el racismo, contra el patriarcado, contra la corrupción, contra la militarización y contra el autoritarismo estatal.
A grandes rasgos, podemos establecer que las propuestas que se presentaron son de tres naturalezas: modernizadores, reformistas y estructurales. Mas allá de su naturaleza ideológica, la característica de las propuestas es que ponen en cuestión temas sobre los cuales la élite política y económica del país se ha valido para mantener un control sobre el Estado y la sociedad: patriarcado, racismo, concesionamiento de territorio, derechos de las mujeres, privatización de servicios públicos, debilitamiento de las instituciones del sector público social, entre otras.
Las propuestas han incomodado a las élites económicas y políticas por tres razones. Primero, si las propuestas se adoptan, la élite política y económica tendrá un menor control sobre el Estado, ya que paulatinamente, con la ascensión de Castro al poder, se emprendería un regreso al Estado regulador del tema económico y social. Segundo, las propuestas apuntan a transformar el carácter conservador de la sociedad hondureña y a promover profundas trasformaciones culturales, debilitando seriamente el control ideológico que mantienen las élites sobre la sociedad. Tercero, las propuestas cuentan con un sólido respaldo de las organizaciones sociales y territoriales que, en un contexto de movilización, incidencia, articulación y apertura institucional, pueden provocar que el nuevo Gobierno tenga un giro ideológico más progresista y a la izquierda.
- Propuestas contundentes para desmontar la impunidad y el combate al narcotráfico
En noviembre del 2021, Castro, a pocas horas de saber que las tendencias electorales le favorecían, anunció la instalación de una Misión Internacional Contra la Corrupción en Honduras y, en semanas posteriores, la Comisión de Transición fue a recibir al aeropuerto al ex director de la policía nacional, Ramón Sabillón, quien regresó del exilio y es considerado como uno de los principales agentes en la lucha contra el narcotráfico. Sabillón es uno de los principales cuadros para dirigir la Secretaría de Seguridad.
Si consideramos que la élite política y económica, alrededor del PN, tiene amplios nexos con la económica del narcotráfico y la economía de la corrupción, no es extraño que estén detrás de la actual crisis política y del objetivo de alcanzar el control del Congreso Nacional, una coyuntura que tiene que ver con la posterior elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Republica, el Tribunal Superior de Cuentas y las autoridades del Ministerio Público, instancias públicas vitales en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Honduras.
La coyuntura indica que este sector de la élite persigue tres objetivos estratégicos.
- bloquear la lucha contra corrupción y el narcotráfico
- generar crisis de gobernabilidad e increpar políticamente a la presidenta Xiomara Castro a través de un juicio político que, probablemente terminaría en su destitución, y
- la élite, ideológicamente, cerraría todo posibilidad a un proyecto de cambio, en un contexto de transición democrática.
En definitiva, los actuales ataques de la élite son de carácter político-ideológico, en un marco de reacomodamientos y de formación de nuevas fuerzas políticas.
- Una élite política y económica temerosa del cambio
No entraremos en un debate sobre la naturaleza ideológica de la élite política y económica del país, pero la historia indica que ha sido temerosa del cambio y jamás ha contado con un proyecto capaz de articular los intereses de la nación.
Lo anterior puede atribuirse a muchos factores, pero es notorio que es una élite con falta de lectura política y económica estratégica, en perspectiva democrática y de cambio. En ese sentido, el plan de gobierno de LIBRE, de carácter reformista, en el fondo no representa un atentado a los intereses de esa élite. Tal como ocurrió durante el golpe de Estado del 2009, la coyuntura actual indica que la élite prefiere actuar de manera antidemocrática y respaldar a las fuerzas políticas golpistas, conservadoras y autoritarias, en lugar de promover cambios democráticos profundos para el restablecimiento de la democracia y el goce de los derechos humanos, al lado de gobiernos legítimos y democráticos.
Sin esta mirada crítica es casi imposible pensar en procesos de transición y transformación democráticos de largo alcance, que conduzcan a la sociedad por el sendero del bienestar, la paz y la libertad. Todo parece indicar que la élite no cederá dentro de los marcos de la institucionalidad y la legalidad, y su comportamiento seguirá siendo conservador, reaccionario y autoritario.
¿Habrá forma de que retroceda y tome una postura democrática?
