Con una participación masiva de la ciudadanía se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras, el 28 de noviembre del 2021. Contrario a lo esperado, en la contienda electoral prevaleció la calma y los fuertes episodios de violencia que se registraron antes de los comicios electorales, quedaron en la historia. La voluntad popular fue más fuerte que cualquier plan para desestabilizar la débil democracia de Honduras y el contundente voto de la ciudadanía, que dio el gane a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), quedó registrado en las urnas. Los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), registran un 68.55% de participación ciudadana, convirtiendo estas, en las elecciones con mayor votación en Honduras.
Pero, paralelo a la elección y el reconocimiento oficial de Castro, como presidenta y la primera mujer en alcanzar la más alta magistratura del país, el contexto hondureño siguió su curso envuelto en una serie de denuncias por parte de una diversidad de gremios profesionales y sectores de empleados del país, en demanda del pago salarial o del otorgamiento de plazas. Asimismo, ante un panorama nada alentador, en relación con la pandemia del Covid-19, el aumento de casos de personas con el virus, el cierre de varios Triajes que operaban en algunas regiones del país por falta de presupuesto, y la amenaza de la llegada de la nueva variante Ómicron a Honduras.
Sin embargo, en el sexto Informe de Monitoreo de Contexto, correspondiente al mes de diciembre, que presenta el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), se hace especial énfasis en Guapinol, un caso que mantiene atenta a la comunidad nacional e internacional, debido a la serie de arbitrariedades que han enfrentado ocho defensores del río, en un proceso judicial irregular.
Guapinol ha sido un caso de los más vigilados y monitoreados; una variedad de estudios y análisis se han escrito, coligiendo “que en Honduras la justicia se aplica selectivamente”[1]. Pero más allá de lo anterior, una diversidad de organizaciones nacionales e internacionales anunciaron la conformación del “Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol”, una iniciativa que tiene como objetivo monitorear el desarrollo del juicio que enfrentan los ocho defensores del agua de la comunidad de Guapinol, privados de libertad desde hace más de 2 años. Las organizaciones que conforman el Observatorio son: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia, US, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Front Line Defenders, y la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos.
Estas organizaciones sumarán su experiencia jurídica, de incidencia y comunicaciones para “exigir al Estado de Honduras que les asegure a los defensores criminalizados un proceso imparcial, público, transparente y apegado a los estándares en materia de derechos humanos, así como la rendición de cuentas”[2].
Descargue: Sexto Informe Contexto Electoral
Referencias
[1] https://eric-sj.org/envio/la-justicia-selectiva-el-caso-guapinol-y-el-caso-pandora/
[2] https://cejil.org/comunicado-de-prensa/ante-proximo-juicio-organizaciones-presentan-el-observatorio-por-la-justicia-de-los-defensores-del-rio-guapinol/
