Autora del documento: Mirna Flores
Edición: Claudia Mendoza
Las transiciones políticas y los procesos de paz en los años 90s, fueron el terreno fértil para impulsar los procesos de reforma de la seguridad en Centroamérica. Esos esfuerzos se encaminaron a separar las funciones entre las áreas de defensa y las de seguridad; reducir el poder político de los militares, conformar nuevas instituciones policiales y fortalecer los derechos humanos[1].
Uno de los objetivos más explícitos de las reformas planteadas en el ámbito regional, fue la desmilitarización de las fuerzas policiales y de la seguridad pública. En este marco, Honduras dio un paso importante al separar la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas. Y, aunque la separación no condujo, en términos reales, a la constitución de una nueva policía, siendo los avances tibios en términos de los retos planteados, pero la reforma a la seguridad formaba parte de una agenda política regional y nacional que permitió avances democráticos.
Estas iniciativas de reforma, en el caso de Honduras, además de débiles e incompletas, mantuvieron las resistencias autoritarias de sectores que buscaron mantener sus cuotas de poder en un nuevo contexto y de una policía que trasladó las viejas estructuras y la cultura autoritaria a la nueva institución de seguridad, creada en 1998.
El otro elemento adverso a las reformas del sector seguridad, fue el crecimiento exponencial de la violencia social y de la criminalidad que alcanzó los índices más elevados en las dos últimas décadas. Honduras y El Salvador consiguieron las tasas más altas de homicidios del mundo: la violencia alcanzó consecuencias negativas imprevisibles en las condiciones de bienestar de la población.
En ese contexto, los diversos gobiernos de esa época carecieron de la voluntad de aprovechar el respaldo de la cooperación internacional a las reformas y el empuje de una sociedad civil favorable a cambios significativos en el sector de seguridad. En tal sentido, no lograron ampliarse y consolidarse un conjunto de reformas democráticas que hubieran funcionado como una barrera a las tendencias regresivas y autoritarias que se producen a partir del golpe de Estado de 2009 y que prevalecen en la actualidad.
Por otra parte, la instauración de la democracia en Honduras, que inició con las transiciones políticas y los acuerdos de paz de los años 80s y 90s, no ha cumplido con las expectativas de la población debido a que las desigualdades sociales se profundizaron, las instituciones democráticas se han mostrado frágiles y sus vacíos han sido aprovechados por los poderes fácticos (legales e ilegales) para hacer la captura del Estado[2].
En el ámbito de las políticas públicas, la reforma democrática del sector seguridad ha sido eludida. La mano dura ha sido la respuesta autoritaria a los problemas de la seguridad pública, así como la militarización y el uso desmedido de la fuerza policial para enfrentar, de forma indiferenciada, la conflictividad social. A partir de la mano dura se han formulado políticas de máxima punición, penalización, control y uso de la fuerza, provocando graves y continuas violaciones los derechos humanos.
La mano dura, además de incentivar la militarización, induce a la violación de los derechos humanos por los cuerpos de seguridad que a menudo hacen uso excesivo de la fuerza contra la población, además, reafirma la peligrosa tendencia a la criminalización de la pobreza, la criminalización de los jóvenes y de la protesta social.
La mano dura tiende a responder, indistintamente, a las diversas formas de criminalidad, algo que impide diseñar políticas diferenciadas, para problemas que son diferentes. La homogeneización de la respuesta a diversos tipos de criminalidad, además de ineficiente, genera incentivos materiales y simbólicos para que los jóvenes, en situación de vulnerabilidad y riesgo, entren a las filas de las bandas delictivas organizadas[3].
En Honduras, producto de la mano dura, las políticas integrales para enfrentar la inseguridad pública y ciudadana fueron relegadas y enfrentadas con militarización; la creación de nuevas unidades policiales y militares; el aumento de los presupuestos de la defensa y la seguridad; la poca transparencia y control en el manejo de los presupuestos, que se respalda en una Ley de Secretos Oficiales.
Estas políticas, reactivas de militarización, mano dura, control y punición, han sido la respuesta de una institucionalidad estatal débil, permeada por la corrupción y la impunidad. Ante esta situación, los organismos de cooperación internacional han preferido orientar sus recursos hacia las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales,[4] provocando un mayor desentendimiento de los gobiernos con las políticas sociales.
A falta de políticas públicas integrales de seguridad y los débiles procesos de reforma de la seguridad, las doctrinas de seguridad nacional e intervención militar se han instalado en los asuntos de seguridad interna y continúan definiendo las concepciones y prácticas de la seguridad pública en el contexto de la abrumadora cotidianeidad violenta que abate a los ciudadanos, que no logra reflejarse totalmente en las estadísticas[5].
En este marco, la presente investigación pretende responder a la pregunta central: ¿Qué políticas públicas se necesitan para mejorar los niveles de seguridad humana y ciudadana, fortaleciendo la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos?
A partir de la pregunta central, pretendemos responder a las siguientes preguntas secundarias: ¿de qué manera los problemas de seguridad pública han impactado en la calidad de vida de los ciudadanos y en la democracia?, ¿de qué forma la militarización, la mano dura y el populismo penal han limitado las propuestas y prácticas de políticas públicas que fortalezcan la democratización del país en estos 12 últimos años?, ¿qué políticas públicas de seguridad requiere la democracia hondureña en el presente?
Desde la perspectiva metodológica, el estudio retoma los indicadores más relevantes de la violencia social y la inseguridad ciudadana, a fin de identificar las tendencias y la evolución del fenómeno de la violencia y la inseguridad en los 12 últimos años, en un contexto de debilitamiento del Estado de derecho, limitaciones de acceso a derechos sociales y profundización de las desigualdades sociales. También recurrimos a la investigación documental para construir el marco referencial teórico y los aspectos contextuales y situacionales, relacionados con políticas públicas y democratización en Honduras. El análisis de las estadísticas y la revisión documental fue complementado con entrevistas en profundidad dirigidas a expertos en el tema, y entrevistas focalizadas a funcionarios públicos.
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Referencias
[1] Wola .2004. Temas y Debates de la Reforma de la Seguridad Pública. Recuperado de https://www.wola.org/es/analisis/temas-y-debates-en-la-reforma-de-la-seguridad-publica/
[2] Sonja, Wolf.2016. Las políticas de seguridad en México y el Triángulo Norte: Militares, mano dura y treguas. Recuperado de: https://www.google.com/search?q=iudpas+sonja+wolf&rlz=1C1CHZN_esHN930HN930&oq=iudpas+sonja+wolf&aqs=chrome. 69i57.7217j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[3]Kliksberg. 2015. Mitos y realidades de la criminalidad en América Latina. Recuperado de https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2850/mitosyrealidades_EUROsociAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[4]Sonja, 2016.
[5] Waxenecker, Harald. 2016. Variables fundamentales para entender las estructuras actuales de poder en el Triángulo Norte de Centroamérica. Recuperado de: https://mx.boell.org/sites/default/files/reconceptualizacion_de_la_violencia_web-final.pdf
