Con nuevas inconsistencias y atropellos por parte de los órganos operadores de justicia y de la empresa Inversiones Los Pinares, se reanudó en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, la audiencia de juicio oral y público contra los ocho defensores del Río Guapinol y el sector San Pedro, quienes por más de dos años han sido privados de su libertad, sin pruebas que evidencian su culpabilidad.
Los defensores del río Guapinol han permanecido en prisión acusados por los delitos de Privación injusta, Incendio agravado en perjuicio de Santos Hernández Corea e Inversiones Los Pinares. Pero el desarrollo de la audiencia continúa, en medio de irregularidades, al grado que, durante la primera jornada, en la que se expuso la formalización de la acusación y la contestación por parte de la defensa, la Fiscalía, conjuntamente con la acusación privada, agregaron un cuarto delito contra los defensores: daños agravados.
Lo anterior acontece, pese a que el equipo legal de los defensores manifiesta que esta acción “no es, ni debería ser posible, ya que no existen nuevos hechos en los que se fundamente y, además, se encuentra fuera de la normativa legal y corresponde, claramente, a una estrategia que busca inculpar y comprometer más la libertad de los defensores”.
Durante el desarrollo del proceso judicial, las estrategias implementadas por la parte acusadora para que los defensores continúen en prisión, han quedado evidenciadas. Sin embargo, lo más crítico e inaudito es la forma en cómo los órganos operadores de justicia se prestan a la realización de acciones alejadas de la ética y normativa legal, parcializando los procesos a favor de la empresa vinculada al caso. La clara evidencia de lo antes expresado, es que el cuarto delito en mención fue aceptado por el Ministerio Público, en pleno uso arbitrario del derecho penal, faltando gravemente al debido proceso y garantías judiciales.
Ante estos hechos, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), se une a las demandas de los defensores y sus familiares, y exige:
- Al Ministerio Público: apegarse a la normativa legal, sin parcializar el proceso judicial a favor de la empresa Los Pinares. Asimismo, que se permita que los defensores se defiendan en libertad y que se adopten las medidas pertinentes que agilicen el proceso.
- Al Estado de Honduras: dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la privación de libertad contra los defensores, y brindar el debido proceso de reparación de daños a los imputados.
- A la comunidad internacional: mantener la presión sobre este caso, para que se apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que demanden al Gobierno de Honduras, un juicio apegado a la correcta aplicación del derecho.
Tegucigalpa M.D.C 10 de diciembre, 2021
