Por: German Reyes, colaborador del CESPAD
Durante las últimas tres administraciones de gobierno, las Fuerzas Armadas de Honduras ha sido una de las instituciones más beneficiada con el fortalecimiento de su presupuesto, la aprobación leyes y la colocación de militares y ex militares en puestos claves e importantes dentro del Poder Ejecutivo. Por eso, es válido preguntarse ¿Cuál será el rol que jugarán los militares ante los escenarios que enfrentarán los hondureños en las elecciones generales?
Apoyo económico sin precedentes
Juan Orlando Hernández ha sido presidente de Honduras desde el año 2013 a la fecha; en su segundo mandato, fue elegido ilegal y arbitrariamente (noviembre del 2017). Pero durante ese tiempo, Hernández fue sentando las bases para fortalecer a las Fuerzas Armadas, por eso emitió leyes encaminadas, en principio, al incremento del presupuesto de las Fuerzas Armadas y a la dotación de logística más sofisticada.
Solo entre 2014 y 2017, el presupuesto de las Fuerzas Armadas aumentó en 804 mil millones de lempiras, un 55.6%, según informe de la organización no gubernamental estadounidense, Wola. El documento indica que ese incremento equivale al 2.9% de todo el presupuesto nacional y que, en ese mismo periodo, los militares recibieron 15.8 mil millones de lempiras más que el Poder Judicial y 18.3 mil millones más que el Ministerio Público. Eso sin tomar en cuenta 4.3 mil millones de lempiras que adquirieron de la Tasa de Seguridad.
Entre tanto, Amnistía Internacional, detalla que en el 2020 el presupuesto de Defensa fue de 344 millones de dólares, 8 millones más que en el 2019, en clara evidencia del interés que tiene el mandatario de congraciarse con los militares.
36 decretos dedicados a los militares
Entre el 2010 y el 2013, con una tasa de criminalidad de 87 asesinatos por cada 100 mil habitantes, Honduras se convirtió en el país más violento del mundo. Muchos policías formaban parte de las redes criminales y en ese contexto, Hernández empujó la maquinaria del militarismo que ya había alcanzado cierto su repunte, con el golpe de Estado del 2009.
El informe de Wola atrás citado, establece que entre el 2010 y 2018 el Congreso Nacional aprobó 36 decretos para reforzar la militarización. Entre esas legislaciones se cita la Ley de Inteligencia Nacional, que faculta a las Fuerzas Armadas a realizar funciones de combate al crimen organizado. Asimismo, la Ley de Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, que crea la Policía Tigres, facultada para labores de investigación, operaciones preventivas y de choque.
De igual forma, se aprobó la interpretación del artículo 274 de la Constitución, que les otorga a los militares funciones policiales y los autoriza a realizar patrullajes, allanamientos y capturas en todo el país.
En agosto del 2013, también se aprobó la creación de la Policía Militar, facultada para la seguridad ciudadana y la investigación e inteligencia. En el 2014, a petición de Hernández, la bancada nacionalista trató de elevarla a rango constitucional, con el fin de independizarla y que sólo recibiera órdenes del presidente. El proyecto fue rechazado por la oposición, pero la Policía Militar siguió creciendo y a finales de 2016 ya contaba con seis batallones de 500 efectivos cada uno; un batallón canino de 130 perros y en el 2017 se crearon dos batallones más.
En esa dirección, también se creó la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, para el combate del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común.
En el 2019, a las Fuerzas Armadas, el gobierno les asignó 4 mil millones de lempiras para el manejo del Programa de Desarrollo Agrícola, debilitando las capacidades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y subordinando a las autoridades civiles ante los militares.
Mientras tanto, se estima que al menos mil militares, entre activos y retirados, ocupan cargos en la Secretaría de Seguridad, la Seguridad Defensa, la Dirección de Aeronáutica Civil, Marina Mercante, Migración, Hondutel, el Instituto Hondureño del Transporte, las Zonas Especiales de Desarrollo, la Dirección Nacional de Inteligencia, INVEST-H, la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán, el Instituto Penitenciario Nacional y varias representaciones diplomáticas, entre otras.
Los zares de la solidaridad
En su afán de catapultar a las Fuerzas Armadas como la entidad más benemérita e importante del país, el gobierno les asigna a los militares un presupuesto a discreción y los convierte en protagonistas de las campañas de solidaridad que se realizan con el dinero de otras Secretarías de Estado, tal como ocurrió con el manejo de la pandemia del covid-19, evento que fue el justificante para entregarles recursos millonarios para la compra de alimentos, equipos biomédicos y materiales de bioseguridad que fueron distribuidos entre la población, los hospitales y los centros de salud.
Por esa razón, a lo largo del año 2020 y parte del 2021, se ha desarrollado la campaña “Honduras Solidaria”, en la cual los militares han estado a la cabeza, repartiendo bolsas de alimentos, distribuyendo mascarillas y coordinando acciones en los triajes, hospitales y centros de salud. A los militares se les entregó el manejo de los hospitales móviles y la industria militar se convirtió en proveedora de agua, materiales quirúrgicos y demás implementos usados en el manejo de la enfermedad.
Los militares en la represión
En los tres periodos de gobiernos nacionalistas (uno de Porfirio Lobo y dos de Juan Hernández), la represión ha sido la característica principal de los militares en contra las diversas organizaciones sociales y pobladores que han manifestado en las calles, por las múltiples problemáticas que han aquejado al país durante la última década.
Desde inicios del 2010, ha sido evidente el uso desmedido de la fuerza contra las diversas organizaciones populares que se negaban a reconocer al gobierno surgido del golpe de Estado. El ejército y de la policía recrudecieron la represión y de utilizar escudos, gases lacrimógenos, agua tóxica y toletes, pasaron a disparar “bala viva” a los manifestantes desarmados o armados con piedras y palos.
La brutalidad ha provocado graves violaciones a los derechos humanos incluida la muerte violenta de personas. Para el caso, a los militares y a los policías se les acusa de haber asesinado a más de 30 personas que participaron en protestas que se registraron en diversas regiones del país, en reclamo por el fraude electoral de las elecciones generales del 2017.
Las cifras de la Coalición contra la Impunidad establecen que 33 manifestantes fueron asesinados, pero las del Comité de Familiares Detenidos-desaparecidos (COFADEH) registran 37 muertes, 232 heridos y 1085 detenidos. De estos, 72 fueron torturados.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en su informe “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones del 2017 en Honduras: avances y desafíos” , también cuestionó fuertemente la respuesta del Estado de Honduras a las protestas que tuvieron lugar después de las elecciones de noviembre de 2017. La OACNUDH concluyó “que para controlar y dispersar las protestas los elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, usaron la fuerza excesiva, incluida fuerza letal, lo que también resultó en muertes, así como en lesiones de diversa magnitud de manifestantes y transeúntes”.
La OACNUDH documentó que al menos 23 personas murieron, incluido un oficial de policía; alrededor de 60 personas resultaron heridas por elementos de las fuerzas de seguridad nacional; se produjeron arrestos masivos, así como malos tratos durante el arresto y la detención.
Muchos más casos podrían citarse desde las elecciones del 2017 a la fecha, pero, sin duda alguna, los militares mantienen un funesto protagonismo, en el marco de la embestida extractiva que arremete en el país, con las concesiones de ríos y territorios. Las comunidades como Azacualpa, en La Unión Copán; Guapinol, en Tocoa Colón; el Bajo Aguán, siempre en Colón, por poner algunos ejemplos, han sido los actores centrales de una lucha que parece no tener fin, contra grandes empresas extractivas y agroindustriales que tiene en derredor el apoyo denodado de policías y militares que trascienden por el papel de gendarmes de los bienes de esas empresas. Solo en el Bajo Aguan, entre el 2010 y el 2012, hubo 123 muertes violentas, seis desaparecidos y muchas familias desplazadas, por la violencia generada por la militarización.
Nacionalistas predisponen a las FFAA
Ante este escenario, es válido preguntarse si ¿los militares respetarán los resultados de las elecciones y en caso de no ganar el oficialismo serán amenaza para un nuevo rompimiento del orden constitucional?
Para el doctor Joaquín Mejía, especialista en derechos humanos, el panorama es complicado porque las Fuerzas Armadas siempre han sido “la pesadilla de la democracia hondureña” y es difícil confiar en que los militares respetarán los resultados de las elecciones generales.
Mejía rememoró que en la década de los 80s los militares desaparecieron personas y asesinaron a líderes del movimiento popular y que, en el 2017, plegándose a los intereses del gobierno, incumplieron el mandato constitucional de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Otra situación que considera peligrosa, es que la Constitución de la República les otorga a los militares la facultad de ser los garantes del proceso electoral “y eso es grave, porque ellos serán los que trasladen los materiales y nada asegura que no tengan camiones cargados con votos”. Indicó, recriminando, que todo lo que han hecho las Fuerzas Armadas ha sido sostener la que llama “dictadura” y por esa razón es válido sospechar.
Mejía insiste en decir que “ellos (el partido de gobierno) no van a soltar el poder. Los militares no van a respetar los resultados; son los mismos que en el pasado dieron golpes de Estado, que se reeligieron ilegalmente, y no es posible que ahora se vuelvan democráticos”. Este abogado asegura que la única oposición remota que tiene la oposición, es que el 28 de noviembre se den votaciones masivas que la favorezcan, como ocurrió en Bolivia.
Sin embargo, el abogado Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), opina diferente. Él está consciente que los mensajes de odio vertidos al fragor de las campañas políticas generan violencia, pero no considera que las Fuerzas Armadas estén dispuestas a irrespetar los resultados de las elecciones.
Según Kenneth, el mandato de las Fuerzas Armadas es garantizar la democracia y confía de manera fiel en que los militares, al estar a disposición del Consejo Nacional Electoral, cumplirán su rol en el traslado y custodia de los materiales, tal como lo establece la Constitución de la República.
Los escenarios son inciertos. Hay quienes afirman que, si el partido en el poder vuelve a ganar, el régimen nacionalista, como siempre ha actuado, impondrá la represión brutal, utilizando a los militares para contener y desmovilizar las acciones colectivas políticas y sociales. En cambio, si la oposición se lleva el triunfo en las elecciones queda la duda de si aceptarán o no los resultados.
