Coyuntura desde los territorios | Elecciones generales: riesgos y oportunidades para las luchas territoriales

Autor del documento: Bladimir López

I. Riesgos para las luchas territoriales ante un hipotético triunfo de Partido Nacional.

Este análisis plantea en 10 ideas centrales los riesgos y oportunidades que representan las elecciones generales para las luchas territoriales, el proyecto concentrador de la tierra y el proyecto neoextractivista en Honduras. Este análisis se centra en un abordaje temático y analítico, de dos conflictos que se profundizaron en el país en el marco del golpe de Estado del 2009: el conflicto agrario y el conflicto socioambiental.

Riesgos políticos en los territorios en resistencia: un hipotético triunfo del Partido Nacional implicaría la continuidad/profundización del proyecto concentrador de la tierra y del proyecto neoextractivista

1. La continuidad y radicalización del proyecto reconcentrador de la tierra y el proyecto neoextractivista. La pandemia del Covid19 y la crisis climática de Eta y Iota renovaron el proyecto extractivista mediante la emisión de una serie de decretos ejecutivos en materia agraria; la entrega de concesiones mineras (online), permisos de generación de energía renovable, la aprobación para la construcción de 14 represas, muchas de ellas ubicadas en territorios indígenas y campesinos en resistencia por estar en contra de la política extractivista, y la construcción de cuatro Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
2. La supramilitarización del territorio en un contexto de contraofensiva neoextractivista. La continuidad del proyecto reconcentrador de la tierra y del neoextractivismo conllevó a un fuerte proceso de ajuste institucional en la política agraria, el extractivismo minero y las ZEDE, con la reconfiguración de las funciones del Estado y la puesta en escena de la supramilitarización del territorio en manos de fuerzas de seguridad privada y actores vinculados al crimen organizado y el paramilitarismo, como características principales. Lo anterior quedó evidenciado en el contexto de la pandemia, momento en el cual acontecieron desapariciones forzadas de líderes en territorios garífunas, en el departamento de Atlántida, y los asesinatos en los territorios campesinos en el Bajo Aguán, entre otros casos.
3. El manejo conservador y empresarial de la crisis climática. El Plan de Reconstrucción Sostenible que se creó como respuesta a los efectos de la pandemia del Covid19 y puntualmente a la crisis que dejaron a su paso los huracanes Eta y Iota, se centra en una visión de desarrollo sostenible, alejado de las principales demandas de las organizaciones territoriales y, en contraposición, refuerza los intereses del sector empresarial en el manejo, acceso y control del territorio. A la vez, representa un alto endeudamiento externo y acceso a una gran cantidad de fondos internacionales (donaciones y fondos verdes), que no pueden ser auditados por las organizaciones sociales.
4. La crisis de derechos humanos y derechos territoriales en una nueva fase de desarrollo. Las ZEDE, debido a sus impactos (económicos, sociales, ambientales y políticos) y ante una inminente expansión, estarían abriendo un nuevo ciclo de crisis de derechos humanos, ante la tentativa de privatización de servicios públicos (educación, salud, vivienda) y los principales medios de vida de las comunidades (tierra, agua, playas, bosque, mares). Eso ocurriría en un contexto, como lo demuestra la experiencia reciente, de ascenso de la lucha y conflictividad territorial en las regiones del país donde las ZEDE están en proceso de construcción y operación. Estas múltiples crisis de derechos humanos implicarían un aumento de la criminalización, la judicialización, asesinatos, el desplazamiento interno, migración, pobreza, violencia territorial, entre otros.
5. Reducción del espacio cívico democrático y una fragmentación mayor de la institucionalidad pública de derechos humanos. En el marco de la pandemia del Covid19, el modelo de gestión autoritaria se perfeccionó debido a una serie de medidas administrativas que se adoptaron desde el Poder Ejecutivo. Por otro lado, ha sido evidente el debilitamiento de las principales instituciones públicas del Estado para dar respuesta a la crisis de los derechos humanos y derechos territoriales. Distintos sectores políticos, económicos y organizativos de la sociedad, coinciden en que la apertura de los espacios democráticos y la efectiva actuación de la institucionalidad pública será posible si se avanza en la construcción de un Estado democrático de derecho, el que ante un hipotético triunfo del Partido Nacional se vería reducido.

La concreción de ese escenario implicaría que (en el corto y mediano plazo) los territorios en resistencia contra los extractivismos, experimentarían una escalada fuerte de represión, ante la probable respuesta de las organizaciones territoriales en la defensa de los bienes comunes naturales. Por otro lado, el riesgo de des-democratización y profundización del modelo político autoritario en la gestión pública se instalaría de manera permanente, cerrando toda posibilidad de participación e incidencia para que las organizaciones movilicen sus propuestas en materia territorial y ambiental.

En conclusión, el triunfo del Partido Nacional implicaría que los movimientos socio-territoriales y las organizaciones sociales hagan un nuevo planteamiento estratégico de la lucha territorial, con el objetivo de disputarle (de manera estratégica) el poder a los sectores extractivistas y centrar su actuación política en los niveles territoriales, nacionales e internacionales, como móvil para contener el poder y emprender acciones que permitan la democratización del territorio, en beneficio de las comunidades.

II. Oportunidades para las luchas territoriales ante un hipotético triunfo de la Coalición Política de Oposición

Antes de entrar en detalle sobre las oportunidades, es importante realizar una serie aclaraciones.  Primero, el partido Libertad y Refundación (LIBRE), en su plan de gobierno sigue manteniendo componentes del proyecto extractivista clásico o convencional. Segundo, el Partido Salvador de Honduras (PSH), tiene posiciones diferentes a las de LIBRE, en relación con el tema de la política agraria, política ambiental, derechos humanos y las ZEDE, entre otras. Tercero, ambas fuerzas políticas no tienen una política de alianza y acercamiento estratégico con las organizaciones territoriales que luchan en contra de la política extractivista.

En ese sentido, las oportunidades político-territoriales que abrirían un hipotético triunfo de la Coalición Política de Oposición, no significarían que las organizaciones territoriales tendrán un camino fácil para incidir y movilizar sus propuestas, debido a las inconsistencias políticas de esa Coalición en temas claves, que determinarían el avance o el fin de la actual crisis agraria y socioambiental[1]. Sin embargo, desplazar políticamente al Partido Nacional del poder, representará un hecho importante para que las organizaciones movilicen sus demandas y propuestas de transformación territorial.

Oportunidades políticas en los territorios en resistencia: el triunfo de las fuerzas de la Coalición Política de Oposición puede representar una oportunidad para avanzar hacia democratizar el acceso a la tierra y el control del territorio, en beneficio de las comunidades rurales, indígenas, campesinas y garífunas.

1. Apertura del espacio cívico democrático con énfasis en lo territorial. Esta oportunidad sostiene la idea que las fuerzas de la Coalición Política de Oposición, en el marco de la conformación de un nuevo gobierno y modelo de gestión democrática en la administración pública, promoverá la apertura de espacios cívicos democráticos, desde una perspectiva incluyente, para que las organizaciones realicen propuestas (demandas y planteamientos) de cambio y transformación territorial.
2. Desmilitarización territorial promovida por fuerzas estatales y no estatales. Partiendo de que las fuerzas de la Coalición van a emprender acciones para el fortalecimiento del Estado de derecho, se abre la posibilidad de que los territorios en conflicto experimenten un proceso de desmilitarización, mediante procesos de resolución de conflictos, impulsado desde el Estado y las organizaciones territoriales. Lo anterior sería un proceso gradual, ante el fuerte arraigo de la política militarista de los principales actores que promueven los extractivismos en Honduras.
3. Fortalecimiento de las instituciones públicas promotoras de los derechos humanos y derechos territoriales. Sumado al fortalecimiento del Estado de derecho, se podría abrir un escenario de democratización de las instituciones públicas del Estado, con un fuerte proceso de autonomía política y administrativa, más la dotación de suficientes recursos y personal, para realizar un trabajo orientado a darle respuestas a las demandas de las organizaciones territoriales.
4. Democratizar el acceso a la tierra y el territorio en beneficio de las comunidades rurales. Lo anterior partiría de una fuerte voluntad política de un gobierno de oposición, para retomar las principales propuestas de las organizaciones territoriales en lo referente a la legalización de tierra y el control democrático del territorio por las comunidades. El impulso de políticas públicas se convertiría en una de las principales herramientas que el nuevo gobierno y las organizaciones territoriales promoverían de manera estratégica, para solucionar problemas como la inseguridad jurídica sobre las tierras, los impactos ambientales, las concesiones extractivistas, la inseguridad alimentaria, entre otras.
5. Movilización de propuestas económicas alternativas a los extractivismos. La apertura de un espacio cívico y el fortalecimiento de las instituciones, abriría oportunidades para que las organizaciones territoriales emprendan acciones encaminadas a promover alternativas económicas a los extractivismos. Esto podría implicar sentar las bases para el impulso de un nuevo modelo de desarrollo económico alternativo, que ponga en el centro los derechos de la naturaleza, derechos territoriales, desarrollo territorial autocentrado y sustentable, entre otros elementos.

III. Ocho puntos mínimos que el nuevo gobierno debe emprender para darle repuesta a la crisis agraria y crisis socioambiental que golpea a los territorios indígenas y campesinos.

En este análisis planteamos una serie de propuestas que se discuten en la Mesa Tierra y Territorio de Bienes Comunes, de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), de la cual el CESPAD es parte. Reproducimos, de manera sintetizada, las propuestas planteadas desde la Mesa Tierra y Territorio:

1. Política agraria integral para el combate a la pobreza rural con énfasis en el acceso y seguridad jurídica de la tierra y producción agrícola para el consumo

Ante la crisis agraria que enfrenta la sociedad hondureña, es importante diseñar una política agraria integral que brinde respuestas a los problemas de acceso y seguridad jurídica sobre la tierra, asistencia técnica, acceso a financiamiento y fortalecimiento de las redes de comercialización agraria en el país, desde un enfoque de derecho. En ese sentido, desde la Mesa Tierra y Territorio se propone la aprobación del anteproyecto de Ley Decreto de Emergencia Agrícola, Pecuario, Forestal y Climático para el combate a la pobreza rural, con el objetivo de cerrar las brechas estructurales que determinan la crisis agraria y alimentaria en Honduras. Este anteproyecto es elaborado por una diversidad de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de mujeres del país.

2. Libertad para las personas defensoras de tierra y territorio y la creación de una jurisdicción de justicia indígena y campesina bajo estándares internacionales de derechos humanos

En Honduras, es recurrente el uso de figuras de tipo penal como el desplazamiento forzado, la asociación ilícita, el uso de armadas de fuego, entre otras, para judicializar a las personas defensoras de tierra y territorio y el desarrollo de juicios en instancias de jurisdicción nacional, creadas para ventilar casos vinculados al crimen organizado y narcotráfico. Lo anterior ha conllevado a que un centenar de defensora/es se encuentren en prisión, pese a los reiterados llamados de atención del sistema internacional de derechos humanos y las pruebas que los cuerpos de abogados y abogadas que los defienden, han interpuesto ante el sistema judicial para comprobar su inocencia.

En ese contexto de arbitrariedad e irregularidades, desde la Mesa Tierra y Territorio se recomienda desarrollar juicios en los que se respete el debido proceso y se adopten las principales recomendaciones en derechos humanos y derechos territoriales. De igual forma, proponemos la creación de una instancia judicial indígena para dilucidar casos en los que se vincula a campesino/as e indígenas defensores y defensoras de bienes comunes. La idea es que este segmento poblacional sea juzgado en una jurisdicción especializada en el derecho indígena, campesino y ambiental.

3. Implementar las principales recomendaciones internacionales realizadas al Estado de Honduras en temas de tierra y territorio para la adopción estratégica de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Es importante que el Estado de Honduras trabaje de manera coordinada y estratégica con las organizaciones sociales que les dan seguimiento y monitoreo a las recomendaciones internacionales en materia de tierra y territorio. Desde la Mesa Tierra y Territorio se propone al Estado, adoptar las recomendaciones que hacen énfasis en el derecho de las personas defensoras de tierra y territorio a defender derechos; la lucha contra el racismo, derechos de las mujeres rurales, el fortalecimiento de instituciones de derechos humanos, seguridad alimentaria, consulta comunitaria alrededor de la instalación de los proyectos extractivistas; lucha integral contra el cambio climático, la promoción de los derechos indígenas y el esclarecimiento de asesinatos de personas defensoras de tierra y territorio.

4. Fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección bajo el enfoque de los estándares internacionales para la protección de defensores y defensoras de tierra y territorio

Según cifras de La Vía Campesina Honduras (LVC-H), en el período comprendido del 2010 al 2021, aproximadamente 165 personas defensoras de tierra y territorio han sido asesinadas, de las cuales, según datos de la CIDH, el 96% de los casos se mantienen impunidad ante la falta de investigación de parte del sistema judicial; y más de 2,400 personas defensoras han sido judicializadas. De igual forma, desde las personas defensoras de tierra y territorio se sostiene abiertamente, entre otras deficiencias, que las medidas de protección que otorga el Mecanismo de Protección son de carácter policial y que en ningún momento se otorgan medidas orientadas a salvaguardar la vida de las personas defensoras, ante los constantes ataques que reciben desde los terratenientes, fuerzas policiales y militares y actores extractivistas con presencia permanente en los territorios en resistencia y disputa.

En ese marco, desde la Mesa Tierra y Territorio proponemos:

• Reformar la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, para que las organizaciones de sociedad civil incrementen su participación dentro del Consejo, asegurando un papel protagónico y beligerante a lo interno del Mecanismo, que se promuevan la construcción de protocolos diferenciados para la protección de las diversas poblaciones beneficiarias del mismo, implementar medidas de protección con énfasis en la seguridad colectiva y comunitaria y dotar de mayor presupuesto público al Mecanismo para un funcionamiento eficaz, eficiente, democrático y estratégico.
• Fortalecimiento institucional y operativo de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural y la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FEDRODDHH), con el objetivo de llevar a la justicia no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de los crímenes contra defensores(as) de tierra y territorio.
• Creación e instalación de Observatorios Regionales de Violencia Agraria y Socioambiental, con el objetivo de monitorear la situación de derechos humanos y derechos territoriales en las principales regiones del país con los mayores niveles de conflictividad agraria y socioambiental.

5. Cancelación de proyectos extractivistas de alto impacto socioambiental y la creación de una política de justicia ambiental reparadora de ecocidios socioterritoriales

Las distintas modalidades extractivistas que confluyen en el país (minería, generación de energía, forestal, agroindustria y ZEDE), se caracterizan por la generación de una serie de impactos socioambientales promotoras de ecocidios territoriales, desplazamientos forzados, violencia territorial. Lo anterior, en un marco institucional que promueve, mediante una serie de leyes, beneficios fiscales a favor de los intereses empresariales internacionales y nacionales de los actores detrás de la política extractivista.

Desde la Mesa Tierra y Territorio proponemos la cancelación de los proyectos extractivistas de alto impacto socioambiental en los territorios del país, así como los que presenten vicios de corrupción en sus procedimientos administrativos, sobre todo los relacionados a la violación del derecho a la consulta y participación de las poblaciones directamente impactadas, con el objetivo de liberar socialmente a los territorios cercados por la política extractivista. La cancelación deberá ir acompañada de una política de “Justicia Ambiental”, con el objetivo de que las empresas extractivistas reparen los daños socioambientales causados en las comunidades donde tienen presencia, previo a su salida del territorio. Esta política de justicia ambiental deberá regirse bajo un enfoque de derechos y lo establecido en la normativa ambiental del país en materia de delitos ambientales y los estándares ambientales sobre la materia, en la cual las organizaciones territoriales deberán tener un rol activo en el diseño y ejecución de la misma.

6. Carácter vinculante y obligatorio de los Cabildos Abiertos e implementar protocolos especiales de acceso a información pública en temas territoriales y ambientales

En Honduras las diferentes modalidades de extractivismos se imponen de manera arbitraria en las comunidades, ante la falta de procesos de consulta y consentimiento y la violación del derecho de participación política en un contexto de ocultamiento de información pública sobre las concesiones extractivistas . Lo anterior, en el fondo, genera la conflictividad socioambiental y la judicialización de personas defensoras de tierra y territorio en Honduras, quienes ante el impacto de estos proyectos se organizan y defienden los bienes comunes naturales.

En ese contexto, las comunidades hacen uso de la figura de los cabildos abiertos y las auto consultas comunitarias para decidir sobre la instalación de los proyectos extractivistas. Los primeros en pocas ocasiones son respetados por el Estado y los segundos no son reconocidos en la normativa del país, como la Ley de Municipalidades. Alrededor de esos dos problemas, desde la Mesa Tierra y Territorio se propone reformar la Ley de Municipalidades estableciendo de manera expresa  el carácter vinculante de las decisiones adoptadas en cabildo abierto, reconocer normativamente la figura de las declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos respetando la naturaleza y el alcance establecido por la práctica de las comunidades y que se apruebe un protocolo especial de acceso a información pública en materia territorial y ambiental para que las comunidades y organizaciones cuenten con información objetiva para la promoción y defensa de los derechos humanos y derechos territoriales fuertemente vulnerados por los sectores extractivistas.

7. Promover la construcción de un nuevo modelo económico con énfasis en el desarrollo territorial autocentrado promotor de los derechos de la naturaleza y priorizar las transiciones postextractivistas en Honduras

El modelo de desarrollo neoliberal y extractivista ha fracaso en su totalidad, tal como lo demuestran los índices de pobreza, desempleo, reconcentración de la tierra, inseguridad alimentaria, migración, desplazamiento interno y entre otros. De allí la importancia de avanzar en la idea y concreción de un modelo de desarrollo territorial autocentrado, para que las organizaciones indígenas y campesinas, mujeres y comunidades rurales sean las que diseñen y construyan sus propias políticas de desarrollo territorial, con base en el respeto de los derechos de la naturaleza y la filosofía del buen vivir.

En ese sentido, desde la Mesa Tierra y Territorio se propone el desarrollo de una política económica que priorice las transiciones post-extractivistas en tres direcciones: el salto cualitativo de un extractivismo depredador a un extractivismo sensato (con profundos controles ambientales) y de este transitar hacia un  extractivismo necesario ( gestionados autónomamente por las comunidades), ya que reconocemos que la producción agrícola, forestal y el turismo emplean a un gran porcentaje de la población en los territorios. En ese sentido, el desarrollo territorial autocentrado, en el marco de las transiciones post-extractivistas, deberá poner a disposición de las comunidades los principales medios de vida y alejarlos de la lógica de mercado.

8. Ambientalización de la sociedad hondureña y un pacto ecosocial para el combate estratégico a la crisis climática, la destrucción del medio ambiente y pérdida de la biodiversidad

Tal y como lo han manifestado en los últimos años los movimientos socioterritoriales y las organizaciones civiles, la sociedad hondureña enfrena una crisis climática sin precedentes, producto de una aguda crisis ecosocial, generada por las políticas neoliberales y extractivistas, que han destruido considerablemente la naturaleza, la biodiversidad, deforestación y ha erosionado el suelo, principales elementos para contener de manera natural los impactos de los fenómenos naturales en las comunidades.

Desde la Mesa Tierra y Territorio se propone un amplio proceso de ambientalización de la sociedad y un pacto ecosocial, que deberían girar en cuatro direcciones: La ambientalización de la educación, la que consiste en la renovación del enfoque educativo sobre la forma en que el ser humano se relaciona con la sociedad, la naturaleza y el medio ambiente, con el objetivo de alejarse de la visión antropocéntrica del ambiente ( el ser humano es el propietario del ambiente) y acercarse a la visión biocentrista del ambiente (el ser humano se encuentra inmerso en el medio ambiente y por lo tanto no le pertenece).

La ambientalización del derecho va más allá de la voluntad del Estado de firmar/adoptar tratados y convenios internacionales. Se trata de avanzar en una norma jurídica ambiental que genere una política de administración pública capaz de responder, eficientemente, con estratégicas y tácticas relacionadas con la problemática ambiental. Es decir, la agenda ambiental deberá interpelar a la administración pública y no al contrario. La ambientalización de la ciudad debe ser capaz de poner en cuestión la privatización del espacio urbano. Ambientalizar los medios de transporte, acceso a servicios públicos de calidad (agua, alcantarillados) y ponerle freno a la tendencia actual de construir ciudades bajo la lógica del mercado (grandes puentes aéreos, edificios gigantes y espacios públicos restringidos).

Por último, sobresale la ambientalización de la política alrededor de la construcción de un discurso orientado a fundar un nuevo orden ambiental. Es importante avanzar en una red de instituciones que aborden de manera científica la cuestión ambiental, de allí la importancia de la construcción de institutos de investigación, redes de pensamiento ecológico, observatorios y centros de investigación con alta capacidad de propuesta y de incidencia política.

Referencias

[1] En un próximo análisis se expondrá ampliamente en qué consiste esta premisa y se desarrollará una pequeña ruta de acción que el nuevo Gobierno podría seguir, para darle respuesta a las demandas de las organizaciones territoriales.