Por: René Estrada
Con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, más de 40 representantes pertenecientes a organizaciones populares, indígenas y campesinas, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, para alzar su voz en contra de las reformas aprobadas al Código Penal, a inicios del mes de noviembre del 2021, porque criminalizan aún más la lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza en Honduras.
Sin importarles la distancia o el calor apremiante de la mañana, con sus banderas, pancartas y mantas, les recordaron a las autoridades de la CSJ que el derecho al territorio es un derecho colectivo, que la tierra es un recurso clave para su supervivencia y que están comprometidas y comprometidos a luchar para ejercer su soberanía comunitaria.
Los actuales modelos extractivos que se han agudizado en los últimos doce años de gobierno, ahora cuentan con un código penal sofisticado que ayuda a frenar las resistencias de los territorios y favorece a una élite económica. Esas reformas penalizan de forma más cruenta a los líderes y lideresas que, en representación de sus comunidades campesinas e indígenas, luchan por el derecho a la tenencia de la tierra.
Elsy Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, enfatizó que todavía hay lucha y disposición para seguir defendiendo los territorios, porque están sabidos que, con estas reformas, se incrementará la persecución en contra de las y los defensores y los pobladores de comunidades que enfrentan la presencia de empresas extractivas.
Criminalización de las luchas socio- territoriales
Los proyectos extractivos se han acrecentado con fuerza en los últimos años en Honduras, y con ello los procesos judiciales en contra de las defensoras y defensores de los territorios.
Hasta junio del 2021, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), registraba 38 procesos penales activos en contra de defensores del territorio y medio ambiente, que están acusados de diferentes delitos pero que tienen como objetivo detener su trabajo por la defensa de los derechos humanos.
De igual manera, el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), presentó en un informe publicado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), las formas mediante las que se ha criminalizado, a través de campañas de desprestigio e intimidación en medios de comunicación, a las defensoras y defensores.
Reportan que han sido requeridos por la justicia debido a su lucha en contra de la instalación de una represa sobre el Río Gualcarque y, más recientemente, de ser víctimas de retención por sujetos desconocidos que terminaron en brutales golpizas.
En cuanto a la judicialización, el informe resalta el caso de los defensores del río Guapinol, los que, a pesar de llevar más de 26 meses en prisión, continúan retenidos por las autoridades del Tribunal de Justicia de Trujillo, en el departamento de Colón. A pesar de múltiples solicitudes de revisión de las medidas, se determinó que deben permanecer en prisión hasta el juicio oral y público programado para el 1 de diciembre del 2021.
Esperan que se declare inconstitucionalidad
“La tierra es de quien la trabaja”, decía una de las pancartas que los abrigó bajo un solo mensaje de resistencia, ya que la lucha que realizan a diario las y los campesinos, en contra de la desigual tenencia de tierra y la expropiación por despojo (ejecutada por empresarios nacionales e internacionales), llama a la unión de las diferentes organizaciones.
De allí que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la Plataforma Agraria del Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, conjuntaron esfuerzos para presentar el recurso con el que esperan se declaren inconstitucionales las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional.
