Por: Helen Montoya
Edición: Claudia Mendoza
Durante su vigencia, la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad en Honduras (MACCIH), documentó al menos 12 casos de corrupción. Todos, sin excepción, tienen un denominador común: Bancos que han sido receptores de millones y millones de lempiras que han sido saqueados del erario y que pertenecen a un sistema financiero que en el país ha guardado un silencio que para muchos ha sido cómplice de la corrupción pública.
La Comisión de Bancos y Seguros (CNBS), es la entidad encargada de supervisar las instituciones del sistema financiero como los bancos comerciales (bancos estatales, sociedades financieras, oficinas de representación y bancos de segundo piso), las instituciones de Pensiones y Seguros (fondos públicos de pensiones, fondos privados de pensiones, administradoras e instituciones de seguros), y otras instituciones como las organizaciones privadas de desarrollo financieras, sociedades remesadoras de dinero, administradora de fondos de garantía y centrales de riesgo privadas.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones dedicadas al tema, cada año la corrupción le cuesta al pueblo de Honduras aproximadamente el 12% de su PIB, es decir 3,000 millones de dólares. Gran parte del dinero vinculado a casos de corrupción, se deposita en muchos bancos que pertenecen a un sistema bancario que debería tener de fondo, una CNBS garante del correcto uso de la banca en el país.
Sistema bancario ¿cómplice de la corrupción?
Mientras estuvo vigente, la MACCIH documentó los casos de corrupción Red de Diputados, la Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Caja Chica del Hermano, Licitación Fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Fraude Sobre el Gualcarque, Patuca III, Aseguramiento de Bienes de la Caja Chica de la Dama, Aseguramiento de Bienes de la Caja Chica del Hermano y Narcopolítica. En todos ellos se utilizó el sistema bancario donde se depositaron un mínimo de 350 millones de lempiras.
Por eso, según Frank Vogl, presidente de la Junta Directiva del Fondo de Asociación para la Transparencia, las entidades financieras juegan un rol fundamental en la corrupción, debido a que son “facilitadores del flujo de dinero ilegal y colaboradores activos de actos ilícitos, desde el lavado de dinero hasta esquemas masivos de inversión…”.
De acuerdo con el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, “todo el dinero que ingresa a las arcas del Estado, se encuentra en cuentas del sistema bancario privado del país”, una situación que los obliga a que vigilen los movimientos de todo tipo, incluyendo el de personas o empresas a las que se vincula con actos de corrupción.
Santos afirma que no existe una clara conexión o confabulación entre el sistema bancario y los corruptos de las redes de corrupción, pero con la información que ha salido “a la luz pública” en los juicios, se puede perfectamente identificar cuáles son los pocos bancos que mueven el dinero, como lo confirman los casos de corrupción que dejó ante los tribunales la MACCIH.
Sobre el tema, Ismael Zepeda, del Foro Social de la Deuda Externa (FODEH), la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una dependencia adscrita a la presidencia de la CNBS, como la encargada de solicitar, recibir, analizar e informar al Ministerio Público, deberían emitir alertas cuando haya transferencias bancarias grandes, que sugieran que detrás hay alguna acción reñida con la ley.
“Lo que da una idea de que la CNBS, que se supone es un ente regulador, pareciera no operar para conocer de irregularidades, y esto se debe a que los banqueros tienen recursos mayores que el PIB del país, anualmente”, acotó el consultado.
Incautaciones, fideicomisos y bienes raíces…las zonas grises
El representante del Fosdeh sostiene que, en un país con una institucionalidad tan deteriorada, hay figuras que facilitan el lavado de activos proveniente del narcotráfico y de la corrupción. “Por ejemplo”, dice, “las incautaciones y aseguramiento de bienes a implicados en casos de corrupción o narcotráfico, se ven ensombrecidas ya que esas propiedades están siendo administrados por los bancos y quedan resguardados de manera atípica sin que realmente el Estado las tenga bajo su tutela”.
Considera, por otro lado, que el negocio de los bienes raíces da lugar a invertir en bienes inmuebles, construcción de edificios y residenciales que se prestan para delinquir mediante la figura del lavado de dinero y por eso las reformas aprobadas tienen sentido. Los fideicomisos constituyen otra figura que también ingresan a “una zona gris” en el ocultamiento de la información o de los bienes porque no existe claridad “sobre quién es el dueño de los recursos, tampoco el beneficiario que tienen como objetivo, ni el banco que es el administrador”.
Zepeda ejemplifica que, en un reciente caso que involucró a la Empresa de Energía Eléctrica (EEH), no hubo acceso a información relacionada con los fideicomisos. “Aunque debe existir información del Comité técnico de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no se sabe quién toma las determinaciones, por ejemplo, en la EEH, de las pérdidas técnicas o no técnicas y hay un mayor ocultamiento y blindaje ya que implica a un banco”.
Bienes incautados con hipotecas regresan a los bancos
Cuando el Estado asegura las propiedades de personas ligadas a la corrupción o al narcotráfico la situación se dificulta porque la mayoría están hipotecadas y eso hace que el Estado no pueda recuperarlas y que queden en poder de los bancos del país.
Contrario a Santos, Zepeda considera que hay cierta complicidad de los bancos con los corruptos y criminales, ya que las instituciones bancarias deben conocer el origen del dinero, “pero la vinculación existente entre las familias, que son dueños de dichas instituciones, uno de los poderes más fuertes en el ámbito político y económico de Honduras y la clase política, es estrecha”.
Algunas reformas que blindan la corrupción
De acuerdo con el análisis que ha hecho el CESPAD en diversos documentos, las principales acciones del gobierno de Juan Orlando Hernández, para garantizar la impunidad a favor de diversos sectores de las élites, han sido las reformas a diversas leyes y códigos importantes del país.
Para el caso, algunas reformas, aprobadas años atrás, al nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), reducen las penas por la malversación de los recursos públicos. Asimismo, se cita la reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante adición al artículo 10 (Decreto Legislativo No. 117-2019), que restablece la inmunidad de las y los diputados del Congreso Nacional.
También, la Ley Especial para la Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios y Programas Sociales (Decreto Legislativo No. 116-2019), que bloquea la acción penal inmediata en contra de los diputados, funcionarios públicos, alcaldes/as, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que hayan ejecutados fondos públicos asignados por el Congreso Nacional.
Y, no menos importantes, las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (Decreto Legislativo no. 145-2019), que inhiben la acción penal del Ministerio Público en contra de los funcionarios públicos. Pero también, en el documento “Sistematización de los Obstáculos Normativos en la Lucha Contra la Corrupción en Honduras. 2016-2021”, se enlista el Decreto No. 141-2017, sobre el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2018. Este decreto determinó que sólo mediante investigación del Tribunal Superior de Cuentas se podía deducir la responsabilidad penal, civil y administrativa a las personas investigadas. Es decir, hasta después de la intervención y resultados de las acciones hechas por el TSC, el MP podrá investigar y perseguir a los implicados en actos irregulares.
Implicaciones de las recientes reformas
El 7 de octubre del 2021, el Congreso Nacional de Honduras aprobó varias reformas a leyes que incluyen algunas que restringen facultades al Ministerio Público para investigar los delitos financieros, en especial contra el lavado de activos. Sin embargo, estas y otras reformas, concernientes al sistema bancario y la privación para que desde el Poder Judicial no se tenga acceso a las cuentas del gobierno que se encuentran depositadas en algunos bancos.
Las reformas se aprobaron en una sesión virtual que se realizó durante una semana festiva que los hondureños denominan feriado morazánico, en el mes de octubre. También se aprobó a pocas horas de un partido de fútbol de la Selección Nacional, ambos catalogados como momentos icónicos de dispersión y ausencia de concentración por parte de la población sobre el acontecer del país.
Las reformas, hechas al art. 47 de la Ley especial contra el Lavado de Activos, indican que: “El Secreto Bancario debe ser suspendido únicamente en las investigaciones por los delitos tipificados en los Títulos XXV y XXXII del Código Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante siempre orden emitida por el Órgano Jurisdiccional competente”. Estas reformas le quitan facultad al Ministerio Público para investigar los delitos financieros, imponiéndose un secreto bancario que evita que se profundice en investigaciones vinculadas a delitos, entre otros, como el lavado de activos.
Con esta reforma, el Sistema Financiero tiene en su poder toda la información concerniente a las personas o empresas implicadas en actos de corrupción. “SI bien es cierto, la ley no los obliga a entregar información de más allá de cinco años, deberían, como una muestra de apoyo contra corrupción, proporcionar la información que se les solicita”, cuestionó Santos.
“Se ha legislado para favorecer o autoproteger y blindarse a los corruptos, no solo de los anteriores, el actual y el futuro gobierno”, ya que con las reformas se beneficiará a los nuevos funcionarios, concluyó el jefe de la Uferco.
Por eso, Zepeda, considera que las reformas que atañen al Sistema Financiero son preocupantes porque limitan al Ministerio Público en sus funciones. “Sabemos que es a través del sistema financiero que se da la mayor cantidad de lavado de activos”, dice, al hacer referencia a uno de los delitos que más se les atribuye a personas del mundo político del país, vinculados a casos de corrupción de alto impacto en Honduras.
¿Se puede hacer algo para revertir esta situación?
Una de las primeras y graves implicaciones de la reforma en mención, según el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, es que las reformas aprobadas por el Congreso Nacional limitan el trabajo del Ministerio Público (MP), debido a que vuelve mucho más burocrática la solicitud de información. Además, “obstaculizan las investigaciones, al no poder acceder a información vital de las instituciones públicas”.
Por eso, para los sectores de la sociedad civil organizada que luchan a favor de la corrupción en el país, las elecciones del 28 de noviembre son de vital importancia, particularmente por la selección de las y los diputados que conformarán el próximo Congreso Nacional. De allí la importancia, agregan los entrevistados, de evitar el sufragio a favor de quienes han blindado la corrupción en Honduras.
Tomado en consideración que las reformas enlistadas fueron aprobadas, en su mayoría, por los congresistas del partido de gobierno, la composición partidaria es clave para derogar o reformar las leyes, anteriormente enunciadas, que bloquean la persecución penal de las personas y/o empresas vinculadas a casos de corrupción. Es decir, se requiere elegir un congreso mucho más plural y equilibrado entre las diferentes fuerzas políticas.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), recomendó, semanas atrás, una revisión de las reformas, al CN para endurecer penas por extorsión, lavado de activos y narcotráfico, porque en la actualidad limitan el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público. Sin embargo, esa petición genera dudas porque se desconoce, hasta el momento, la composición del nuevo congreso, y la probabilidad de que haya más reformas pero que se continúen beneficiando a más funcionarios públicos, ex funcionarios públicos y personas particulares vinculados a la corrupción pública.
La reversión o la nulidad de estas reformas es compleja y estará condicionado a la voluntad política del próximo gobierno, en especial, de las y los diputados del Poder Legislativo y de una ciudadanía que continúe exhortando a una lucha contra la corrupción que se gesta desde la propia institucionalidad del Estado.
