Los crímenes recientes del candidato a vicealcalde por el Partido Liberal, en Concordia, departamento de Olancho, Darío Juárez (15 de noviembre), el de Francisco Gaitán, alcalde del municipio de Cantarranas en Francisco Morazán también miembro del partido liberal (13 de noviembre) y del candidato a regidor por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Elvir Casaña, en Santa Bárbara (13 noviembre), elevan una preocupante alerta, a 13 días para que se realicen las elecciones generales en Honduras.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia-IUDPAS/UNAH-Honduras, los homicidios ha sido “la forma de violencia más utilizada contra los actores políticos en Honduras. Desde el llamado a las elecciones primarias hasta el 25 de octubre se registran 27 víctimas mortales, 18 casos de coacción, 11 atentados, 6 amenazas, 1 rapto y 1 coerción. De los hechos señalados, 36 fueron cometidos con armas de fuego”[1]. Hasta la fecha, siempre de acuerdo con datos del IUDPAS, el 36.0% de las víctimas han sido militantes (13), dirigentes (10) y simpatizantes (3), cuyo liderazgo contribuye a impulsar candidaturas políticas y fortalecer la organización partidaria.
El CESPAD expresa su alta preocupación por el actual clima de violencia política, porque no abona al proceso democrático y, muy al contrario, desanima a la participación ciudadana, debilitando de esa forma el derecho ciudadano a ejercer el sufragio en un ambiente pacífico y confiable.
Tal y como hemos advertido en los monitoreos de contexto que realizamos mes a mes, estos hechos violentos elevan de forma alarmante la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad encargada de investigar y sancionar este tipo de crímenes que, en el marco de las elecciones generales amenazan el proceso electoral y el día de las votaciones.
Por eso, desde el CESPAD continuamos insistiendo en la urgente necesidad de que:
- La institucionalidad electoral trabaje en, al menos, intentar evitar que la violencia siga amenazando el proceso electoral. En nuestros informes se ha recomendado al Consejo Nacional Electoral (CNE), hacer uso de la normativa (artículo 115 de LEH) que le permite establecer sanciones administrativas a los provocadores de la violencia y expresiones verbales de odio y ofensa.
- Simultáneamente, resulta deseable que la iniciativa del CNE de un Pacto por la Paz, suscrito por todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral, puede concretarse al corto plazo, con el propósito de desestimular y neutralizar la violencia política.
- El sistema de justicia debería actuar con independencia y eficiencia en la investigación y procesamiento de los actos de violencia política, la impunidad, es decir, la falta de castigo es el principal estímulo para la violencia política estatal y no estatal. La protección por el sistema de seguridad y de justicia de los perpetradores de la extendida violencia estatal en las protestas sociales del fraude electoral del 2017, constituye una amenaza y estímulo para que estos actos se repitan en las elecciones del 28 de noviembre.
Tegucigalpa, M.D.C. 15 de noviembre del 2021
[1] https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/11828-boletin-no-4-de-violencia-politica-2021
