Después de más de dos años de permanecer en prisión, un Tribunal de Justicia de Trujillo, en el departamento de Colón, norte de Honduras, declaró sin lugar la solicitud de revisión de las medidas de los ocho (8) defensores de Río Guapinol y Sector San Pedro y ordenó que deben seguir en prisión hasta que se desarrolle el juicio oral y público, el 1 de diciembre del 2021.
Los familiares, los pobladores de las comunidades de Guapinol y San Pedro, al igual que la sociedad civil organizada que en Honduras apoya y sigue de cerca este caso, denuncian la confabulación que existe entre los operadores de justicia y los grupos de poder en Honduras, en este caso en particular, con los propietarios de la minera Los Pinares, una empresa que llegó a irrumpir a la zona, irrespetando la determinación de las comunidades que se ven afectadas por los daños y contaminación de Guapinol, el río que abastece la región.
Desde que los pobladores de estas comunidades decidieron luchar en contra de la instalación de la minera, han transcurrido más de dos años, tiempo en el cual las acusaciones emitidas por la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez, llevó al encarcelamiento arbitrario e injusto a 8 defensores que, pese a tener en su contra una orden de captura, decidieron presentarse voluntariamente.
Desde entonces, evadiendo procedimientos legales que podrían brindarles la oportunidad de defenderse en libertad, la justicia hondureña se ha ensañado con ellos y se les ha violentado un sinnúmero de derechos humanos. En agosto del 2021, el equipo de abogados que lleva el caso, presentó una petición más (firmada por más de 75 organizaciones) que apelaba a la libertad de los defensores y que no se prorrogase la prisión preventiva de Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Sin embargo, esta, al igual que otras medidas que se han presentado, fueron rechazadas por el sistema de justicia de Honduras.
Debido a lo anterior, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), una vez más se solidariza con los pobladores de Guapinol y San Pedro, y se suma a las demandas para que el Estado hondureño de cumplimiento de inmediato a las recomendaciones del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, en los términos siguientes:
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- Poner en libertad inmediata a los 8 (ocho) defensores de Guapinol y San Pedro.
- Concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y reparación por su detención arbitraria.
- Que el gobierno lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de esta arbitrariedad y adopte medidas contra quienes han sido responsables de ella.
Tegucigalpa M.D.C 30 de octubre, 2021